Lo confirmó el ministro Garavano, quien convocará a una comisión para que elabore un nuevo régimen penal juvenil. Un debate cíclico que estalla con casos puntuales de inseguridad y ya generó rechazo de especialistas
Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político, dijo el funcionario.
Garavano reconoció que la gente de Unicef no coincide con la necesidad de tomar esa medida, y señaló que respetaban esa opinión, que también estará sobre la mesa de discusión de la ley.
La actual ley del régimen penal juvenil fue sancionada durante la última dictadura cívico militar en 1980 y elevó la actual edad de imputabilidad de los 14, que había impuesto en un primer momento el mismo régimen, a los 16 años.
La mayoría de los especialistas coinciden en que hay que cambiar esta normativa, por su carácter paternalista y porque incumple con tratados internacionales que argentina se comprometió a respetar, sin embargo muchos se oponen a bajar la edad de imputabilidad.
«En años electorales se desempolva el manual de la demagogia punitiva», señaló a Radio Nacional el juez platense Luis Arias en claro rechazo a la baja en la edad de imputabilidad. «Responde al año electoral, y es más que nada, propagandístico», aseguró y reclamó «prevenir y resguardar los derechos de todos los jóvenes» en vez de «estar discutiendo medidas que son un clásico de la demagogia punitiva en tiempos electorales, y represivas».
«Estas ideas son un clásico de la demagogia punitiva cada vez que se acerca una elección. Los políticos empiezan a hablar de estos temas para conseguir la adhesión de la gente que necesita una respuesta para la inseguridad; e intentan demostrar que se están ocupando del problema cuando en realidad no es así. Si se ocuparan, lo que harían sería prevenir», analizó.
Consideramos cínico y de suma gravedad que el Gobierno arremeta contra los pibes y las pibas pobres, luego de que en este último año el incremento de la violencia institucional haya provocado por ejemplo cerca de una docena de casos de gatillo fácil por parte de las fuerzas represivas sólo en el mes de diciembre, señalaron desde el Encuentro Niñez y Territorio e indicaron que está absolutamente demostrado por las estadísticas que la participación de los menores de entre 14 y 16 años en delitos graves es ínfima.
La Comisión Provincial por la Memoria también expresó su repudio: Frente a las declaraciones públicas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde la CPM volvemos a expresar, una vez más, que la baja en la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de inseguridad sino que los agrava.
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