Era por pedido de los familiares de Maldonado para colaborar con la investigación sobre el paradero de Santiago. LA decisión se tomó la reunión entre funcionarios y el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU.
«Fue una reunión muy cordial, pero se arribó a esa conclusión», confirmaron fuentes oficiales tras finalizar el encuentro que mantuvieron en Buenos Aires el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con Incalcaterra.
De acuerdo con lo que se adelantó, el gobierno argentino seguirá trabajando con la ONU, aunque por el momento considera que la investigación que lleva adelante el juez federal Guido Otranto «se está encauzando».
«De todas formas, se va a seguir trabajando con este y todos los organismos internacionales, y seguiremos manteniendo un dialogo fluido con ellos», dijo la fuente, que agregó que «el ministro Garavano ya le comunicó a la familia Maldonado esta decisión».
Incalcaterra, quien reside en Chile, viajó a Buenos Aires para reunirse hoy con los representantes del Gobierno y avanzar en tratativas en pos de la conformación de un grupo de expertos independientes que supervise y colabore con la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto pasado.
La conformación de este grupo de trabajo independiente había sido resuelto como respuesta al pedido de la familia Maldonado en el marco de la reunión que sus abogados mantuvieron con las autoridades el 29 de agosto pasado.
Luego de ese encuentro, el Gobierno comenzó gestiones ante el organismo de las Naciones Unidas encargado de las temáticas referidas a Derechos Humanos.
El delegado de la ONU ya había mantenido reuniones con el ministro Garavano y con el secretario Avruj, quienes recibieron de parte de la familia Maldonado el pedido de que el Estado «garantice una investigación independiente» con la cooperación y asistencia técnica del organismo regional de la ONU y la participación de expertos independientes.
El martes pasado, a través de un comunicado de prensa, la oficina de la Acnudh había expresado su preocupación por la «falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo» y pidió a las autoridades «realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas».
«La Convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos. En especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública», afirmó Incalcaterra en ese comunicado, en alusión a la eventual participación de la Gendarmería en el hecho investigado.
El 7 de agosto pasado, el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado argentino tomar «todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscar y localizar» a Santiago Maldonado,
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos del joven artesano y reclamó al Gobierno otorgar información sobre las acciones adoptadas a fin de «investigar los presuntos hechos ocurridos».
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