En las últimas licitaciones predominaron los títulos que vencen antes de las elecciones de 2023. Preocupa que el mercado pueda retirar su apoyo por la incertidumbre política.
La recomendación fue hecha por los auditores del FMI en el informe que elevaron al directorio sobre la situación de la economía argentina a septiembre de 2023. Tal fue la importancia que le asignaron al tema que recomendaron incluirla como un «structural benchmark» (punto de referencia estructural). En el lenguaje utilizado por el organismo, esto significa que se trata de una reforma que, si bien no es cuantificable, es crítica para alcanzar los objetivos previstos en el programa de apoyo financiero vigente. El pedido es que esa reforma esté lista para la próxima revisión, en diciembre.
El tema ya había merecido la atención de Sergio Massa cuando asumió como ministro de Economía. Como remedio para resolver la crisis generada por los rumores sobre un posible default de los títulos en pesos (que obligó a una fuerte intervención del Banco Central en los mercados secundarios para evitar el derrumbe en sus cotizaciones), en agosto Massa dispuso un canje voluntario de esos instrumentos. Así logró canjear obligaciones por más de dos billones de pesos pautadas para agosto, septiembre y octubre de este año por bonos duales, ajustados por la evolución del dólar y/o la inflación, a vencer entre junio y septiembre de 2023.
Sin embargo, ese alivio no rompió la dinámica de las siguientes licitaciones de deuda, en las que predominó el corto y mediano plazo. De acuerdo al reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en agosto se colocaron títulos por $ 509.514 millones, el más largo de los cuales vence en junio de 2023. En septiembre, de los $ 689.100 millones obtenidos, el 80% fue en letras que deben ser canceladas antes de las elecciones: apenas el bono dual TDF 24 y el BOTE 27 escapan a esa regla.
En el interín, además, la Secretaría de Finanzas debió convalidar fuertes incrementos en la tasa de interés para atraer inversores y acompañar la decisión política de mantener rendimientos positivos con relación a la inflación. En la licitación del último miércoles, donde se obtuvieron casi $ 180 mil millones obtenidos a ser devueltos en noviembre venidero y en febrero y mayo de 2023, el gobierno debió convalidar tasas del 87% nominal anual.
Recuerdos de 2019
La preocupación por los plazos relativamente cortos en los que se renueva la deuda pública en pesos tiene raíz no sólo económica sino política. En octubre de 2023 habrá elecciones presidenciales y su resultado podría quedar anticipado en las primarias de agosto (si es que se confirma su realización). Un posible cambio de gobierno podría ser tomado por los mercados como una señal de «wait and see» (esperar y ver qué pasa), con lo cual el financiamiento al sector público podría cesar y provocar una nueva crisis.
Todavía está fresco el pagadiós que impuso el entonces ministro Hernán Lacunza en las postrimerías del gobierno de Mauricio Macri, en agosto de 2019, cuando reestructuró de manera unilateral los títulos por vencer. Las amortizaciones se fueron realizando en cuotas y se terminaron de cancelar durante el gobierno de Alberto Fernández.
Para el Fondo, un episodio similar podría hacer fracasar del acuerdo vigente: «Los riesgos en la implementación de políticas permanecen elevados y es probable que aumenten más a medida que se acercan las elecciones presidenciales», avisaron los auditores en su informe al directorio.
Con todo, el FMI es el principal impulsor del endeudamiento en pesos hasta tanto se elimine el déficit fiscal y se reabran los mercados internacionales para el país, lo que se estima que llevará unos tres años.
A tal punto llega ese aliento a profundizar el endeudamiento que sus técnicos recomendaron elevar el «rolleo» (el porcentaje de títulos vencidos que se renuevan) a 130% en cada licitación. La alternativa, que es la ayuda del Banco Central a través de emisión monetaria, es desaconsejada por sus efectos inflacionarios y se prevé limitarla todavía más para el año entrante: no superará el 0,6% del PBI. «
El stock de deuda pública de la administración central ya alcanza a U$S 379.932 millones, según el último informe difundido por la Secretaría de Finanzas. En ese volumen fue ganando participación el endeudamiento en pesos, que ya representa el 33% del total, siete puntos porcentuales más que hace un año.
A su vez, dentro de esa fracción ganó peso la deuda que se ajusta por el índice CER (vinculado a la inflación). Esos títulos ya suman el equivalente a U$S 71.464 millones, mientras que los que se ajustan por tasa fija representan U$S 55.421 millones.
En tanto, la fracción nominada en moneda extranjera se mantiene relativamente estable luego de la reestructuración de bonos con acreedores privados dispuesta en 2020: actualmente son unos U$S 253 mil millones.
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