El año pasado la Secretaría de Agricultura autorizó 25 productos biotecnológicos. Es la cuarta parte del total aprobado desde 1997, es decir, la más alta en 30 años. La otra cara: el freno las políticas agroalimentarias y la concentración del mercado.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca perdió el rango de ministerio desde que asumió Milei y ahora está bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según un comunicado el año pasado se autorizaron 25 productos biotecnológicos, tanto en vegetales como en microorganismos. La cifra “representa un hito histórico ya que constituye el 24,53% del total de aprobaciones en nuestro país en los últimos 28 años”.
El elocuente número de autorizaciones superó al alcanzado en 2018, con la aprobación de 16 OGM bajo la presidencia de Mauricio Macri. El dato se basó en la aceleración de los trámites de evaluación y registro. De este modo, los funcionarios libertarios avalaron la aprobación comercial de 19 microorganismos modificados como levaduras para la producción de bioetanol y vacunas biotecnológicas para porcinos y aves; y seis cultivos genéticamente modificados (dos para soja y cuatro para maíz).
La contracara de este “récord” fue el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias y de protección a los consumidores, con una creciente concentración del mercado de alimentos en unas pocas compañías agroexportadoras.
Según un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Fundación Rosa Luxemburgo, en 2024 se eliminaron la mayoría de las políticas dirigidas a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, incluyendo la interrupción del histórico programa Pro Huerta, que por más de 30 años se ocupó de la distribución de insumos, capacitación y apoyo técnico para el desarrollo de huertas familiares, escolares y comunitarias, así como granjas familiares para la autoproducción de alimentos frescos. Además, “la derogación del procedimiento de inscripción de biopreparados, junto con la desarticulación de la Comisión para la Agricultura Familiar del SENASA y el virtual vaciamiento del INTA (con despido de profesionales y venta de su edificio histórico en el barrio porteño de Palermo), debilitaron las posibilidades de fortalecer la agroecología y el rol de la agricultura familiar, campesina e indígena en la provisión de alimentos saludables.
De acuerdo al trabajo, titulado “Rascar la Olla. El desmantelamiento de las políticas agroalimentarias durante el gobierno de Milei”, “el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
Entre noviembre y julio de 2024, los precios de los alimentos aumentaron un 128% y Argentina lideró el ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial.
En ese período, “preparar un guiso se volvió un 151% más caro. Con el Salario Mínimo Vital y Móvil o una jubilación mínima en julio de 2024, era posible preparar un 27% menos de porciones. Y tomar una taza de mate cocido con leche y pan implicó un incremento del 147% en el gasto (solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período).
Durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía como la Ley de Góndolas, y se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional y de asistencia a comedores comunitarios.
Al mismo tiempo, “las grandes empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el complejo exportador de granos un 4.900%”, destaca el trabajo del CELS y la Fundación Rosa Luxemburgo. Estas ganancias se verán reforzadas en 2025 con la baja de retenciones a las agroexportadoras.
Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) conformada por organizaciones de pequeños productores, cooperativas y comunidades campesinas como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y la Federación de Organizaciones de Agricultura Familiar (FONAF), denunciaron el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias y el vaciamiento de organismos y programas fundamentales.
Al mismo tiempo, destacaron el rol de la agroecología y la agricultura familiar, campesina e indígena como un modelo sostenible. “La producción agroecológica reduce los costos entre 60% y 70%, lo que permite a las familias productoras disponer de mayor capital para mejorar sus unidades productivas o invertir en infraestructura”, destacó el productor de la UTT y referente del Consultorio Técnico Popular (CoTePo), Juan Amador, durante el primer Congreso de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires, realizado en noviembre de 2024.
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