El juez que condenó a Etchecolatz exige informes sobre sus salidas

Por: Pablo Roesler

Ernesto Kreplak ordenó al Sevicio Penitenciario, la Policía Federal y Gendarmería que informen al Tribunal Oral Federal N°1 quién autorizó y con cuál de las fuerzas se concretó la salida del genocida a una clínica de Mar del Plata.

La salida de la domiciliaria del genocida Miguel Osvaldo Etchcecolatz no pasó desapercibida para los vecinos de Mar del Plata pero tampoco para la justicia: este miércoles el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió a las fuerzas de seguridad federales que informen si efectivamente el represor fue trasladado a la clínica Colón del centro de la ciudad balnearia y, en ese caso, quién autorizó esa salida y con qué fuerza de seguridad se concretó. Además, alertó que cada salida del detenido debe ser notificada al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, en el que fue condenado en cuatro oportunidades.

La resolución de Kreplak -titular del Juzgado Federal 3 que subroga en la feria al TOF1- respondió a un pedido realizado por la abogada Guadalupe Godoy en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y víctimas del ex jefe de la Policía Bonaerense en la dictadura, en el que señaló que en el tribunal no había comunicación de esa salida. En esa presentación recordaron que Etchecolatz fue visto en la clínica el sábado 20 de enero, a la que llegó y de la que se retiró en una camioneta y acompañado de cinco personas. “Ni la camioneta (AB 247 UR) ni los hombres tenían identificación alguna que permitiera saber si se trataba de fuerzas de seguridad o penitenciarios”, aclaraba el escrito.

En respuesta a ese pedido y por la relevancia de la cuestión, el magistrado de La Plata habilitó la feria para tratar el tema y solicitó al Servicio Penitenciario Federal, a la Gendarmería Nacional y a la Policía Federal Argentina, “que informe a la brevedad qué fuerza de seguridad estuvo a cargo del traslado de Etchecolatz, y en su caso, qué órgano jurisdiccional autorizó tal salida o si se trató de una cuestión de urgencia”, indicó. Además, los conminó a avisar “indefectiblemente al tribunal todos los traslados que se realicen (de Etchcecolatz), aunque eventualmente hayan sido autorizados por otro órgano jurisdiccional”.

Para Godoy, la respuesta del juez platense dejó en claro que “como mínimo lo que denota es la laxitud de los controles de las prisiones domiciliarias”. En ese sentido, remarcó: “a un mes de la detención no hay ningún tipo de noticia en el tribunal oral si está con la pulsera electrónica, si ese monitoreo tuvo alguna alerta, porque tampoco están los informes de ese monitoreo por lo que vamos a hacer una presentación al respecto, y tampoco hay información sobre este evento que fue de conocimiento público”.

Etchecolatz, de 88 años, tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad y desde el 29 de diciembre pasado se encuentra en prisión domiciliaria en su casa de Boulevard Nuevo Bosque, entre Los Guaraníes y Los Tobas, del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata. El sábado salió de su casa en sillas de ruedas y sin esposas para trasladarse a una clínica del centro de la ciudad, donde fue fotografiado y repudiado por los vecinos.

Según consignó la agencia estatal Télam, la salida del represor para ser atendido en una clínica privada habría sido notificada por su esposa y garante del cumplimiento de la domiciliaria, Graciela Carballo, con posterioridad al Tribunal Oral Federal 6, el último en otorgar el beneficio. Sin embargo, el genocida recibió cuatro de las seis condenas en el TOF1 de La Plata, por lo que también debe controlar la domiciliaria.

Etchcecolatz fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata por crímenes de lesa humanidad en el juicio de 2006, el primero tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Poco antes de esa sentencia la prisión domiciliaria que cumplía por la condena por la apropiación de Carmen Sanz le fue suspendida porque tenía un arma en su casa. Luego, el mismo tribunal platense lo condenó por los crímenes del Circuito Camps, la red de centros clandestinos que comandó junto a Ramón Camps desde La Bonaerense, en 2012; luego por los asesinatos de dos militantes que se ventilaron en el marco del juicio de La Cacha en 2014; y por por los homicidios del poeta platense Omar Favero y su compañera María Paula Álvarez, en 2016. 

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