Inició una causa penal por la represión ilegal en el Pu Lof de Cushamen en 2017 y por el encubrimiento de la responsabilidad de Gendarmería.
La denuncia de Frederic se basa en el accionar de la gestión anterior del ministerio destinada a “garantizar la impunidad” de Gendarmería en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. “La anterior conducción de la Gendarmería, bajo las directivas de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017”.
La investigación interna que realizó la fuerza estuvo centrada en la “desaparición forzada”. Con la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado y el pedido de cambio de carátula que realizó un abogado del Ministerio de Seguridad de la Nación de ese momento, se cerró dicha investigación interna liberando de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado.
La auditoría que realizó entre los meses de enero y julio de este año la nueva conducción de la fuerza federal desmoronó la ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada.
Entre las principales conclusiones del informe disciplinario se destaca que no fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017. Este argumento se sostiene en que se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.
Es decir, el inicio del operativo no sólo puso en riesgo a los manifestantes sino también a los propios efectivos de la fuerza.
Para ese momento del 1 de agosto ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.
Además, del informe al que accedió Tiempo se desprende que se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo 10 efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados.
Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.
De este modo, se concluye que no había razones para iniciar en las circunstancias apuntadas el operativo de despeje, y que éste sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el comandante Otero.
El rol de Noceti
El por entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo un rol clave en la creación de la “amenaza RAM” en los medios de comunicación y la opinión pública. Según se desprende de la investigación de la GNA,
Noceti estuvo presente el día previo y el mismo día del operativo en el lugar. Allí impartió órdenes claras de perseguir a los manifestantes bajo la figura de flagrancia, volviéndolos delincuentes incluso una vez concluido el posible corte de ruta.
Además, se ordenó desarrollar los operativos en base a un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016.
Coincidentemente con las instrucciones en el lugar de Noceti, ese protocolo ordenaba a las Fuerzas a perseguir y detener a los manifestantes, aún cuando lograra efectivizarse el despeje. Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza.
La instrucción de la actuación de disciplina concluye señalando las responsabilidades del ex funcionario y del ex Director Nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, por la realización del operativo en las circunstancias antes mencionadas.
Además, el informe reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017:
Al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari, como jefe del operativo de despeje de la ruta nacional 40, altura Paraje Leleque, por haberse retirado de la zona del corte a las 10 horas del día 1° de agosto de 2017, dejando la responsabilidad el operativo en oficiales jefes de menor jerarquía.
Al comandante principal Fabián Arturo Méndez, como jefe del Escuadrón 35 El Bolsón y habiendo sido designado por el jefe del operativo (Balardi) como responsable de la continuidad de las acciones en su ausencia —por ser el oficial más antiguo y encontrarse el conflicto en jurisdicción del escuadrón a su cargo, por ausentarse a las 10.30 para organizar cuestiones logísticas de menor importancia, quedando su personal y las operaciones al mando de un oficial de menor jerarquía y de ajena jurisdicción, lo que derivó posteriormente en un accionar intempestivo, desorganizado e inadecuado por parte del personal que intervino en el despeje definitivo.
Al comandante principal Juan Pablo Escola porque el 1 de agosto de 2017, a las 11, no informó al juez federal competente (Otranto), ni al jefe del operativo (Balardi), ni al oficial jefe más antiguo en la zona (Méndez), que los manifestantes habían interrumpido nuevamente el tránsito en la ruta nacional 40; y por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes.
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