El caso de la Virgen de 4 metros, símbolo de un Estado alejado de la Iglesia

El pedido para instalar una gigantesca escultura de la Virgen María en un sitio histórico de Montevideo reabrió en 2016 una polémica iniciada en el siglo XIX y volvió a dividir a una sociedad en la que conviven todas las religiones pero que se ha desarrollado bajo los principios del laicismo. Sin hacer ruido, como para que pasara inadvertido, el cardenal Daniel Sturla presentó su proyecto al legislativo comunal de la capital: montar una Virgen de casi cinco metros de altura junto a lo que fue la primera Aduana del país. Pero metió la pata cuando dijo que el petitorio obedecía a su certeza de que “el pueblo uruguayo ha evolucionado en su laicidad”.

Eso de “evolucionar” irritó a agnósticos y ateos por igual. De izquierda a derecha –pese a que en primera instancia el gobierno progresista del Frente Amplio en Montevideo había dado el visto bueno a la idea–, todos saltaron. Sólo los católicos apoyaron al cardenal. El expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), un agnóstico declarado, estuvo entre los más duros. “Lo que queremos quienes nos definimos contra ese monumento es que no se haga de un espacio histórico una especie de iglesia a cielo abierto. Eso no se compadece con la neutralidad que el Estado debe mantener ante todas las corrientes religiosas”. La propuesta fue rechazada.

Sturla y sus fieles pecaron al no tomar en cuenta la fuerza que aún conserva el sentimiento anticlerical de los uruguayos, que excluyen a la Iglesia Católica (IC) de la vida institucional desde los orígenes de la lucha anticolonial, en los inicios del siglo XIX, cuando el país todavía no existía como tal. Los historiadores recuerdan que fueron excepcionales los religiosos que se plegaron a la gesta libertadora, que José Artigas (el prócer patrio) siempre rechazó el uso de su nombre de bautismo (Gervasio) y que la palabra dios no figura en sus epístolas, salvo en aislados casos en los que la usó por razones formales, no para invocarlo.

En la Constitución fundacional de 1830 se estableció que la religión del Estado sería la católica. Tres décadas después se instaló para siempre un enfrentamiento que tuvo puntos culminantes en 1917, cuando el Estado rompió el Concordato, y 1919, cuando se quitaron las referencias religiosas al nombre de las ciudades y festividades tales como la Navidad.

En 1861 se dispuso la “secularización de los cementerios”, después de que la IC se negara a darle sepultura a los restos de un masón. Días después de su muerte, el cuerpo del médico Enrique Jacobson fue inhumado gracias a una orden expresa del gobierno, para lo cual previamente le quitó a la Iglesia la administración de los cementerios, Además, y “por razones de higiene”, se prohibieron las misas de cuerpo presente. Luego, en 1879, por la Ley de Registro Civil, se sacó del ámbito eclesial el registro de casamientos, nacimientos y defunciones, y en 1885 se determinó que el casamiento civil sería anterior al religioso, por lo que ninguna pareja podía casarse ante dios si antes no lo había hecho ante el Estado.

Hace un siglo y medio, en 1877 y en lo que fue el más duro golpe recibido por la IC en el siglo XIX, se promulgó la Ley de Educación. Por ella, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en sacar la religión –y la visión religiosa de los fenómenos físicos y astronómicos– de los programas de enseñanza en todos los niveles. La norma estableció que, desde entonces, la educación sería “laica, gratuita y obligatoria”. Recién en 1984, en uno de los últimos actos administrativos de la dictadura (1973-1985), se autorizó la instalación de la primera universidad privada y católica del país.

En los inicios del siglo XX, finalmente, se registró una sucesión de episodios que terminó por relegar a la IC a un papel secundario. En 1906 se ordenó retirar los símbolos religiosos de los hospitales públicos. Se permitió que hasta su retiro laboral las monjas siguieran acompañando a los creyentes internados allí, pero el Estado dejó de pagarles un sueldo. En 1907 se promulgó la Ley de Divorcio por mutuo consentimiento. En 1909 se suprimió el Vicariato Castrense. En 1913 se estableció que el divorcio también podía gestionarse por “la sola voluntad de la mujer”.

La denuncia del Concordato (1917) llegó con la sanción de una reforma constitucional que estableció la libertad de culto y reafirmó que el Estado no sostiene religión alguna. Dos años después fueron secularizados los feriados. Desde 1919 el 6 de enero dejó de llamarse día de los Reyes para llamarse Día de los Niños, la Semana Santa pasó a ser Semana de Turismo, el 8 de diciembre ya no es el Día de la Virgen para ser el Día de las Playas y el 25 de diciembre no es más la Navidad sino el Día de la Familia. Es todo un enigma que sólo una de las 19 capitales departamentos, San José, haya conservado el nombre religioso de los tiempos coloniales. Y que una fortaleza militar, Santa Teresa, mantenga el suyo, aunque convertida en un bello camping en las aguas oceánicas de Rocha.  «