El texto de la Ley Ómnibus busca desregular el control de las aguas y las cuotas que hoy son destinadas a empresas y trabajadores pesqueros de bandera argentina. Ahora, cualquier extranjero podría venir sin limitación.
«Se promueve el crecimiento del mercado pesquero a través de una mayor apertura», sostiene en sus fundamentos el texto de 349 páginas enviado por el presidente Javier Milei. Y que puso en alerta al sector pesquero por la modificación que busca realizar sobre el Régimen Federal de Pesca.
El mandatario replicó en las últimas horas en sus redes una publicación contra las críticas de los pesqueros. Toma un posteo de Lucas Llach: “Esta ‘crítica’ del sector pesquero es realmente fabulosa. ‘Ahora cualquiera puede licitar, ofertar y ganar’. ¡El fútbol cambió, presidente, y la Argentina también está cambiando!”, celebró Llach, y felicitó a Federico Sturzenegger, artífice de las mega desregulaciones anunciadas por Milei.
El artículo 26 de la Ley Nº 24.922 quedaría redactado de esta manera: «Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques. Los permisos tendrán como mínimo una duración de VEINTE (20) años.”
Se trata de un punto que en la actual ley reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la ZEE (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país y con mayoría de marinos argentinos. Algo que también realizan países del resto del mundo. Y hasta la Convención Internacional sobre Derecho del Mar aprobada por la ONU en 1982 reconoce este derecho. Ahora, en cambio, podrían venir extranjeros sin control ni límite de millas.
“No nos esperábamos que una ley que pretende desregular actividades relacionadas con el funcionamiento del Estado propinara semejante golpe a una actividad totalmente privada que es ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, generando miles de puestos de trabajo, valor agregado y miles de millones de dólares fruto de la exportación de casi el 90% de lo capturado en el mar”, apuntaron desde las cámaras empresarias.
Fernando Rivera, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, sostuvo a Infobae: “La sanción de la actual Ley Federal de Pesca se logró luego de años de análisis y discusión entre las autoridades nacionales, provinciales y las empresas del sector y permitió que, con su aplicación y la implementación del sistema de Cuotas de Captura, el caladero argentino se encuentre en muy buena situación”.
Con la presentación de este proyecto Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, “se introducen profundos cambios en la legislación pesquera que pueden tener consecuencias sumamente graves para las empresas del sector y también para el personal que desarrolla sus actividades en las mismas”, sentencia el empresario pesquero.
En la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) pronostican que “la industria pesquera se verá seriamente afectada en su esencia. Se modificarán sustancialmente no solo los derechos adquiridos, sino también la soberanía nacional y los puestos de trabajo de los argentinos”.
La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) adelantó que presentará un recurso de amparo para evitar los cambios que propone el gobierno nacional a la Ley Federal de Pesca, que forman parte del paquete de reformas que elevó el Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias. Consideran que la iniciativa del Gobierno “viola varios derechos contemplados en la Constitución nacional: el artículo Nº 41 que establece que las autoridades proveerán a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica; y el derecho del trabajo establecido en el artículo 14 bis, por poner en riesgo tantas fuentes laborales”.
“El gobierno nacional presentó la controversial iniciativa en el Palacio Legislativo nacional, con la que pretende instaurar severas modificaciones en los permisos que rigen la actividad y establecer, entre otras cuestiones, que las cuotas de captura se asignarán por un sistema de licitaciones internacionales”, indicó la entidad en un comunicado.
La normativa vigente establece que se prioriza para el otorgamiento de los permisos a los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje; aquellos construidos en el país y su menor antigüedad; y que agreguen mayor valor al producto final. Y dispone la asignación de las cuotas para cada permiso de pesca, tomando como prioridad ítems como la cantidad de mano de obra nacional ocupada; inversiones realizadas en el país; el promedio de toneladas de captura de cada especie durante los últimos 8 años; y el número de productos pesqueros elaborados por buque.
Ahora, de acuerdo al proyecto de Ley Ómnibus, las habilitaciones “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen”, adjudicándose las licitaciones a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada y abriendo íntegramente la participación de empresas extranjeras que podrán ejecutar su cuota de captura mediante cualquier barco que tenga un permiso de pesca, sin priorizar el trabajo nacional empleado ni su historial en el sector.
En Mar del Plata, hasta la intendencia de Guillermo Montenegro, de Juntos por el Cambio, debió salir a rechazar la iniciativa de LLA. El secretario de Desarrollo Productivo del municipio, Fernando Muro, respaldó la preocupación expuesta por el sector pesquero y calificó a las modificaciones como “un descuido absoluto” y, en algunos casos, “un despropósito” que “afecta al trabajo de los marplatenses”.
Degún la Fundación “el proyecto es gravísimo porque convertiría en legal la depredación del mar argentino a manos de buques extranjeros con serias violaciones a los derechos humanos a bordo”. Raúl Cereseto, presidente de la Fulasp, remarcó: “el proyecto entrega la soberanía de nuestro mar y sus recursos, poniendo en igualdad de condiciones a los buques chinos depredadores con las empresa argentinas que generan miles de empleos”.
“Este intento de reforma, sumado al incremento del 15% en los derechos de exportación va a generar una gran inseguridad jurídica y va a destruir por completo a una actividad nacional que tiene mucho capital invertido y que genera muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país”, agregó el directivo.
El proyecto de Milei deroga el artículo 40 de la ley 24.922, que estipula la composición de las tripulaciones, reservando para los trabajadores argentinos el 100% de los puestos de oficiales y el 75% de los correspondientes al personal subalterno. Ahora, cualquiera podría contratar tripulantes extranjeros sin las reglas de nuestro país.
La Liga Naval Argentina enfatizó que la actividad pesquera es una de las principales fuentes de ingreso de divisas al país, generadora de miles de puestos de trabajo, desde el personal embarcado a bordo de los buques pesqueros, pasando por el procesamiento en plantas terrestres, su distribución y comercialización.
La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCYF) también lo rechazó: «Existe una profunda preocupación por las implicaciones de esta propuesta y por la falta de diálogo previo con los actores clave de la industria pesquera”, aseguró el gerente de la entidad, Sebastián Agliano.
Las propuestas impulsadas por el Poder Ejecutivo “alteran la esencia de la pesca argentina” y “ponen en riesgo el sustento de miles de familias”. Y acotó: «nos parece crucial conocer si existen informes técnicos y dictámenes jurídicos de las áreas de la administración pública que tienen el deber de pronunciarse frente a una reforma de esta magnitud. La transparencia y la fundamentación técnica son esenciales en decisiones que afectan a una industria estratégica para el país”.
A una hora y media de Buenos Aires, sobrevolando el mar argentino, está la Milla 200. El límite con las aguas internacionales. Una zona de conflicto aún con la presente ley. En meses de marzo o abril se puede ver como una ciudad flotante formada por luces. Son embarcaciones extranjeras pescando. La iluminación, ubicada en las cubiertas, provoca que el calamar se sitúe debajo de los buques, lo que facilita su captura.
Frente al Golfo de San José, los buques pesqueros, mayoritariamente provenientes de China, Corea del Sur y España, forman una gran línea de alrededor de 600 barcos que logran sortear la patrulla y controles marítimos para llevarse todo lo que encuentren a su paso. Imaginemos qué puede suceder si se aprueba la Ley Ómnibus.
En marzo de este año Tiempo fue en un vuelo de Enrique Piñeyro, quien apuntó que de las casi 600 embarcaciones sólo 170 mantenían el Sistema de Identificación Automática (AIS) encendida, «que les permite comunicar su posición y estar visibles. En ningún lugar del mundo ocurre tal cantidad de AIS apagados”.
Foto: Juan Mabromata / AFP
Argentina es uno de los países con mayor litoral marítimo del mundo. Entre febrero y abril viene un convoy desde Ecuador, Perú y Chile compuesto con una flota de 300 a 500 buques. Se sitúan en la milla 201, en búsqueda del calamar Illex argentino, una especie migratoria que en algunos momentos sale fuera de la ZEE, y que representa el 16% de lo que se pesca en el mar argentino.
Milko Schvartzman, del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales, aportó meses atrás: «los países de los que provienen los barcos contribuyen con subsidios. Por ejemplo, con la carga de combustible”.
En la milla 200 culmina la jurisdicción argentina y el dominio de los recursos pesqueros. Según datos oficiales, desde 1986 a 2020 Prefectura capturó 80 buques, 15 de ellos de bandera de Corea del Sur, 12 de China, 11 de Taiwán y 11 de España. Dos de estos cuatro países (China y España) son los principales destinos de las exportaciones de pesca argentinas.
En estos tres años la Argentina incorporó cuatro nuevos buques patrulleros e incrementaron las sanciones a quienes se atrevan a ingresar ilegalmente a nuestras aguas (antes eran de 10 millones de pesos, ahora llegan hasta casi 6 millones de dólares).
La pesca argentina tuvo crecimiento en sus exportaciones desde los 800 millones de dólares que se exportaban en 2003 a los 1800 o 2200 millones que se exportaron en estos últimos años.
Desde la Liga Naval Argentina subrayaron que con el proyecto de Milei “la Zona dejaría de ser exclusiva, con lo cual perdería sentido su actual denominación. Por otra parte, independientemente de la actividad de la Prefectura Naval y la Armada Argentina en el control y prevención de la pesca ilegal en la milla 200, la autoridad marítima realiza controles aleatorios en los pesqueros de matrícula nacional en todo lo atinente a seguridad marítima, dotación a bordo y cualquier otra que haga a la navegación».
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