El viernes hubo una reunión extraordinaria en Washington. Las opciones: seguir girando dinero para sostener al gobierno o plantear un nuevo acuerdo.
«Fue una sesión informativa e informal», señalaron voceros del Fondo a la agencia Reuters. Sobre la mesa de análisis también estaban los anuncios formulados por el gobierno sobre el diferimiento en el pago de las Letes y Lecaps y la apertura de negociaciones para el «reperfilamiento» del resto de la deuda. Un par de días antes, su habitual vocero, Gerry Rice, había declarado que la entidad «continuará junto con Argentina durante estos desafiantes tiempos».
En su visita, los funcionarios del Fondo pudieron comprobar que los riesgos sobre la continuidad del plan, que ellos mismos habían advertido en su informe de junio, ya se habían materializado. Sobre todo, que los criterios excepcionales que justificaban el apoyo crediticio a pesar de que la deuda era «sustentable, pero no con una alta probabilidad» ya no se verificaban. En particular, los que se referían a las posibilidades por parte del deudor de «ganar o recuperar acceso a los mercados privados de capital» y a que el programa acordado tuviera «una razonablemente fuerte perspectiva de éxito».
La eventual negativa del organismo en girar la cuota de U$S 5400 millones prevista para mediados de septiembre podría ser un golpe decisivo para la suerte del actual gobierno, que se está quedando sin reservas para afrontar sus obligaciones (ver página 5). Pero lo que el Fondo debate es la supervivencia de un programa que desde su concepción, en junio de 2018, cambió varias veces sin poder jamás solucionar los problemas domésticos argentinos ni tampoco asegurar los pagos a los acreedores, que es el verdadero interés del acuerdo stand by. Ambas partes firmantes siempre corrieron detrás de los hechos.
Lo que también busca el Fondo es recuperar los U$S 44 mil millones que ya aportó. En medios internacionales sospechan que el organismo se verá beneficiado si se concreta el reperfilamiento de deuda, porque despejará el horizonte de otros acreedores con los que tendría que compartir el retorno de su capital. El periódico británico Financial Times afirmó que «lo más probable es que el Fondo permita que Argentina caiga en cesación de pagos o que firme un nuevo rescate con dinero fresco, emitiendo un crédito nuevo para pagarse a sí mismo».
Una salida posible sería reconvertir el programa stand by (SBA en la jerga del Fondo), concebido para países con problemas de corto plazo en su balanza de pagos y de duración máxima de tres años, en otro de facilidades extendidas (ECF) para naciones «que buscan avanzar hacia una situación macroeconómica estable y sostenible», a cinco años de plazo y prorrogable por otros cinco. Aquí entran a tallar otras consideraciones: ¿aceptaría Alberto Fernández, en caso de alcanzar la presidencia, la injerencia del FMI y las insistentes exigencias de reformas estructurales durante todo su mandato? El candidato dijo que el Fondo es «corresponsable de la catástrofe social» que atraviesa el país y que su sostén económico a la gestión de Mauricio Macri «fue la campaña de reelección más cara de la humanidad».
En definitiva, más que el costado económico será el político el que definirá la continuidad del vínculo entre Argentina y el FMI. Ya sin Christine Lagarde, otrora gran aliada de Macri, el mango de la sartén lo sostiene David Lipton, el vice a cargo de la presidencia. En el directorio, Estados Unidos tiene 16% de los votos y arrastra por peso propio la opinión del resto. Pero Donald Trump se mantiene en silencio, para desazón de la Casa Rosada, que se desangra esperando un apoyo que todavía no llega. «
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