Lo aumentará apenas un 9,3% para cinco meses. Cubre apenas un 60% de la línea de indigencia. Manuel Adorni dijo que su existencia es "un error conceptual".
Allí, sin embargo, nuevamente no se pudo alcanzar un acuerdo en tanto las cámaras empresarias ofrecieron apenas un 8,8% para los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Del otro lado, la CGT y ambas CTA unificaron su reclamo detrás de la consigna histórica que indica que el haber mínimo debe garantizar una canasta familiar. En rigor la adaptaron al reclamo de que el mismo garantice una Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza. Por eso, reclamaron llevarlo gradualmente por encima del millón de pesos con un primer incremento sensible en diciembre para llevarlo desde los $271.571 vigentes hasta los $570 mil.
El reclamo sindical, por justo que este sea, resultó un artificio que tornó inviable la reunión, expuso a las cámaras empresarias y puso la pelota en el campo del gobierno. Es que si el reclamo de las centrales hubiera sido real, debió ser acompañado de alguna acción de lucha para conseguirlo, algo que no ocurrió.
Así las cosas, el gobierno publicó hoy jueves 26 de diciembre la resolución 17/2024 de la Administración Pública Nacional, mediante la cual dispone un incremento del 9,3% desde noviembre a marzo de 2024. La suba será en cuatro cuotas a cobrarse en diciembre, enero, febrero y marzo. De este modo, mediante la dilación, el gobierno logró pasar por alto cualquier incremento para el mes de noviembre.
De este modo, en marzo de 2025 el haber mínimo alcanzará los $296.832 que, de cumplirse los pronósticos de IPC del Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA y se plasmaran también en la evolución de la Canasta Básica Alimentaria, equivaldrán a apenas un 60,9% del valor de los alimentos que necesita una familia integrada por dos adultos y dos menores para no ser considerada indigente. El valor se encuentra en su mínimo histórico.
Para tener una referencia, hace apenas ocho años (en enero de 2017), el haber mínimo alcanzaba para cubrir 1,46 canastas alimentarias. Se trata de una pérdida de su poder adquisitivo con relación a la evolución de los alimentos básicos y en menos de una década, del 58%. Dicho de otra forma y más gráficamente, según datos oficiales del INDEC, en julio de 2017 el haber mínimo equivalía a 411,5 litros de leche, en noviembre de este año, el mismo salario mínimo servía para comparar apenas 190 litros de leche.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, conducido por Luis Campos, asegura que se trata del “valor más bajo de las últimas dos décadas. Cayó un 17,8% contra diciembre de 2023 y un 39% contra fines de 2019”.
El mismo Luis Campos en su red social X (ex twitter) señaló que “la caída del SMVM en términos reales este año es la mayor desde las hiperinflaciones de fines de los ’80. En promedio, la pérdida en 2024 fue del 29,3% (en 2002 había sido del 20,3%). Sumado a ello, no se ve ninguna decisión de aumentarlo en el corto plazo”.
El estudio, además, explora en el significado institucional del deterioro del haber mínimo. Es que, según dispone la legislación vigente y en particular el artículo 116 de la Ley de Contratos del Trabajo (LCT), el salario mínimo debe alcanzar para afrontar los consumos de una familia en nueve ítems que incluyen “alimentación, vivienda, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Ese concepto se acerca más bien al de la denominada Canasta Familiar que el INDEC dejó de medir hace ya muchas décadas y que sólo está disponible a partir de estudios particulares de organizaciones sindicales como CIFRA, UMET o, más directo, de la Junta interna de ATE INDEC que, en su último informe publicado establece que, basados en datos del propio Instituto, en septiembre el haber mínimo debió ser de 1.514.208 casi seis veces más que el valor del haber en aquel mes.
Pero además, Luis Campos destaca que, en un contexto general de pérdida del poder adquisitivo, ha sido el haber mínimo el que más perdió con relación al resto de los salarios. De hecho, en su red social X alerta que “destruir el SMVM implica quitarles el piso a los salarios de los trabajadores de menores ingresos”. Y que, a la vez, mientras “en los años 90 el SMVM equivalía al 25% del salario promedio del sector privado registrado. En 2009 era del 45%. Hoy no llega al 20%”.
La CGT emitió un comunicado mediante el cual manifiesta que “el salario mínimo alcanza a unos 6 millones de trabajadores formales pero también impacta en los informales y en diversos programas sociales”. De allí, aseguran, “deriva la esencial importancia de la cifra que lo constituye”.
Para la central liderada por Héctor Daer el gobierno “bajo el pretexto de la falta de consenso, se encubre una actitud manifiesta de evitar acuerdos que, finalmente, permiten que sea el gobierno nacional quien decida arbitrariamente – laudando siempre a favor de intereses empresarios y en contra de las y los trabajadores- poniendo de esta forma en evidencia su falta de respeto institucional y dejando de manifiesto la actitud de empresarios dispuestos a hacerles el juego, eludiendo los acuerdos con una total falta de responsabilidad social”.
Las dos CTA, por su parte, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que “el gobierno fijo el salario mínimo en complicidad con el pedido de los empresarios”. Las dos centrales aseguran que se trata de “un complot de los sectores empresariales con el gobierno nacional que denigra un espacio tripartito como lo es el Consejo del Salario, para seguir derrumbando los salarios de los trabajadores, para acrecentar las ganancias de sus empresas”.
Por su parte, el gobierno, hizo pública su opinión a través del vocero presidencial Manuel Adorni que incluso fue más a fondo que la denuncia de complot que le hicieran las CTA. Es que, según Adorni, “tener un salario mínimo, conceptualmente, es un error”. El funcionario que percibe un salario equivalente a 17 veces el salario mínimo, detalló que “si hay personas dispuestas a trabajar por menos que ese valor, técnicamente, no las podrías contratar” y, adelantó, “cuando Argentina sea completamente normal, el salario mínimo dejará de existir”.
El funcionario ratificó lo que ya había dicho el diputado libertario Alberto Benegas Lynch (h) en campaña electoral y que no es otra cosa que replicar la teoría neoclásica de los mercados que definen el valor de los bienes según la oferta y la demanda y que llegan a transpolarla al mercado de trabajo. Según esa teoría, fijar un piso salarial de parte del Estado genera desempleo porque el mismo podría ubicarse por encima del denominado “salario de equilibrio” que surge del libre juego de la oferta y demanda de trabajo. Lo que omite esa teoría es que, los oferentes de trabajo, la clase obrera, no lo hacen en forma libre y, contrario a lo que sostiene la teoría, en su abrumadora mayoría, no puede retirarse del mercado en caso de considerar insuficiente el haber ofrecido por el sencillo motivo de que tienen que alimentar a sus familias.
De hecho, los datos del INDEC dan cuenta de un incremento sostenido de la tasa de actividad que mide la cantidad de gente que trabaja o desea hacerlo sobre la población total. La suba de la misma, que se encuentra en máximos históricos, es la contracara de la caída de los ingresos de las familias, exactamente lo contrario a lo que indica la escuela neoclásica y el gobierno libertario.
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