El oficialismo, con apoyo de JxC, un sector de la UCR y el bloque de Pichetto aspira a aprobar la ley en general entre jueves y viernes. Sin embargo, se abren interrogantes para cuando se voten varios artículos, sobre todo los referidos a las alícuotas que pagarán la soja, el trigo, el maíz y la carne.
Por momentos se avizoraba un escenario de tres dictámenes y en otros de dos. Luego de un lunes marcado por la iniciativa de la Casa Rosada, que concluyó con una reunión hasta tarde entre funcionarios y los gobernadores de JxC, este martes se registraron dos momentos para seguir hilando más fino. Por la mañana hubo un encuentro entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el consultor Santiago Caputo, con las autoridades del bloque HCF que preside Miguel Pichetto. Los representantes de Milei se llevaron una serie de contrapropuestas y alternativas. El planteo del espacio apuntó a dos posibilidades: si la Rosada accede a las propuestas el bloque podría firmar el dictamen de mayoría y si no habrá un dictamen alternativo que podría sumar a una parte del radicalismo. En esos reclamos también estaba el reparo compartido con los mandatarios provinciales: negarse a aumentar las retenciones al maíz,al trigo, a la carne y a los subproductos de soja.
Luego de las 18, la respuesta del Gobierno seguía siendo negativa respecto a tocar el esquema de retenciones. Pero seguían las negociaciones con HCF y el espacio estaba esperando las devoluciones de Francos y de Caputo, que no tiene cargo en el organigrama del Ejecutivo pero su palabra ha sido determinante para entrar en el tramo final de las negociaciones. En ese timing radica la última postergación del plenario para antes de las 21, ya en la previa del paro general que realizará la CGT este miércoles. El desenlace de ese ida y vuelta será determinante para la cantidad de dictámenes, pero asoma un posible acuerdo para un dictamen de mayoría con las firmas del oficialismo, el PRO, un sector de la UCR y HCF.
La otra pieza del rompecabezas tiene que ver con los gobernadores. Luego de la reunión nocturna del lunes, este martes continuaron los intercambios. Los cinco mandatarios radicales, junto a los dos del PRO y sus tres aliados insistieron en negarse a aumentar las retenciones. Economía sigue sin ceder, pero según fuentes cercanas a la negociación hubo otras concesiones.
Uno de los puntos de mayor controversia pasa por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, cuyos activos serán vendidos. Los gobernadores «propusieron la transferencia de los activos al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma. El traspaso se haría compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre las que se encuentran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe». El foco era evitar el desfinanciamiento de las 13 cajas provinciales y el tema habría sido incluído.
También hubo una negociación sobre la forma de establecer el Salario Mínimo Docente. Habían pedido sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075 y que sea el Consejo Federal de Educación y el CFI «quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y con las entidades representativas de las instituciones de educación pública de gestión privada». De este modo, explicaron, «cada provincia y CABA acordarán según corresponda las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente».
En el capítulo del blanqueo, el Gobierno aceptó cambiar el segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto para eliminar de la asignación específica de o producido del Impuesto Especial de Regularización destinada a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Habrá una compensación para las provincias y será coparticipable.
Hubo un acuerdo para eliminar a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes de la desgravación de retenciones impositivas. Con ese cambio del artículo 182 quedaría sin efecto la norma que establecía «que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes».
Los gobernadores también habian pedido que no sean anulados el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que ofrece asistencia financieras a las provincias para obras; ni el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) qie asiste con programas específico. Según la fuente ambos organismos habrían zafado del recorte.
Los puntos de coincidencia configuran un avance, pero la controversia en torno a las retenciones sigue siendo un punto de desacuerdos. Eso no implicaría otro dictamen, pero la posible firma en disidencia y el arranque de otra negociación hasta que llegue el momento de debatirlo en el recinto, donde podrían continuar los cambios o también caer algunos artículos por los votos en contra.
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