Todo conspira contra la erradicación o, por lo menos, el control del virus: la fragmentación de los esfuerzos en todo el mundo, la mercantilización de la producción y distribución de los antivirus y la guerra entre países para acaparar las vacunas. El contexto argentino entre la contienda de EEUU con China y Rusia, y el estreno local de la vacuna Sputnik V. Por qué no hay certezas sobre el final de la pandemia.
Nada de eso es lo que sucede, pese a la proeza científica que significa la investigación y desarrollo de las vacunas en un período increíblemente corto. Quizás el único campo en que la solidaridad se impuso a los mercados, las naciones y las ideologías, ha sido el de las ciencias, donde investigadores de todo el planeta intercambiaron información imprescindible para combatir la pandemia.
El resto de aquella utopía no se ha cumplido en absoluto. Ni ha devenido más equitativa la distribución de los alimentos, el agua potable y los medicamentos entre las clases y naciones, ni la protección ambiental le ha ganado un centímetro a la depredación empresaria, ni la codicia de los dueños de los medios de producción ha disminuido un centavo.
Por el contrario, la pandemia y las restricciones que ella impone, así como las nuevas modalidades del trabajo y la producción, han renovado la ofensiva del capital sobre los trabajadores y los consumidores, con enormes presiones sobre los gobiernos para orientar a su favor el curso y la resolución de la crisis. No hay que ir muy lejos para constatar esta conclusión: es el paisaje diario de los argentinos, donde se libra una batalla sin cuartel entre el salario y el capital.
En este desgraciado contexto, la invención simultánea de varias vacunas se inscribe en los que los epistemólogos llaman un sistema complejo, en este caso caracterizado por:
”Vacunas respetadas”
En la Argentina esto se manifestó brutalmente en la campaña conducida por los conglomerados de comunicación y seguida al pie de la letra por la derecha política que convive en Juntos por el Cambio, que se desplegó en dos campos: uno fue la insidiosa prédica anti vacuna desarrollada de manera agresiva y explícita o más o menos solapada, la otra fue la exaltación de la vacuna Pfizer-BioNTech (EE:UU.-Alemania), en primer lugar, en paralelo a la descalificación absoluta de la Sputnik V. En rigor, se reprodujo aquí la batalla mundial contra las vacunas rusa y china encabezada por Pfizer.
En esa épica, el columnista histórico de La Nación Joaquín Morales Solá encontraba inexplicable que el gobierno haya desechado las “vacunas respetadas” como Pfizer, cuyas condicionalidades ya habían aprobado otros países como Chile, Perú y Colombia. Un día después, BBC News, insospechable de simpatías incorrectas, expuso en una larga nota las exigencias extorsivas de las empresas farmacéuticas, con sus cláusulas de confidencialidad y garantías contra cualquier fallo del producto. La nota afirma: “En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.”
Pero el reclamo más insólito ligado a la negociación del gobierno argentino con Pfizer lo relata el médico genetista Víctor Penchaszadeh en el portal El Cohete a la Luna: “De hecho, ya en los primeros días de octubre de 2020 se comentó que podría haber dificultades para el ingreso de la vacuna al país y el Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá se reunió con el embajador de Estados Unidos para allanar cualquier problema. Llamativamente en dicha reunión el embajador aprovechó para quejarse de la postura argentina de no intervención sobre Venezuela.”
La gestación de un virus del tipo del Covid-19 había sido largamente anunciada por prestigiosos científicos de todo el mundo, incluida la máxima autoridad de investigación en salud de EE.UU., Anthony Fauci, hoy asesor médico del presidente Joe Biden. No obstante, su llegada sorprendió incluso a los países ricos, con EE.UU. a la cabeza, sin capacidad inmediata de responder a una demanda sanitaria masiva como la que generó la pandemia, con sus sistemas de salud pública desmantelados y la producción de medicamentos e insumos desplazada a China y otros países que ofrecen menores costos de producción.
Fue la consecuencia de 50 años de políticas neoliberales, de fragmentación, subcontratación, eliminación de fondos, recortes presupuestarios, privatizaciones y la aplicación de gestiones just in time, de cero camas desocupadas porque representan un gasto inútil, al igual que cero stock de máscaras, respiradores y otros insumos, cuyo almacenamiento y conservación es un costo evitable. Ocurre que el propósito de la intervención del Estado ya no es el cuidado de la salud de la población sino asegurar la productividad del hospital y de la estructura sanitaria en su conjunto.
Un fracaso moral
Hace unos días, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertía que la humanidad enfrenta el riesgo de un «fracaso moral catastrófico» a causa de las diferencias en el acceso a las vacunas que previenen el Coronavirus, lo que postergaría por varios años la inmunización de la población de los países pobres. Es lo que anticipa la apropiación de las vacunas por parte de las naciones ricas, que acaparan dosis que superan entre dos y cuatro veces, según los casos, el número de sus respectivas poblaciones.
Ante el riesgo inminente de que los pudientes del mundo acumulen las vacunas a costa de dejar desabastecidos a los más pobres, la OMS lanzó en abril pasado el ambicioso programa internacional Covax para garantizar la distribución equitativa de las vacunas en todos los países, a costo cero en los de menores recursos.
Covax es una iniciativa global liderada por la OMS y dos grupos de defensa de las vacunas: la fundación Gavi y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI).
Según la OMS, detener el Covid-19 requerirá un piso de inmunidad del 70% de la población mundial. Con una tasa anual de 2.000 millones de dosis, llevaría varios años vacunar al 70% de los 7.800 millones de personas que pueblan este mundo.
Los expertos consideran difícil un salto extraordinario y a corto plazo de la producción porque implica riesgos que los gigantes farmacéuticos no están dispuestos a asumir. Hay una treintena de proyectos de vacunas en etapa preclínica, como los de Cuba e Irán, cuya maduración augura un gran número de vacunas que volverán obsoletas las enormes instalaciones de producción, con el agravante de que una mayor oferta presionará sobre los precios afectando fuertemente la rentabilidad empresaria.
Pero cada día que pasa multiplica los enormes costos materiales y humanos de la prolongación de la pandemia. Entre otros, la mutación del virus, que desplaza las respuestas virológicas y crea nuevas necesidades y demandas. La fragmentación de los esfuerzos en todo el mundo, la mercantilización de la producción y distribución de los antivirus, la guerra entre países para acaparar las vacunas, todo conspira contra la erradicación o por lo menos el control del virus.
Existe un vasto clamor de países, expertos y organizaciones que señalan la urgencia de que se fijen reglas firmes sobre la propiedad intelectual de las patentes, los precios, los diseños y la distribución del antivirus. En ese sentido, Sudáfrica e India presentaron un proyecto ante el Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para aplicar una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 mientras dure la pandemia.
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