El Gobierno anunció un 2025 sin pauta oficial para medios mientras sostiene el gasto en publicidad por otras vías

Este lunes, el Gobierno prorrogó por un año más la suspensión de la pauta asignada a las campañas oficiales de publicidad en medios de comunicación que «con carácter oneroso» realice la Administración Pública Nacional y el Banco Nación.

Con la firma del portavoz Manuel Adorni, el Gobierno prolonga la prohibición de la pauta oficial, una medida que va en línea con la discursividad intensa sobre políticas de austeridad fiscal que se trazó la administración de Javier Milei. Por otros carriles, como la empresa de mayoría estatal YPF, fondos públicos a cambio de publicidad fluye hacia medios privados de todo el país. El criterio de selectividad para la asignación de esos medios sigue resultando una incógnita.

En los considerados de la resolución 7147/2024, se recordó que el decreto 89/23 suspendía la pauta oficial «con el doble objetivo de adecuar las estructuras y procedimientos de la administración nacional y volver más eficiente criterio de gasto público, dadas las circunstancias del país al momento del dictado del decreto».

En ese momento, se habían priorizado «los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos existentes, a efectos de poder asignar los mismos a cuestiones prioritarias».

Esta medida se dio en paralelo con la más amplia ofensiva de la administración libertaria contra el derecho a la información. Entre ataques discursivos a los medios de comunicación, el presidente Milei anunció la decisión del cierre de la agencia de noticias Télam, un insumo esencial para garantizar el periodismo a nivel federal.

El 27 de junio, además, el Congreso sancionó en ambas cámaras la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por medio de la cual se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

En la resolución se aclaró que «las circunstancias actuales obligan a mantener la vigencia de aquellas medidas que garanticen un manejo eficiente del gasto público y un accionar mesurado que no habilite el sobredimensionamiento de la estructura y de las actividades del Estado nacional».