Aceptó el peritaje solicitado por la vicepresidenta y estará a cargo de un especialista oficial y podrá ser controlado por las partes.
Se trata de una medida previa a la iniciación formal del juicio. En términos judiciales, “la realización de la medida de prueba anticipada con el objeto de que se lleve a cabo la tarea pericial informática solicitada” para asegurar elementos de prueba a ser utilizados en el futuro proceso judicial.
En rigor, es el primer paso de lo que se insinúa como una demanda millonaria en términos de dinero, que la ex presidenta anticipó que –en caso de ganar- donará al hospital Sor María Ludovica.
El juez Pico Terrero explicó que “en casos excepcionales, cabe la posibilidad de que, con anterioridad a la interposición de la demanda, y en algunos supuestos con posterioridad, se realicen actos procesales tendientes a asegurar la eficacia e incluso evitar la frustración de las etapas introductiva o probatoria, previendo las consecuencias negativas que esa eventualidad puede producir con respecto a la fase decisoria”.
En ese contexto, anotó: “Tengo prima facie acreditada la situación de urgencia y necesidad invocada por la actora que justificaría la procedencia de la medida de prueba anticipatoria que solicita”.
“La pericial que se requiere se encuentra dirigida a recabar elementos suficientes que permitan a la parte determinar la existencia, alcances y extensión del daño que se alega en el escrito de inicio como sufrido por la actora de modo genérico; lo que por la situación antedicha podría correr el riesgo de ser de imposible o muy difícil determinación”, justificó el juez.
El peritaje estará a cargo de un especialista oficial y podrá ser controlado por las partes. “Se impone acceder a la producción de la medida de prueba anticipada solicitada”, resume el fallo.
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