El Gobierno limita el acceso a pensiones por invalidez: advierten que “es totalmente regresivo”

Tras analizar una muestra que representa menos del 4% de las más de 330 mil pensiones por invalidez otorgadas en la región metropolitana, el Gobierno Nacional decidió cambiar y endurecer los requisitos para acceder a ese derecho. Así lo establece el decreto 843 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La justificación de la medida se basa en las “inconsistencias alarmantes” halladas sobre 10.900 prestaciones relevadas. La promesa es analizar el 100% del padrón. El decreto indica que “la pensión no contributiva por invalidez laboral se encuentra sujeta a revisión y/o auditoría médica y socioeconómica, y podrá pedirse su revalidación según lo determine la Autoridad competente”.

La decisión fue celebrada en redes sociales por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. “El sistema le cuesta al Estado 3.400 millones de dólares por año, lo que equivale al 3,5% del presupuesto de 2025. El nuevo decreto vuelve a exigir lo obvio respecto de este gasto: que la pensión por invalidez requiera invalidez y que los beneficiarios no posean un vínculo laboral dado que la pensión fue creada para quienes no pueden trabajar. El decreto genera un procedimiento para detectar y corregir las irregularidades. Con esta medida el presidente Javier Milei da otro paso para construir un Estado más justo y austero”, posteó mientras el mandatario se encuentra en su sexto viaje a Estados Unidos en menos de diez meses de gestión.

A partir de ahora, para acceder a una pensión por invalidez, no se podrá tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. Para personas naturalizadas, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia. Para obtener la pensión se analizará que la persona no posea bienes, ingresos ni recursos suficientes que permitan su subsistencia. Todo esto implementado con los criterios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Es totalmente regresivo”

“El decreto reglamentario de la ley de pensiones, que viene de 1948, es el 432 de 1997. Argentina en 2008 aprueba la Convención de Derechos de las personas con discapacidad y en 2014 le da rango constitucional. Ahí se establece que los Estados parte deben modificar la legislación promoviendo el bienestar e igualdad de oportunidades. Esta legislación que habla de incapacidad laboral es totalmente contradictoria con el modelo social de discapacidad que establece la Convención con rango constitucional. Es totalmente regresivo”, planteó Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las personas con discapacidad (REDI).

“En el decreto y el anexo lo que hacen es volver a las condiciones anteriores del decreto 432, que hablaban de incapacidad laboral, que decían que la persona tenía que estar en condiciones de indigencia, que no podía tener un auto. Sabemos que el Estado no garantiza por ejemplo transporte accesible: no podés decirle a una persona usuaria de silla de ruedas que porque tiene un auto no puede tener la pensión. Si tuviera que ir al hospital y tomarse un taxi, ¿para qué le alcanzan los 152 mil pesos de una pensión no contributiva”, se preguntó Troiano.

Cuestionó además que se vuelva a la incompatibilidad entre el empleo registrado y el cobro de la pensión, algo que se había logrado revertir a fin del año pasado. “El decreto de noviembre establecía que no es incompatible la pensión si trabaja y cobra sueldo menor a tres jubilaciones mínimas. No es una locura el monto. No es que se están dilapidando recursos como dicen ellos, si no que la propia Convención avala al Estado hasta a endeudarse para brindar a personas con discapacidad una calidad de vida en igualdad de oportunidades”.

Además, criticó la referente de REDI, “el Estado incumple sistemáticamente hace años con el cupo laboral. Ahora dicen ‘no tienen incapacidad laboral’, pero nadie les da trabajo. La persona es responsable por cobrar, por no trabajar”. Advirtió también que “habría que preguntarles cuántas pensiones dieron en los últimos nueve meses” y apuntó sobre una de las supuestas irregularidades que hallaron en el relevamiento que justifica el recorte: “Dicen que las personas no están en la dirección que registraron, pero no se dan cuenta que están mandando notificaciones a lugares como el Hospital Borda. Hay cuestiones que denotan falta de conocimiento”.

Más allá del rechazo a la medida publicada este lunes, Troiano cuestionó la mirada del gobierno de Javier Milei sobre el tema en general. “En el Presupuesto dicen que van a bajar 200 mil pensiones. Pero hay entre 5 y 5.5 millones de personas con discapacidad y solamente 1.3 tiene pensión no contributiva. Si están mal dadas, que hagan las auditorias propias de cada Estado, pero están diciendo que van a bajarlas cuando el 70% de las personas con discapacidad no tiene pensión. No hablan de esto y quienes salen perjudicadas son las mismas personas con discapacidad, porque no solamente tienen que estar luchando porque la pensión es baja sino que ahora se las sacan. La gente tiene miedo hasta de respirar”.

Otra cosa “grave” es que va en contra del artículo 12 de la Convención, sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, señaló Troiano. “Porque vuelven a poner el tema de la curatela, que en los términos jurídicos no existe más”. La capacidad jurídica de las personas está establecida como un principio del Código Civil y Comercial. Sólo en casos excepcionales puede declararse la incapacidad. Sin embargo, en el anexo del nuevo decreto, se establece que “en el caso de peticionantes que de acuerdo con dictámenes o certificados médicos sean presuntamente incapaces, previo al otorgamiento del beneficio, la institución o persona que lo tenga a su cargo deberá iniciar la tramitación de la respectiva curatela y acreditar dicha circunstancia”.

Alerta por los menores

Lourdes Farias, directora provincial de acceso e inclusión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, alertó que “el Gobierno Nacional hizo una modificación que amenaza con dejar sin cobertura a miles de niños con discapacidad. ¿Por qué? El acceso a la pensión ahora exige una incapacidad laboral total y permanente”.

En su cuenta de X, explicó que “los niños no tienen una vida laboral. Este requisito es absurdo para ellos. Muchos de estos niños dependen de la pensión para acceder a Incluir Salud, el programa que cubre sus tratamientos médicos y terapias esenciales. Sin pensión, no hay salud”. Advirtió además que “perder este ingreso significa también perder el acceso a medicación, terapias y atención médica especializada. Esto pone en peligro la calidad de vida de miles de familias que ya enfrentan enormes desafíos”.

Sobre la justificación del gobierno de Milei para esta medida, consideró que “los abusos no se resuelven castigando a quienes más necesitan ayuda. La solución no es dejar sin pensión a niños con discapacidad. Lo que pedimos es simple: auditar correctamente el sistema. Que se revisen las pensiones caso por caso, pero que no paguen justos por pecadores. No se puede priorizar la eficiencia económica sobre el bienestar de los más vulnerables”. Por último, reclamó: “Exijamos al gobierno nacional que revise este decreto antes de que sea demasiado tarde. ¡Los niños con discapacidad merecen apoyo, no trabas!”

Lo mismo plantearon las organizaciones sociales que acompañan a personas con discapacidad cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, usó una radiografía de perro para sembrar dudas sobre la documentación presentada para acceder a las pensiones y otros derechos. El caso había existido, pero había sido detectado y denunciado. Sin embargo, el Gobierno lo usó para justificar una política de recortes sobre el sector.