El presidente de Ecuador decretó el estado de alerta ante el recrudecimento de los choques entre manifestantes y policías. Uno de los asesores de Rafael Correa analiza los pasos del expresidente que intenta su regreso al país pese a enfrentar un proceso judicial.
El mandatario endureció el estado de excepción que impuso el 3 de octubre y bajo el cual había movilizado las Fuerzas Armadas para contener el orden público. Moreno ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos de Quito tras los primeros enfrentamientos de los indígenas con la policía.
Ayer las manifestaciones derivaron en el asalto al edificio de la Contraloría, que fue incendiado y saqueado por manifestantes encapuchados. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció el desalojo de la zona en cuyos alrededores se registraban enfrentamientos con la fuerza pública e informó que fueron detenidas 30 personas. Desde que comenzaron los choques cinco civiles fueron asesinados y hay 2000 personas entre detenidos y heridos.
Cerca de ahí, en los alrededores de la Asamblea Legislativa, manifestantes indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno.
En medio de la nueva ola de violencia, el movimiento indígena aceptó el diálogo directo que había rechazado en principio con Moreno, para negociar una eventual salida a la grave crisis social.
Sin embargo, el dirigente indígena Yaku Pérez, de la Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (Conaie) afirmó que el gobierno «necesariamente tiene que al menos suspender el levantamiento de los subsidios, de otra forma no hay posibilidad de acuerdo». Agregó que el hecho de que se haya aceptado la propuesta de diálogo no significa que se vayan a levantar los bloqueos en las rutas de todo el país. «Los bloqueos van a continuar durante las negociaciones, esto no se levanta», enfatizó.
Mientras tanto, en el plano político, el frente opositor, liderado por el expresidente Rafael Correa, insiste en invocar los artículos de la Constitución que habilitarían a una salida de Lenín Moreno, ante los graves acontecimientos que vive el país desde el 3 de octubre, y abrirían el camino a una convocatoria anticipada de elecciones, proceso que podría tener a Correa como uno de los protagonistas centrales. El correísmo plantea que la aplicación de la figura de «muerte cruzada» contemplada en la Constitución es la única capaz de dar respuesta a la crisis desatada por las medidas de ajuste de Moreno.
— [191013 Ecuador Pabel Muñoz pág 25 1 – } «Moreno ya tenía apenas un 7% de aceptación y credibilidad antes de estos hechos. Aun cuando solucionara la crisis, ¿con qué legitimidad gobernará el día después?», se pregunta ante Tiempo Pabel Muñoz, diputado y dirigente de Revolución Ciudadana, el espacio político que responde a Correa. «La figura de muerte cruzada puede ser utilizada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) o por la asamblea para cesar en sus funciones al presidente. Esto no se nos ocurre a nosotros ni lo está recomendando (Nicolás) Maduro, está en el texto de la Constitución», dice en referencia a la acusación oficial de que las manifestaciones en contra del gobier] not exists. — tienen un carácter «golpista» promovido por Correa con ayuda del gobierno de Venezuela (ver aparte). «Es ridícula la acusación. Nos empezaron a calificar de desestabilizadores hace un año y medio simplemente por ejercer nuestro rol de oposición, desde que Moreno traicionó los programas políticos de la Revolución Ciudadana», afirma Muñoz.
El conflicto no parece ofrecer un horizonte claro. Mientras Moreno se mostraba confiado en un «pronto» arreglo, las comunidades indígenas, hoy principales protagonistas de la movilización, se cruzaron en nuevos y cada vez más violentos choques con la fuerzas de seguridad. Luego del llamado de los líderes a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la ciudad de Quito vivió un rebrote de violencia el viernes y sábado, en los alrededores de la sede del Palacio Legislativo. El edificio continúa sin actividad parlamentaria, y no por el Estado de Excepción, sino por la voluntad de la presidencia del cuerpo. «Está cerrada simplemente por la no convocatoria de su titular», explica Muñoz, que se encontraba circunstancialmente en Buenos Aires por motivos académicos. «Seguramente creerán que nosotros vamos a ir con la consigna de muerte cruzada, pero por más que lo hagamos somos 31 de 137 asambleístas (para aprobarse la destitución se necesita el voto de las dos terceras partes), más que nada no quieren que el órgano legislativo debata lo que está pasando y eso me parece de una grave irresponsabilidad», asegura.
Pese a este impedimento temporal, el correísmo empieza a preparar el terreno para un eventual regreso al poder. Es el propio Correa el que agita a través de sus redes y desde Bruselas, donde está radicado, el adelantamiento ante el «estado de conmoción» que vive el país, y quien instala la idea de una virtual candidatura suya. Esto, sin embargo, no es posible por dos motivos. Correa tiene un pedido de captura de la Justicia por una causa en la que se le atribuye supuesta responsabilidad en el secuestro de un exdiputado. Es decir que si regresa al Ecuador, como se especulaba falsamente la semana pasada, sería detenido al instante. Por otro lado, la enmienda constitucional promovida por Moreno a poco de asumir restringió la posibilidad de que vuelva a ser candidato a presidente por haberlo sido en dos períodos consecutivos. El correísmo piensa que puede saldar este escollo con una candidatura a vicepresidente o diputado en cabeza de lista, como el mismo Correa insinuó el viernes; y a la vez, bendiciendo a alguno de los cuadros de su espacio para que lidere una eventual fórmula. En esto, los ecuatorianos miran con suma atención el actual proceso electoral argentino. «Yo suelo sostener que Argentina es como Ecuador dos años adelante, y creo que puede pasar lo mismo».
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