Luego de que se dictara una medida cautelar contra el desmantelamiento de las políticas públicas de género, el Estado volvió a apelar. Cómo impactó el vaciamiento en 2024.
Organizaciones sociales y ONGs que se ocupan de esta agenda presentaron durante el año pasado una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación por el desmantelamiento de las políticas públicas de género. En la última semana de diciembre, el juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal 1, atendió el pedido y ordenó al Ministerio de Justicia frenar con el desmantelamiento.
El fallo pide que el Estado se abstenga de “reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros a cargo de esos organismos”. También exige que se mantenga la producción y publicación de “evidencia y estadísticas” a cargo de estos organismos.
Tras la medida cautelar por la cual se obliga al gobierno a frenar el desmantelamiento despidiendo recurso humano y desfinanciando infraestructura, el Estado Nacional apeló e interpuso un recurso de revocatoria. El juez rechazó el recurso expresando que “los argumentos vertidos por el Estado no cambiaban su decisión”, e hizo lugar al recurso de apelación con efecto devolutivo.
“Esto quiere decir que la medida cautelar está vigente y el Estado se tiene que abstener de realizar cualquier medida que ya sea tanto del recurso humano como de infraestructura que no garantice un piso mínimo de derechos de protección contra la violencia de género”, explica la abogada Patricia Sotile que forma parte del equipo de ELA, una de las organizaciones denunciantes.
Sotile explica que al ser aceptada la apelación el Estado nacional solicitó la habilitación de la feria judicial para que sortee la sala de la Cámara que debería decidir sobre la apelación. El fiscal Fabián Canvas, por su parte, dictaminó en contra del pedido de habilitación entendiendo que no se llegaron a reunir todos los requisitos para que el juzgado habilite la feria. Sin embargo, el juez Lavié Pico, a pesar del dictamen contrario del fiscal sobre la habilitación de la feria decidió que se habilite.
“También solicita que se nos traslade a las organizaciones el memorial de apelación para que la respondamos y luego durante la feria se eleven las actuaciones a la Cámara Contencioso Administrativo Federal que sortee la sala que tiene que decidir sobre la medida cautelar”.
Las organizaciones que presentaron la acción judicial a mediados de 2024 son el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La eliminación de los programas y espacios, mencionados en el fallo, y que venían dando resultados hasta la asunción de este gobierno, junto a la nula planificación y agenda en este rumbo con la excusa de «achicar el Estado», tiene como objetivo primordial afianzar un electorado masculino, conservador y misógino que caracteriza a la La Libertad Avanza. Pero también afianzar sus vínculos internacionales con sectores antiderechos que, en un año de campaña electoral, son una gran posiblidad de financiamiento para el partido de los hermanos Milei.
Contra todas las recomendaciones de organismos internacionales y expertos, el gobierno de Javier Milei tuvo como especiales perjudicados al Plan Enia (de prevenición de embarazo adolescente), la aplicación de la Educación Sexual Integral y los programas de salud sexual y reproductiva, principalmente el financiamiento para los programas de anticoncepción y el acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Esta semana que pasó, se conocieron las cifras de femicidios del último mes del año: 30 víctimas que se sumaron a las 273 que hubo hasta noviembre. “En un año de gestión se eliminó, destruyó, desfinanció, y menospreció todo lo relacionado al género y sus políticas. Tanto en lo relativo a la prevención y protección de las violencias como en el reconocimiento de las desigualdades e inequidades que sufren mujeres y diversidades a lo largo de sus vidas”, expresaron desde el Observatorio Adriana Zambrano, coordinado por La Casa del Encuentro en un comunicado en el que difundieron las cifras de diciembre. «
En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió respuestas al gobierno argentino por el vaciamiento de los programas de género. En esa ocasión, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, expresó que tuvieron como objetivo “recuperar la economía”.
Ante ello, el comisionado de la CIDH, José Luis Caballero, enfatizó sobre la postura del gobierno de minimizar la violencia de género. “Lo que no se nombra no existe. Si decimos que la violencia no tiene género no hay protección específica. Mientras que la presidenta del organismo Roberta Clarke, expresó, “hoy se invisibiliza la violencia contra la mujer. Es el tipo de violencia más perpetrada por eso no hay que dudar en nombrarla y explicar la desigualdad”.
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