Tres ministerios y la AFI comenzaron a investigar los movimientos de la gestión macrista en torno al golpe en el país vecino, tras la denuncia realizada por la gestión de Luis Arce. Nuevos documentos abren sospechas sobre lo ingresado a La Paz en el avión Hércules. Pompeo, figura clave.
El disparador del escándalo internacional fue la carta que el canciller boliviano Rogelio Mayta hizo pública este jueves, donde el entonces jefe de la Fuerza Aérea Jorge Terceros Lara le agradecía al embajador argentino Normando Álvarez García la donación de material y armamento antitumulto. Fue recibido a las 4.40 de la madrugada del 13 de noviembre de 2019, mediante un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que aterrizó en La Paz. La Cancillería estaba por entonces a cargo del ministro Jorge Faurie y su función era supervisada desde la Casa Rosada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, que reportaba directamente a Macri y al jefe de Gabinete Marcos Peña. Además tenía bajo su órbita a las carteras de Defensa, en manos de Jorge Aguad y de Seguridad, conducida por la actual titular del PRO, Patricia Bullrich. La secretaría que ocupaba Pompeo no existía en el organigrama de la Presidencia de la Nación hasta que Macri la creó para emular el rol del consejero de Seguridad Nacional que asesora al presidente de los Estados Unidos. Al igual que en Washington, la versión criolla también tenía injerencia en asuntos de espionaje y por lo tanto Pompeo también supervisaba a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dirigida entre 2015 y 2019 por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El Palacio San Martín estuvo a cargo de la organización del vuelo porque su misión consistió en trasladar a un grupo de diez gendarmes del grupo de élite «Alacrán» para custodiar la embajada argentina en La Paz, encabezada en ese momento por Álvarez García, que actualmente es el ministro de trabajo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El listado ventilado por el gobierno del presidente boliviano Luis Arce detalla el envío de municiones y armas que formalmente iban a ser utilizados por los gendarmes, pero incluye un cargamento de 70.000 cartuchos antitumulto y 100 sprays de gas pimienta.
Según un informe elaborado este sábado por el Ministerio de Seguridad, al que accedió este diario, hay «diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana», porque en los reportes de la auditoría realizada «no figuran granadas de mano ni sprays anti tumulto, que sí están en los materiales enviados por Argentina», pero «también aparecen 70 mil cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos». En la pesquiza interna los responsables de Gendarmería de entonces sostuvieron que la diferencia fue utilizada para entrenamiento, pero en ante las consultas de este diario cerca de la ministra Fréderic sospechan que fueron a parar a manos de la policía boliviana para reprimir las masivas movilizaciones que salieron a la calle para repudiar el golpe de Estado. «Nunca paso por mis manos pedido de material para la Fuerza Aérea Boliviana» dijo Bullrich y Faurie se desligó apenas se conoció la denuncia.
Ante las consultas de Tiempo, el entorno del expresidene, de Bullrich y el exsecretario Pompeo mantuvieron silencio. En el macrismo relativizaron la veracidad de la carta de agradecimiento y la exministra aseguró en las redes sociales que todo fue para custodiar a la delegación diplomática en La Paz.
Sin embargo, por fuera de los envíos de armamento, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, lleva adelante una investigación interna para saber si la cabecera del aparato de inteligencia utilizó a los espías que tiene en la «estación» destacada en Bolivia para recopilar información sobre dirigentes y funcionarios del MAS y aportársela a agentes de la CIA en la capital boliviana, que trabajaban activamente desde la embajada de los Estados Unidos en ese país contra la administración del presidente Morales. Los datos fueron filtrados desde enero del año pasado por el sitio estadounidense Behind Back Doors, reconocido por anticipar el golpe en ese país y ventilar datos secretos sobre la intervención del aparato de espionaje norteamericano contra el orden constitucional boliviano.
De acuerdo a esa versión el pedido formulado por los agentes estadounidenses fueron cumplidos por la AFI en Bolivia e incluían información para vincular a los funcionarios de Morales con el narcotráfico. «Estamos averiguando qué información se pidió de acá y qué información volvió», aseguraron a Tiempo cerca de la inteventora Caamaño, aunque la pesquiza comenzó ahora cuando los datos llevan un año de circulación pública.
Mientras avanzan los investigaciones internas en Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y la AFI, la incógnita gira en torno al rol de Macri. En el PRO le bajan el precio a la denuncia, pero las decisiones fueron adoptadas durante los ultimos días de su gestión y algunos exinquilinos de la Casa Rosada reconocen que «es muy difícil» que el expresidente no supiera porque estaba muy comprometido con el derrotero de Añez, convencido de que el gobierno de Morales había terminado para siempre. Con esa certeza fue uno de los primeros en reconocer el gobierno de facto a partir de los pedidos del Departamento de Estado norteamericano.
En el Gobierno piensan lo contrario. «Esta claro que la decision fue del más alto nivel, porque nadie ejecuta una decision de este tipo en un gobierno que se esta yendo con una presión muy fuerte. Cuando te estas yendo no te sirven ni café. Esto se decidió al mas alto nivel», dijo a Tiempo el ministro de Defensa Agustín Rossi.
Por fuera de las acusaciones hay indicios que confirman el nivel de compromiso de la administración de Macri con la cuestión boliviana. Tiempo accedió a un cable de la embajada argentina en La Paz del 30 de julio de 2019. La pieza forma parte del trabajo que lleva el Equipo de Investigaciones Políticas (EDiPo) sobre Bolivia y cuenta el contenido de una reunión encabezada en la embajada norteamericana en La Paz, por el entonces subsecretario adjunto para el Hemiserio Occidental Mike O’Reilly. La cena contó con los representantes de la Organización de los Estados Américanos, que fue clave en desconocer el resultado de las elecciones del 20 de octubre de 2019. También participaron los embajadores de Perú, Brasil y Argentina. El informe revela que O’Reilly «indicó que en la visión de su gobierno resultaba importante que los países relebvantes de la subregión y concretamente los tres limítrofes que se encontraban en la mesa, recurrieran a los multiples recursos que poseen, para atraer a Bolivia de forma tal de concretar el total aislamiento venezolano en el subcontinente». Además «pidió la participacion de los tres paises como parte de un mecanismo de presión», porque «hay multoples herramientas para que Bolivia se aleje de Venezuela ante el temor de resentir las relaciones con sus vecinos y de esta manera seguir el camino del aislamiento internacional». Para lograrlo, detalló el funcionario norteamericano, recomendó «reducir la cooperacion internacional y bajar el nivel de la agenda bilateral», pero también les pidió «que levantaran la voz respecto de la transparencia del acto electoral en ciernes, porque EEUU carecía de recursos eficaces en Bolivia como los que tenían los países limítrofes en la región».
El documento diplomático desnuda que los pedidos de Washington llegaron a ser transmitidos por medio de un funcionario de alto nivel que recomendaba restarle credibilidad al comicio y sus resultados, cuando todavía faltaban tres meses para su realización. Morales duró veinte días en el poder después de esas elecciones, en las que buscó una nueva reelección a pesar de las críticas y advertencias para que no lo hiciera. El golpe se concretó el 10 de noviembre y el Hércules C-130 llegó a La Paz tres días después, cuando los pedidos ya no solo eran de Washington, sino también de Añez, que también logró pertrechos de Ecuador y Brasil.
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