El Congreso de Ecuador aprobó avanzar en el juicio político contra el presidente Lasso

El Parlamento de Ecuador aprobó con 88 votos avanzar en un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por malversación de fondos públicos por un contrato de transporte de hidrocarburos y ahora el pleno del cuerpo deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos para confirmar la destitución.

La solicitud es la de «enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la infracción constitucional de peculado», señaló el texto, votado por una amplia mayoría de 88 de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional (AN) presentes en la sesión.

La votación se inició pasadas las 14.44 (16.44 de Argentina) y luego de que 20 asambleístas de diferentes bancadas intervinieran y presentaran sus respectivos análisis a favor y en contra de proseguir con la moción, presentada por la mañana por la asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes), una de los interpelantes para la causa, informó el diario El Comercio.

En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, sufragaron 23 diputados y cinco se abstuvieron.

«Un Presidente caído es un Presidente liquidado políticamente. ¡El juicio va! Más allá de los embustes y argucias de los legisladores oficialistas. El pueblo los juzgará y jamás volverán a poner un pie en el hemiciclo legislativo. El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará», dijo Veloz en su cuenta de Twiter donde compartió un fragmento de su exposición en el hemiciclo.

Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos, silbidos y gritos de «fuera Lasso» en el pleno del Parlamento, informó la agencia de noticias AFP.

La acusación

La solicitud de juicio político se basa en una acusación por el delito de peculado que se habría cometido en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, una alianza de firmas.

Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era lesivo para el país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado, el mandatario no suspendió el acuerdo.

La defensa del presidente alega que el contrato en cuestión fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.

El siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según el artículo 142 de dicha norma, luego de la aprobación por más de 70 votos, tal como se obtuvo en el día de hoy, se debe convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o no de la censura y destitución del presidente.

El jefe de Estado podrá ser sancionado de reunirse un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento (unicameral) y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025.

Según el asambleísta Fernando Cedeño (Unes), la convocatoria debería ser para este lunes, es decir, un día después de la renovación de las autoridades de la Asamblea prevista para este domingo 14 de mayo. Y el juicio debería llevarse adelante aun si el presidente Lasso no asiste a la sesión del Pleno.

El bloque oficialista acusó durante la sesión a los partidarios del expresidente Rafael Correa de promover un «golpe de Estado parlamentario» contra el Gobierno de Lasso.

El coordinador de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, aseguró que la intención de la resolución era «hacer una medición» de las fuerzas de la oposición para la posible destitución de Lasso.

Según Flores, las negociaciones del juicio político se mezclaron con las de la renovación de las autoridades de la Asamblea informó el portal de noticias ecuatoriano Primicias.

Más temprano, el Ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez.

«No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado», pues la comisión parlamentaria de Fiscalización y Control Político -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedía o no el juicio contra el gobernante, aseguró la cartera en su cuenta de Twitter junto a un video con palabras similares del ministro Henry Cucalón.

La comisión de Fiscalización había recibido un informe confeccionado por otra comisión compuesta por asesores de los legisladores y que concluyó que el mandatario no cometió ningún delito.

“No se ha establecido una mínima verosimilitud de los hechos objeto de la acusación admitida a trámite por la Corte Constitucional, ni una relación de causalidad entre los hechos y el funcionario acusado”, señala el borrador del texto, que será discutido mañana por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), según revelaron medios locales.

Así, el sábado la comisión de Fiscalización no alcanzó los 5 votos necesarios, de 9 posibles, para aprobar el informe de su presidente, Fernando Villavicencio, el cual desestimaba el enjuiciamiento.

Al concluir la votación, Veloz apuntó en Twitter contra el presidente de la comisión: «Las falacias y mañoserías de Villavicencio sucumbieron ante la fuerza del Derecho».

A las afueras del Palacio Legislativo, la Policía reforzó el dispositivo de seguridad, debido a que el correísmo había convocado a manifestaciones y un pequeño grupo de opositores al gobierno exigía la destitución de Lasso, quien asumió en mayo de 2021.

Sin embargo, no se produjeron desmanes.

Esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo al impopular gobernante.

En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los votos necesarios.