El gobierno busca que los tres poderes compartan los costos de la reforma laboral

El proyecto original de reforma laboral que el gobierno no pudo aprobar el año pasado en el Congreso tendrá una nueva etapa de repechaje a partir de ahora, pero dentro de una redistribución de los costos políticos que ahora serán compartidos entre el Poder Ejecutivo, el Judicial, y el Legislativo. Casi como una relojería que pareciera programada, o que revela un delicado manejo del gobierno de los tiempos políticos, esta semana el Ejecutivo presentó en el Senado un nuevo proyecto de ley que insiste con la implementación de una amnistía para las empresas y una polémica modificación en el cálculo de las indemnizaciones.

El Gobierno decidió volver a la carga con su apuesta para reducir la base de cálculo indemnizatorio por despidos sin causa y avanzar en la creación de un Fondo de Cese Laboral sectorial que reemplace al actual régimen.

La propuesta establece que el aguinaldo, los premios, bonificaciones y toda compensación o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe al trabajador quedarán excluidos de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones por despidos.

La modificación del cálculo no fue incluído en el núcleo de coincidencias que el Gobierno firmó con la CGT, por lo que se espera que haya una reacción crítica de la dirigencia sindical.

La iniciativa ingresó este viernes a la Cámara Alta, jutno a otros dos proyectos que imapactan sobre las Obras Sociales y el sistema de capacitación laboral. Fue dos días después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que redefinió los alcances de la relación que mantienen los trabajadores monotributistas con las empresas para quienes facturan, y un día después de que el Ministerio de Trabajo homologara un acuerdo firmado entre la cadena de supermercados Carrefour y el Sindicato de Empleados de Comercio, dentro de un Proceso Preventivo de Crisis, en el que la empresa estuvo a un paso de ser beneficiada con la reducción del 50% de las cargas sociales por 18 meses. 

El acuerdo fue avalado por la autoridad laboral sin esa ventaja, que estaba prevista en el artículo 3 del acta. Los abogados del área de homologaciones del ministerio que conduce Jorge Triaca sostuvieron que ese punto excedía largamente las capacidades previstas en la ley, y que requería la sanción de una nueva ley para hacerlo. Si bien el gobierno no incluyó ese beneficio en el primero de los cinco o seis proyectos que enviará al Congreso, reflejó parte de ese concepto en la amnistía que ahora dejó en manos del Legislativo. En el caso de la cadena francesa de retail, la conclusión de los homologadores le permitió al gobierno evitar, al menos por ahora, que Carrefour ejecute los 3000 despidos con los que había amenazado. Dentro de la Casa Rosada, las fuentes consultadas por Tiempo admitieron que la movida también les permitió enviarles un mensaje a las cámaras empresarias y demostrarles que están dispuestos a estirar la legislación todo lo posible con el objetivo de bajar los costos laborales, en un escenario inflacionario por ahora incontenido. 

En el caso de la Corte, la decisión fue con voto dividido, pero también fue pacientemente esperada por el gobierno. El fallo tiene la firma de tres de los cinco cortesanos: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, quienes establecieron que un monotributista que presta servicios para una empresa no necesariamente puede ser considerado como un trabajador en relación de dependencia. La decisión final marcó un giro para el caso iniciado por un médico del Hospital Alemán que le facturó sus servicios durante siete años.  

Para el abogado León Piasek, expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, el nuevo fallo contradice «la mayor parte de los precedentes, viola principios fundamentales del derecho del trabajo y reglas de interpretación de las normas», como «el principio protectorio (la regla «in dubio pro operario», que en caso de duda debe interpretarse y aplicarse el derecho a favor del trabajador), el principio de la primacía de la realidad (especialmente acentuar la indiferencia de las formalidades) y la incompetencia de las partes para calificar el vínculo que las liga». 

La dimensión de la sentencia pasó inadvertida en medio de la ofensiva del Ejecutivo, pero el especialista consideró que no es casual que la Corte elija «un ‘caso’ singular, para intentar generar doctrina en alguna cuestión que se relacione con el contexto político y social , económico y la tensión por la conflictividad laboral y el anuncio de reformas laborales, que vienen a ‘perdonar’ a los evasores de contribuciones patronales, entre otras medidas a favor de los empleadores. Por todo esto creo que va a ser interpretada a favor de la precarización, es funcional a las empresas y al Estado empleador que abusan de este tipo de contrataciones para eludir sus obligaciones», opinó el abogado. 

Los nuevos proyectos

La nueva ofensiva que comenzará la semana próxima en el Senado implica tres nuevos proyectos, es decir, la mitad de los que diseña el Ejecutivo. Todos pasarán por la Comisión de Trabajo. El primero establece la modificación del cálculo indemnizatorio, el blanqueo de personal no registrado, «la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral», el reconocimiento de cuatro años de aportes para los trabajadores y «la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados». Dentro de la amnistía «podrán incluirse las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial». Para eso, es necesario que la empresa demandada «se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos». 

Se trata del texto principal que el oficialismo buscará aprobar, pero está acompañado de dos temas largamente debatidos con la CGT: la creación del Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, que reinstala las pasantías «con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales». Como contraprestación el proyecto establece que «los practicantes reciban una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo». 

La tercera pieza es la implementación de una nueva Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), dentro del Ministerio de Salud, que establecerá los costos de estudios médicos para obras sociales, entre otros puntos que ya habían sido debatidos con los representantes cegetistas el año pasado. Dieron el acuerdo en el marco de una convención de la Organización Internacional del Trabajo en La Rural, pero el plan no pasó por el Congreso. Seis meses después, la estrategia excede los límites de la Casa Rosada. «