El drama del alquiler en la Ciudad: los valores subieron hasta 87% en un año

Por: Marcelo Di Bari

Los departamentos de tres ambientes se ofrecen a un promedio de $ 85 mil por mes, según un relevamiento privado. Los aumentos superan el tope previsto por la ley vigente.

Los precios de los alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires subieron entre 70% y 87,5% en el último año, bastante por encima de la inflación, de acuerdo a un relevamiento realizado por el CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz). El trabajo revela las dificultades que tiene que atravesar un asalariado que debe afrontar esos valores y también deja al descubierto el incumplimiento generalizado del índice de actualización previsto en la ley de alquileres.

Según el informe del CESO, la mediana (término medio de la serie) de todos los departamentos ofertados en la Ciudad durante julio fue para el caso de los monoambientes de $ 49.000, un 75% más que en el mismo mes del año pasado. En el caso de las unidades de dos ambientes la cifra se eleva a $ 60.000, con un incremento interanual del 87,5%; y para los de tres ambientes la mediana es de $ 85.000, con una suba del 70% en los últimos 12 meses. En cada categoría, los precios varían en función de otras características propias, tales como antigüedad y si posee cochera, y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercanía a centros comerciales, entre otras).

“El contexto de aceleración inflacionaria suma incertidumbre a la hora de tener que fijar valores que van a regir durante 12 meses. Esto, que es un problema de la macroeconomía más allá de las condiciones contractuales, se viene traduciendo en altos valores de entrada que, con los ritmos de inflación actuales, se licúan rápidamente pero son una barrera muy significativa para ingresar en un alquiler”, detalla el informe del CESO.

En ese sentido, el documento traza una comparación entre esos valores y los ingresos de un asalariado, que en algunos casos quedan debajo de esa línea. Por ejemplo, en los departamentos de un ambiente, “el Salario Mínimo Vital y Móvil, que en julio es de $ 45.540, cubre el 92,9% de un alquiler. Para el caso del haber mínimo jubilatorio ($ 37.525), esta relación es de 76,6%”.

“Si bien alquilar puede implicar problemas a la hora de obtener garantías o pagar las comisiones, el costo del alquiler es la primera -y en muchos casos la mayor- barrera de ingreso. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los altos precios impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad”, agrega el informe.

Aumentos: qué dice la Ley de Alquileres

Además, el ritmo de los incrementos supera el establecido por la Ley de Alquileres vigente, que para evitar abusos por parte de los propietarios determina un índice que toma por partes iguales la variación de los precios al consumidor (IPC) estimados por el Indec y de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Ese coeficiente, que elabora diariamente el Banco Central, subió en los últimos 12 meses un 58%, de lo que se desprende que no está siendo tenido en cuenta para el ajuste anual de precios, como lo establece la norma vigente.

En ese aspecto, una encuesta realizada por el espacio Inquilinos Agrupados, con más de 2.000 casos en todo el país, revela que el 21,1% de quienes alquilan se ven expuestos a incrementos semestrales, trimestrales e incluso mensuales, lo que vulnera lo dispuesto por la ley 27.551 que sólo admite un ajuste por año. También señala que el 29,3% tiene contratos por plazos menores a los tres años que establece esa norma.

A dos años de su creación (en julio de 2020), muchos sectores consideran que la ley fracasó y presionan para que sea reemplazada por una nueva. Pero todavía hay muchas discrepancias sobre cómo debería ser la futura regulación. El Frente de Todos propuso mantener los conceptos básicos actuales que rigen los contratos (vigencia por tres años y actualización cada 12 meses), con algunos estímulos fiscales para los propietarios que buscan incentivar la oferta. En sentido contrario, Juntos por el Cambio propone bajar la extensión a dos años y desregular los precios, dejando que el ajuste sea determinado libremente entre las partes. Las discrepancias son muchas y muy importantes y por esa razón la puja todavía no está resuelta.

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