El organismo convocó a una sesión extraordinaria, motivado por los hechos de represión en Jujuy, y declaró en un comunicado que "el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la protesta social" y que "las fuerzas de seguridad deben actuar con estricto apego a los principios internacionales y constitucionales en materia de respeto a los derechos humanos para las personas manifestantes".
En el mismo sentido dijo que debe asegurarse el «pleno respeto de las garantías de defensa y salvaguardas efectivas para las personas privadas de su libertad con motivo de la protesta». El Consejo «llama a la pronta localización de todas las personas que participaron en las protestas, cuyo destino es desconocido por sus familias y comunidades» y «exige que se garantice la integridad física y atención médica tanto de las personas detenidas como de todas aquellas que fueron reprimidas durante la protesta».
El organismo recomendó que se realice una investigación «expedita, eficaz, adecuada e independiente para establecer las responsabilidades que pudieran devenir de la actuación de las fuerzas de seguridad provinciales» y con la firma de los organismos que lo integran respaldan las acciones del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de la provincia de Jujuy así como los integrantes de su Consejo Consultivo y organizaciones sociales habilitadas a monitorear los lugares de encierro y «ratifica la plena disposición de todos los actores del Sistema Nacional de Prevención a cooperar con su tarea».
Firmaron el comunicado la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y los comités y comisiones para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
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