Es hasta que se realice un relevamiento de las dotaciones de personal en la administración pública.
Así lo estableció a través del decreto 132/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, en el que, en sus considerandos, hace referencia a la «necesidad de establecer criterios para la asignación de los recursos necesarios para una efectiva gestión, funcionamiento y cumplimiento de las políticas públicas asignadas a las Carteras Ministeriales».
La norma lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán.
En el artículo 1 establece que «no se podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias por un plazo de 180 días corridos computados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto».
No obstante, excluye del alcance de esta disposición a la Administración Federal de Ingresos Públicos, al Servicio Penitenciario Federal, a las Universidades Nacionales, y a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
También exceptúa «las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del Ministerio de Salud».
Sin embargo, establece que «la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo, deberá en todos los casos expedirse en forma previa la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros».
Es además a esta misma repartición a la que le encarga la elaboración de «un informe en el que consten las dotaciones de personal que conforman la planta permanente y transitoria, como así también del personal contratado en sus diversas modalidades de los organismos del Sector Público Nacional (…) a los fines de contar con la información adecuada para optimizar la gestión de gobierno».
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