Firmó acuerdos de traspaso con 18 provincias, pero aún no definió cómo será el financiamiento. Presiona para que las provincias se hagan cargo, pero al mismo tiempo les retacea los fondos con la menor coparticipación y el ajuste fiscal. Algunos distritos tomarán deudas en el exterior. Se abre la posibilidad de una mayor desigualdad en el desarrollo de las regiones del país.
A cambio, los gobernadores lograron el traspaso desde la Nación hacia sus órbitas de algunas obras consideradas críticas. Eso les permitió hacer campañas en sus territorios con fuertes destaques de sus improntas y capacidad de gestión.
Pero hay aspectos fundamentales que no están resueltos. Los 18 distritos que ya firmaron los traspasos de obras enfrentan la incertidumbre de cómo harán para financiarlas ya que en los convenios no hay especificaciones concretas. En algunos Ejecutivos provinciales comienzan a preguntarse si el traspaso de obras públicas no será una trampa: el gobierno nacional ya logró su objetivo, ¿cumplirá con su parte?
La confusión es grande. De un lado, el gobierno nacional asegura que se hará cargo de 376 obras que reiniciará en algún momento de acá a tres meses y que están cotizadas en unos 2 billones de pesos. Luego, hay alrededor de 900 obras que la nación ya traspasó a las provincias sin financiamiento, aunque Francos hizo algunos compromisos de fondeo desde la Nación.
En el listado siguen unas 1600 obras que, en principio, serían discontinuadas, aunque unas 340 están en una zona gris ya que podrían ser reiniciadas, pero no hay claridad sobre qué entidad se haría cargo, si una del gobierno federal o algún ente provincial.
Lo que sí es seguro es que el millar de iniciativas del programa nacional Argentina Hace fueron discontinuadas, aunque alguna podría ser retomada por las provincias.
También se arrastran deudas enormes por muchas de esas obras que empezaron, pero el gobierno nacional de Alberto Fernández dejó de pagar desde septiembre de 2023, según Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Milei no se ha hecho cargo aun de esos pasivos, calculados por Weiss en $ 400.000 millones, a pesar de contar con los fondos para ello vía el cobro de impuestos específicos.
La Llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, a principios de junio, le dio un nuevo impulso a estas iniciativas que, hasta ese momento, el entonces ministro del Interior había negociado con los gobernadores sin demasiado éxito por falta de espalda política y carencia de herramientas legales. Su ingreso en la Jefatura le surtió de esos dos aspectos.
“No hay trampa”
En la jefatura de Gabinete desmienten la posibilidad de una trampa tendida a los gobernadores. Cerca de Francos aseguran que hay una distribución de responsabilidades entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales, y que incluso, dentro del propio gobierno de Javier Milei, hay diferentes grados de interés. “Respetamos la autonomía y responsabilidad de los estados provinciales”, aseguran.
Respecto del financiamiento, en la cartera que coordina los ministerios aseguran que se están definiendo las modalidades, incluido quién se hace cargo de las deudas con las empresas, algo que rechazan en las provincias.
En Jefatura explican que la Nación retomará obras sobre la base del equilibrio fiscal “que no se negocia” más “préstamos internacionales” que se estarían gestionando.
Esta última posibilidad es la que siguen algunas provincias que tienen la posibilidad, como es el caso de Neuquén. La administración de Rolando Figueroa logró que Francos diera su ok a un nuevo endeudamiento provincial, en dólares, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por U$S 200 millones.
Los fondos apuntan a iniciativas como el asfaltado del camino de ingreso a Villa Traful, la pavimentación de varios tramos cortos para favorecer emprendimientos turísticos y el movimiento de mercaderías de exportación hacia Chile.
El caso de Neuquén no es único, pero forma parte de un puñado de provincias que pueden gestionar esos préstamos del exterior con la garantía de sus ingresos fiscales, léase regalías por la explotación del petróleo y el gas.
Esta es también una de las razones por las que los mandatarios de las provincias del Noroeste favorecieron el RIGI, el régimen tributario especial para grandes inversiones. Suponen que podrán sumar préstamos garantizados en las regalías que dejarán los nuevos emprendimientos extractivistas, especialmente mineros de cobre y litio.
No hay plata
Según el economista Juan Pablo Costa, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la mayoría de las provincias enfrentan dos problemas simultáneos de fondeo. Por un lado, el gobierno desfinanció los programas de transferencias y asistencia financiera a las provincias (ver gráfico). «La idea de transferir la obra pública a las provincias, si bien para el gobierno puede ser una solución porque deja de tener un impacto en el gasto, hay que ver hasta qué punto eso puede llegara ser sostenible toda vez que los recursos provinciales también están cayendo, por la caída de las transferencias no automáticas, pero también por la caída de la coparticipación producto de la recesión que hace caer la recaudación tributaria, fundamentalmente IVA y ganancias». Costa indicó que «eso impacta mucho en la capacidad de las provincias de hacer obra pública».
En segundo lugar, «la necesidad de generar obra pública e infraestructura no es igual en todas las provincias. Cuando uno deja que el mercado asigne esas prioridades sucede que las provincias más rezagadas no van a recibir inversión privada ni interés en generar obra debido a su propio retraso. En muchos casos, esas provincias son las que más dependen de la coparticipación, con lo cual en un escenario de caída de coparticipación y eliminación de la obra pública es como un doble golpe que difícilmente esas provincias puedan revertirlo», dijo.
Costa advirtió sobre las consecuencias de esta política: «Se van a profundizar las asimetrías en términos de los diferentes niveles de desarrollo que tienen las provincias. En vez de una política que tienda a armonizar el desarrollo nacional, se pueden profundizar los desequilibrios».
Por otro lado, el hecho de que muchas de las obras estén pensadas para facilitar el movimiento de la producción minera y agropecuaria tampoco ayudará a una mejora de la calidad vida de la población. A menos que la teoría del derrame muestre, por primera vez, que funciona.
La provincia de Buenos Aires no firmó aún un convenio de traspaso de obras públicas. Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas bonaerense, observó que el gobierno nacional «decretó la muerte de la obra pública» para lo que queda del año 2024. Señaló que ya recortó el 83% de los fondos en la comparación con el primer semestre de 2023 y que en el segundo se agregará una caída adicional del 22,5%. «El Gobierno Nacional le comunicó al Congreso de la Nación, a todos los intendentes bonaerenses y a la provincia de Buenos Aires que va profundizar el desempleo y la quiebra de empresas en el sector de la construcción», dijo en un posteo en la red social X.
El gobierno de Axel Kicillof viene metiendo presión en reclamo de envío de fondos y de obras de infraestructura. La semana pasada, 60 intendentes bonaerenses y funcionarios reclamaron respuestas en las puertas del Ministerio de Economía.
La táctica del gobierno nacional es dejar a Buenos Aires para el final. Hay una intención de esmerilar la figura de Kicillof mientras el resto de los gobernadores puede mostrar el supuesto logro de gestionar esas obras.
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