El gobierno porteño anunció la reconfiguración del sistema de votación, de cara a octubre. El rol de la jueza Servini.
«Es falsa la información respecto del mal funcionamiento de los equipos de votación y, producto de esto, el impedimento a ejercer su voto por parte de los ciudadanos de CABA. Se entregaron 14.306 máquinas. Todas las escuelas contaban con un back up del 25%. Solo 251 presentaron fallas menores y esperables en el uso de cualquier tipo de tecnología, de las cuales 166 se repararon en el momento y otras 85 tuvieron que ser reemplazadas», explicó la empresa en un comunicado enviado a Télam.
Según la compañía, esta cifra «representa menos del 2% del universo entregado» y se explicó que «la normalización de la contingencia es algo previsto y demora tan solo cinco minutos», con lo cual «los votos no fueron afectados por las contingencias temporales en las máquinas».
El descargo de la empresa se conoce luego de que el viernes el gobierno porteño admitiera que habrá que «reconfigurar el sistema de votación» para las elecciones a jefe de Gobierno previstas para el 22 de octubre, después de los múltiples inconvenientes registrados en los comicios del domingo pasado, con lo que descartó prácticamente que vuelva a utilizarse la BUE.
Fuentes oficiales de la Ciudad de Buenos Aires señalaron a Télam que «se está trabajando en los cambios» y que «serán anunciados en los próximos días» tendientes a que las elecciones generales del 22 de octubre se realicen solo con boletas en papel, aunque con dos urnas.
Es decir, mantener los comicios concurrentes, pero que no contemple la utilización de las máquinas electrónicas, sino que los porteños y las porteñas concurran a los establecimientos a votar con boletas papel tanto para las categorías nacionales como las locales.
La modificación surgió tras la postura expresada por la jueza federal electoral de esta capital María Servini, para quien implementar nuevamente los dispositivos de BUE en las generales de octubre sería «una burla a la ciudadanía» al «volverla a someter a condiciones denigrantes».
Servini realizó dos denuncias penales contra las autoridades de CABA, luego de que a criterio de la jueza resultara «preocupante el grado de improvisación«. Acto seguido, pidió separar la elección nacional de la distrital en CABA
En un comunicado, difundido en las últimas horas, el grupo MSA asevera que «cumplió con el 100% de las responsabilidades asignadas por el instituto contratante», el Instituto de Gestión Electoral (IGE) porteño.
«Las máquinas se entregaron en tiempo y forma para su correspondiente logística y distribución. Por lo cual, la empresa no es responsable de horarios de entrega ni de la disposición en los recintos. Además, es importante resaltar que cuentan con suficiente autonomía para todo el proceso electoral, sin la necesidad de estar conectadas a corriente eléctrica», aclararon.
También explicaron que la empresa disponía de 2.300 asistentes técnicos para los establecimientos de votación -una cada ocho mesas-, pero que «por orden expresa vía oficio comunicada por el IGE, el sábado por la noche se redujo a 1.100 -siendo sólo un técnico por establecimiento-, sin importar la cantidad de mesas».
«Los técnicos no son responsables del funcionamiento de la mesa. Las demoras por la concurrencia de sistemas, la tardanza en conformar una mesa por falta de autoridades, las autoridades de mesa no capacitadas o que no respetaron el sistema dispuesto de voto en M, escapa completamente a la responsabilidad de la empresa», indicaron.
Tras destacar que el sistema de Boleta Única Electrónica «es un sistema absolutamente maduro y probado», la empresa consideró que fue «la falta de coordinación entre los distintos organismos electorales derivó en los principales cuestionamientos sucedidos en la jornada electoral: demoras al momento de votar y abordaje inmediato de determinadas contingencias perfectamente salvables».
«La compañía coincide en que una buena administración del proceso de concurrencia -como ha sucedido en otros distritos-, o el desdoblamiento del proceso electoral, ratificaría el correcto funcionamiento de la Boleta Única Electrónica y evitaría los conflictos que potencialmente podrían ocasionarse entre los organismos»; concluyó.
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