Los salarios de los empleados públicos del SINEP acumulan una caída del 28% desde que asumió el actual gobierno y del 48% desde diciembre de 2015.
El acuerdo fue suscripto por la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) liderada por el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez. El acuerdo suscripto por el gremio se alinea con el que ya firmaron los trabajadores Camioneros que, lejos del 15% que reclamaban, aceptaron un incremento del 1,8% en enero y 1,5% en febrero y el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que también buscó garantizar un “1 adelante” en cada una de las cuotas que perciban en los primeros tres meses de 2025 (1,8% enero, 1,5% febrero y 1% marzo).
La diferencia, claro, es que los empleados públicos, a diferencia de otros gremios, no pudieron recuperar nada de lo que habían perdido en los primeros tres meses de gobierno de Javier Milei cuando sus paritarias quedaron congeladas mientras la inflación marcó un 25% en diciembre, un 20,6% en enero y un 13% en febrero.
Es por eso que, según el último índice de Salarios publicado por el INDEC los trabajadores registrados del sector público perdieron un 14,5% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024. Pero allí se contabilizan los haberes de todos los trabajadores del sector público. Los docentes de todos los niveles, las fuerzas de seguridad y aquellos trabajadores estatales de organismos administrativos y del sistema de salud que dependen de administraciones provinciales o municipales en todo el país.
Pero la paritaria que se acaba de firmar abarca el caso de quienes trabajan en relación de dependencia con el Estado Nacional que, agrupados en el convenio SINEP, acumulan una pérdida todavía mayor durante la era Milei que se suma a lo resignado durante las dos gestiones de gobierno anteriores.
Según el informe que realizan mensualmente los trabajadores de la Junta Interna de ATE INDEC basados en datos oficiales del organismo, la pérdida del poder adquisitivo del salario de la categoría testigo D0 del SINEP fue del 28% desde la asunción del gobierno de Milei a diciembre de 2024. Según el mismo estudio, la caída del salario en términos reales desde lo que denominan período de referencia (diciembre de 2015) acumula un 48,5%. En concreto destacan que, la categoría de referencia (D0) que hoy percibe apenas $ 554.750, en diciembre de 2015, recibía el equivalente a $1.135.430 actuales.
El delegado general de ATE INDEC, Raúl Llaneza señaló a este medio que “ya hicimos el cálculo de que, si la pérdida del poder de compra desde que asumió Milei hasta diciembre es de un 28%, si esta paritaria a la baja se mantiene, a marzo de este año la caída sólo en la era Milei se va al 35%. Es una guarangada”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el acuerdo paritario que, en palabras del secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar “da asco”. El mismo dirigente adelantó que “debemos responderle con un paro en toda la Administración Pública en el mes de febrero”.
El titular de la ATE, denunció que el acuerdo se da en momentos en los que, por el otro lado, “bajan las retenciones al campo y eliminan los impuestos para la compra de autos de alta gama. Queda claro que el ajuste lo seguimos pagando los de abajo”.
A la vez, Aguiar no escatimó críticas al sindicato que cuenta con representación mayoritaria en la administración nacional, UPCN: “resulta muy difícil de creer que existan gremialistas que estén dispuestos a aceptar incrementos que se ubiquen por debajo de la evolución de los precios. Tenemos que defender la premisa de que ningún salario en la Argentina puede perder con la inflación. Esta propuesta da asco”.
Fuentes de la ATE adelantaron que el sindicato prepara un plenario federal para definir una nueva medida de fuerza este mes.
El conflicto salarial se suma a la disputa que se desarrolla alrededor del intento del gobierno de avanzar con una nueva oleada despidos y el cierre de organismos luego de que durante 2024 la administración pública, según datos del mismo INDEC, hubiera reducido sus dotaciones en 37 mil agentes que fueron despedidos por la actual gestión.
La nueva ofensiva consiste en el anuncio oficial de dar cierre por decreto a casi 50 organismos luego de sustanciar casi 2300 cesantías en la secretaría de Derechos Humanos y 400 en el ministerio de Salud, entre otros.
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