"Si los gobernadores quieren poder pagar los sueldos, van a tener que aprobarnos la Ley Bases", amenazan en la Rosada.
Sin reconocerlo, el oficialismo se abraza a la estrategia del toma y daca. Esto deja expuesto en cada una de las reuniones que mantiene con gobernadores y diputados, donde la moneda de cambio es el paquete fiscal que todas las partes entienden necesario para aliviar las cuentas provinciales, ahorcadas desde los recorte de los Aportes del Tesoro Nacional y la eliminación de los ingresos que obtenían con el cobro del Impuesto a las Ganancias eliminado en noviembre pasado.
Para el Norte, retomar el cobro del tributo es fundamental para equilibrar sus arcas, postura que no se replica en el Sur, donde el pago del mismo implicaría una baja significativa en los salarios netos de los trabajadores locales, un costo político que ningún dirigente quiere asumir. Para lavar culpas, desde varias provincias proponen moderar las quitas y que las mismas comiencen con una base de 5% para quienes excedan los 1.141.066 pesos mensuales. La otra propuesta es dejar asentadas excepciones para el personal de seguridad, médico y docente.
Esta última opción fue propuesta por el bloque PRO este lunes en la cumbre que mantuvo en el Salón de los Escudos con el ministro del Interior, Guillermo Francos. El encuentro con los legisladores funcionó como premio consuelo ante la cancelación del previsto para ese mismo día con los diez gobernadores de Juntos por el Cambio. Las versiones oficiales excusaron problemas de agenda de los mandatarios, las de pasillo deslizaron una falta de acuerdo entre los jefes provinciales ante la vuelta de Ganancias.
El encuentro se trasladó para el próximo 4 de abril, fecha en la que el oficialismo planea tener casi cerradas las negociaciones para avanzar en la presentación formal del proyecto de ley a mediados de mes. Previo a ese día, habrá más encuentros con otros gobernadores, aunque algunos dialoguistas podrían quedar fuera de la convocatoria.
Tras la caída de la ley ómnibus, la relación del gobierno nacional con Martín Llaryora, jefe territorial de la provincia de Córdoba, es sumamente tensa. Para el oficialismo, el gobernador tuvo un rol preponderante en su derrota parlamentaria, a pesar de que el cordobés puso a disposición sus bancas para la aprobación en general del proyecto. Con este antecedente, el heredero del cordobesismo podría quedar afuera de los encuentros con los ministros, lo que no sólo lo dejaría sin margen de negociación sino que además le abriría un frente importante en su provincia, que colaboró con más del 75% de los votos que logró Milei en la segunda vuelta electoral.
El mismo camino seguiría el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien desde el inicio de la gestión libertaria se encargó de dejar asentadas sus diferencias y con el bonaerense Axel Kicillof, con quien el presidente mantiene una pública enemistad.
Mientras tanto, en Rosada esperan el arribo de nuevos vuelos de cabotaje con más gobernadores para los próximos días y ya dan por descontada la aprobación de la Ley, a pesar de seguir en plena ronda de negociaciones. «Estamos tranquilos, en Diputados ganamos. Si los gobernadores quieren pagar los sueldos y mantener controlados los humores en las provincias nos van a tener que aprobar la ley, no tienen otra opción», resumió ante Tiempo un estrecho colaborador del presidente sobre la futura votación que aún no tiene fecha precisa pero que en el calendario oficialista está prevista para la última semana de abril.
Francos en el Norte Grande
Esta mañana el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajó a Salta para participar de una nueva edición de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande donde volvió a mostrarse abierto a escuchar los reclamos de los mandatarios. De la misma participaron Gustavo Sáenz, Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), y Ricardo Quintela (La Rioja).
El encuentro formal comenzó pasadas las 10:30 de la mañana en el Centro de Convenciones Salta y fue inaugurado por el anfitrión Sáenz, quien recalcó la importancia de la cumbre y agradeció la presencia de los funcionarios nacionales. Lo propio hicieron Zamora y el titular de Interior, quienes también se mostraron a gusto con la concreción del meeting. Luego de las formalidades, los dirigentes se reunieron por más de dos horas en un salón privado del espacio donde, según pudo reconstruir este medio, hubo varios altercados entre los propios gobernadores quienes se reclamaron entre sí por los silencios frente a las medidas del gobierno de Alberto Fernández que también afectaron a la región.
Tal como hicieron sus pares del Sur, los diez caciques norteños unificaron sus reclamos frente al oficialismo nacional. El pedido por el retorno del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), los subsidios al transporte y a la energía y los fondos de las obras públicas nacionales encabezaron los pedidos de los mandatarios, quienes dejaron expuesto su preocupación por la importante baja en la recaudación que se potenció desde el inicio del gobierno de Javier Milei y tiene un fuerte impacto en las cajas provinciales.
A pesar de la intranquilidad de los gobernadores, el gobierno nacional no dio indicios de promover ningún tipo de ‘rescate’ para los gastos que las provincias deben afrontar mes a mes. «El déficit cero está para quedarse. Ordenar las cuentas públicas y dominar la inflación son tareas muy complejas, pero estamos avanzando», confirmó el ministro durante la conferencia que los dirigentes dieron tras el encuentro.
De la cumbre también participaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario del Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano Rodríguez; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ignacio Lamothe, y el interventor del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento, Bartolomé Heredia.
La movilización de la importante comitiva que acompañó a Francos se desprende de la nueva estrategia que plantea el gobierno para esta vez avanzar sin fisuras en las negociaciones. Para el oficialismo, la participación de representantes de las tres principales carteras ministeriales no sólo permite que los gobernadores escuchen de primera mano las propuestas que dependen de cada uno de los ministerios, sino que además le da mayor volumen a las mesas de acuerdo. Para las provincias este cambio en la forma de accionar del oficialismo es más que positivo y en más de una entienden que por fin, a más de tres meses de gestión, finalmente el gobierno comprendió que la única opción para avanzar en sus planes es hacer política.
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