El ministro de Producción, Dante Sica, salió a respaldar la propuesta que impulsan desde el sector privado. Dijo que las normas que regulan las relaciones de trabajo "atentan contra las nuevas formas de contratación".
Son objetivos que, a priori, suenan contradictorios pero que el oficialismo confirmó sin atenuantes en las últimas horas de la semana que pasó.
La administración nacional formalizó que en el inicio del año habrá nuevos aumentos de los servicios del transporte, la energía eléctrica y el gas, a la par del agua, cuyo incremento ya se conocía.
En simultáneo, reflotó su objetivo de impulsar una reforma laboral, que para el gobierno y para la inmensa mayoría de las empresas, es la condición sine qua non para mejorar la competitividad de la economía local.
El proyecto era parte del tridente de medidas que el oficialismo intentó aprobar en 2017 pero que retiró del Parlamento tras la represión de diciembre de ese año.
En las cámaras que representan a las grandes empresas (AEA, el Foro de Convergencia Empresaria y el Grupo de los 6) se imponen posiciones favorables a la reforma laboral, salvo en espacios como la Unión Industrial Argentina (UIA) donde se aprecian matices.
El vicepresidente de la entidad y referente de la industria alimenticia, Daniel Funes de Rioja, aprovechó una entrevista para pedir cambios en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) en negociaciones directas con los gremios.
Pero otro vicepresidente de la UIA, el santafesino Guillermo Moretti, rechazó el objetivo de la reforma porque «no es lo prioritario», según definió en un cruce con El Destape Radio: «Nosotros perdimos 120 mil puestos de trabajo, no es el momento para plantearlo», sentenció.
No obstante, otros empresarios también pidieron la reforma en un guiño al rumbo que eligió el gobierno para 2019. Entre ellos se anotó Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y hombre fuerte del sector comercial y tecnológico, quien pidió cambiar el marco laboral y a los propios sindicatos en una entrevista en la que reconoció que muchos empleos «van a desaparecer en el futuro».
Justamente la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), que integra junto con la UIA y otras federaciones el G6, publicó un documento de fin de año en el que reclamó «atender cuestiones de fondo» como la reforma laboral, además de la tributaria en un marco de «simplificación» favorable a los negocios.
En el ámbito agropecuario, las Confederaciones Rurales (CRA) que integran la llamada Mesa de Enlace protestaron de igual manera contra «la ausencia de reformas estructurales».
El encargado de confirmar el retorno del proyecto a los primeros renglones de la agenda oficial fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien adelantó que en 2019 «vamos a impulsar la reforma laboral para bajar los costos extrasalariales que nos quitan competitividad» y en el mismo movimiento rescató el diálogo con la CGT.
«Hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación», argumentó el ex consultor de empresas en una conversación con la señal LN+.
Los gremios en general rechazan la reforma laboral. En el concierto sindical la posición de la central obrera también es crítica pero está entre las que se podrían definir como dialoguistas si se considera el permanente pedido de las autoridades gremiales para que el gobierno abra un espacio para el debate de las políticas laborales.
En los últimos días, uno de sus líderes y referente del gremio de la Sanidad, Héctor Daer, rechazó la reforma laboral. En un encuentro con pymes de la Confederación General Empresaria (CGERA) al que asistió Tiempo, Daer cuestionó que el gobierno «tiene la fantasía de que la salida a sus problemas va a ser la reforma laboral», y advirtió que el proyecto oficial «no va a ser aceptado ni por el movimiento obrero ni por el Congreso y menos en un momento en el que está cayendo la actividad». El titular de CGERA, Marcelo Fernández, se sumó al rechazo en nombre de las pymes y sumó un pedido de medidas para recuperar el mercado interno. «
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