Hay puntos de la agenda que comparten con la oposición. Y varios gobernadores ya tienen acuerdos de cooperación con la DEA. Aníbal Fernández y el seminario del CCK.
La organizacion del encuentro tuvo un mes de anticipación para convocar a las autoridades de todo el país. El dato no pasó inadvertido para Juntos por el Cambio (JxC), que organizó su propio seminario un día antes, para definir una línea propia al respecto y advertir que «muchas de las políticas que se habían mostrado exitosas han sido abandonadas o discontinuadas». El mismo discurso que mantiene la exministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, desde que Cambiemos abandonó el poder en 2019. El encuentro es parte de la agenda programática de la alianza opositora y fue ubicado justo antes del evento organizado por el Gobierno.
La reunión de JxC fue más modesta. Sólo duró cinco horas y concluyó con un documento que resume la política de persecución criminal de la coalición opositora. Una reivindicación indirecta para Bullrich, pero también un puente para explorar coincidencias ante el eventual relanzamiento de la política del Gobierno al respecto.
El evento previo no cayó mal en Seguridad. Entienden que es uno de los ejes de campaña de esa coalición pero insisten que en temas de narcotráfico es preferible no tener grandes diferencias políticas. En la zona de coincidencias hay un elemento común que ha comenzado a crecer vertiginosamente de la mano de Fernández al frente de Seguridad: la cooperación con distintas agencias de los Estados Unidos y, en especial, de su agencia antidrogas, la DEA, y del FBI. El carácter «internacional» del seminario organizado por el ministro lo aportaron la presencia de John Wallace, nuevo jefe de la oficina de la DEA en la embajada norteamericana en Buenos Aires; Rick Hernández del FBI y Erin Keegan del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Fernández los recibió a los tres en dos encuentros protocolares previos a los paneles que se extendieron todo el día. Fue una continuación de la reunión del CSI del día anterior y eso implicó que los expositores compartieran información con todos los ministros provinciales, de todo pelaje. Desde el ministro santafesino Jorge Lagna, hasta el bonaerense, Sergio Berni, cuya relación con Fernández no pasa por un buen momento, pero goza de un excelente vínculo con la DEA. Lo mismo sucede con Lagna, uno de los interlocutores del gobernador Omar Perotti con la agencia norteamericana, luego del pedido expreso de colaboración que le hizo el año pasado. El funcionario se fue con la promesa de que el mes que viene estará instalado el nuevo destacamento de Gendarmería en Rosario.
Para Aníbal Fernández el vínculo con la DEA data de su primer paso por esa cartera. En 2008, cuando fue ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo reuniones con el por entonces subdirector del FBI, John Pistole con una agenda similar a la que impulsa ahora. Han pasado 14 años desde entonces y, según admiten cerca del ministro, la plataforma de colaboración tiene otros desafíos. Uno de los asistentes al seminario del CCK confió que el delegado del FBI le dio rienda suelta a las recomendaciones que reparten por todo el continente: la importancia de las policías locales como un recurso clave para la persecución del narcotráfico. No es una agenda nueva, sino una de las más criticadas por expertos y especialistas, pero la más recomendada por las agencias norteamericanas. En el caso argentino, la DEA ya tiene presencia en Santa Fe, Misiones, Salta. En todos los casos son en «colaboración plena» con las policías locales y con las fuerzas de seguridad federal. En las zonas fronterizas además trabajan con la Gendarmería Nacional y en los aeropuertos con la PSA. Con la Federal el foco está puesto en el conurbano.
Antes del seminario, los funcionarios provinciales acordaron la federalización de la línea telefónica 911 y reclamaron mejorar la legislación para la persecución del narco, como una nueva norma para decomisar bienes muebles e inmuebles vinculados a «empresas criminales». Se trata de otra coincidencia con JxC. El diputado y exvicejefe porteño Diego Santilli presentó un proyecto de ley en ese sentido y en Seguridad leyeron la iniciativa con interés.
La agenda de seguridad con EE UU fue formalizada por Alberto Fernández hace dos semanas, cuando se reunió con el nuevo embajador Marc Stanley. Allí acordaron los pasos siguientes, aunque el ministro reordenó el vínculo con la DEA apenas llegó al cargo. La llegada de Wallace a la Argentina, según reconstruyó el periodista Julián Maradeo en la Revista Crisis, refuerza la misión que lleva «el ex policía bonaerense Guillermo González, el argentino que desde hace dos décadas reina en el segundo piso de la Embajada».Quizás de esa oficina surgen los vasos comunicantes entre el panperonismo y JxC. Ambas fuerzas políticas, desde la gestión (y también en el llano), mantienen añejos vínculos en esa materia. Bullrich goza de ese vínculo y lo hizo relucir en su seminario el martes pasado, antes de iniciar un viaje proselitista a Estados Unidos.
Lo mismo sucede con las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Todas tienen vínculos de cooperación cada vez más estrechos con las agencias estadounidenses. Con el relanzamiento que hizo Fernández, la relación podría ser más profunda de ahora en adelante. La muestra la aportó Stanley este jueves, cuando abrió las puertas del Palacio Bosch para recibir a los jefes y becarios de toda esa comunidad uniformada en un acto protocolar. Concluyó con una «foto de familia» que el flamante embajador tuiteó orgulloso. «
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