El gobierno busca «ajustar la política» tras la polémica por las jubilaciones de privilegio

Con dos medidas, el gobierno nacional considera que saldó el debate sobre el aporte a la solidaridad que hace cada sector de la sociedad para paliar la emergencia. De un lado, se publicó ayer en un nuevamente inusual Boletín Oficial de sábado, el compromiso del envío al Congreso de un proyecto de ley para debatir los regímenes previsionales específicos del Poder Judicial de la Nación y de los diplomáticos. Del otro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró en varias entrevistas a medios de comunicación, que el ajuste también estará llegando a la política.

Estas decisiones fueron la respuesta oficial a la fuerte presión social que surgió luego de que se hiciera público que diversos regímenes jubilatorios especiales habían quedado eximidos de la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Cafiero anunció ayer que el Poder Ejecutivo está «preparando un ajuste en el gasto político», que incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, entre otras medidas.

«También tiene que haber un ajuste en el gasto político y eso se está haciendo», dijo el jefe de Gabinete en diálogo con CNN radio. El jefe de Gabinete detalló que el gobierno está preparando «normativas administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, por ejemplo, para ajustar ahí”.

Todos eximidos

El proyecto original del Poder Ejecutivo suspendía en forma explícita la movilidad jubilatoria general y la de una docena de regímenes jubilatorios especiales, desde el de los docentes hasta el que afecta al presidente de la Nación y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pasando por los de los ex combatientes de Malvinas, los científicos y el personal militar y penitenciario.

Pero con el transcurso del debate en Diputados, ese artículo (el 51) fue modificado en forma sustancial. Primero, la fuerte presión de los docentes –tanto de los de escuela como los universitarios- logró que sus regímenes fueran excluidos, lo que significó el sostenimiento de las jubilaciones en un valor del 82% del salario de actividad.

Posteriormente aparecieron más excepciones. Especialmente llamativa fue la eximición de la movilidad del presidente y vicepresidente de la Nación y de los jueces de la Corte Suprema. En la tarde del viernes, el presidente Alberto Fernández, salió al cruce de los reclamos. A través de su cuenta en la red social Twitter, anticipó que ampliaría las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para enviar un proyecto de ley que «termine» con las «jubilaciones de privilegio» en el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático, con el «propósito de garantizar la igualdad» en el sistema previsional.

Para ese momento, Diputados ya le había dado media sanción al proyecto de ley de Solidaridad Social con cambios sustanciales al artículo 51, cuya suspensión de movilidad quedó circunscripta sólo al régimen general. Al artículo 52, que originalmente apuntaba a que el Poder Ejecutivo fijara aumentos trimestrales de jubilaciones, se le agregó la creación de una comisión integrada por el Gobierno y el Congreso que revisará “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” de los regímenes especiales y propondrá al Congreso “las modificaciones  que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización” de esos regímenes.

Así las cosas, sólo se suspenderá la movilidad jubilatoria general mientras que las de los regímenes especiales seguirán vigentes. Estas se basan en el concepto del 82% móvil, que consiste en que la jubilación arranca en el 82% del salario del trabajador activo y se actualiza según el movimiento de ese ingreso.

En la noche del viernes, Fernández explicó que esta decisión «no es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio es en el caso de los jueces y los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares».

El paso práctico posterior fue la aparición en el Boletín Oficial de ayer de la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero del año próximo y la inclusión en el temario de dos proyectos para modificar estas jubilaciones. «

Reintegros de IVA y bonos

El gobierno resalta que la ley de Solidaridad y el paquete de medidas que lo acompaña tiene un fuerte sesgo redistributivo a favor de los sectores sociales más vulnerables. Hay dos aspectos que señala: el reintegro del IVA a personas en situación de pobreza e indigencia y el otorgamiento de dos bonos para jubilados que cobren menos de 19 mil pesos en enero.

El artículo 18 de la ley aprobada ayer le otorga a la AFIP el poder de establecer un régimen de reintegros para consumidores finales y de estímulos para pequeños contribuyentes que «deberán priorizar a los sectores más vulnerados de la sociedad». AFIP coordinará la aplicación de los reintegros y los estímulos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Esta medida se instrumenta por medio de la Tarjeta Alimentaria. Según el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, los fondos previstos para atender la emergencia alimentaria este año alcanzan los 60 mil millones de pesos. El viernes se reunió el Consejo Federal Argentina contra el Hambre para tratar este tema.

Este esquema reemplazará la eliminación del IVA de una docena de productos de primera necesidad, que vence el 31 de diciembre.

El otro aspecto, los bonos para jubilados, generó polémica ya que los 10 mil pesos comprometidos no compensan las pérdidas de poder adquisitivo que tuvieron los jubilados en los últimos dos años. Además, no lo recibirán los jubilados que cobren un haber de más de 19 mil pesos, un nivel exiguo desde todo punto de vista.