Por José Cruz Campagnoli, legislador porteño por Nuevo Encuentro-FPV
Estas frases no son ingenuas. Por el contrario, son el núcleo de una de las más profundas batallas ideológicas que el gobierno de Macri ha decidido dar. Están intentando instalar en el sentido común de los argentinos que el Estado no tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a servicios básicos y esenciales como el agua, el gas, la electricidad o el transporte.
El aumento de la tarifa del subte que impondrá desde este miércoles el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es un eslabón más del tarifazo general que se está implementando a nivel nacional. Es, en definitiva, un eslabón más de esta batalla ideológica y cultural.
En efecto, en este contexto los subsidios aparecen como mala palabra, como mecanismos para «sostener vagos » o «fomentar el derroche». De esta manera, están buscando convertir esos derechos esenciales en mercancías, con un precio fijado por el mercado, y que aquellos que no tengan los recursos para pagarlos, directamente no puedan tener acceso. En simultáneo, promueven el desempleo, lo que aleja cada vez más a la mayoría del pueblo de esos servicios esenciales.
¿Cuál es el principal objetivo de esta batalla cultural de la derecha? ¿Es achicar el gasto público? No. ¿Es reducir el déficit fiscal? Tampoco. Con estas medidas el macrismo pretende legitimar una reorientación del gasto del Estado en beneficio de los más ricos. ¿Qué fue sino la baja de retenciones a las exportaciones, que significó una notable transferencia de recursos desde el Estado hacia el sector agropecuario (estimada en 60 mil millones de pesos anuales) y a las empresas mineras? O el mismísimo tarifazo de gas. Bajo la excusa de incentivar las inversiones, el Poder Ejecutivo fijó una suba del gas en boca de pozo (que entre otras empresas beneficia a Shell, de Aranguren) llevando el valor a niveles considerablemente superiores a los internacionales. En consecuencia, según estimaciones del Estudio Bein, de los 3500 millones de dólares adicionales que familias y empresas tendremos que pagar por el gas, 2000 millones irán directo a las arcas de las empresas petroleras. Entonces, más del 60% del aumento directo va a los bolsillos o cuentas offshore de los grupos económicos.
No les preocupa el déficit, sólo a quien beneficia. Se confirma una vez más que el de Macri es un gobierno de los ricos para los ricos.
Contra esta avanzada de la derecha, hay que seguir defendiendo el derecho inalienable de todos los ciudadanos a acceder a los derechos básicos. En nuestro país, está saludablemente instalado en el sentido común despues de muchisimos años de lucha que todos tenemos derecho a la educación y a la salud, independientemente de si puede pagar por ellas o no. Son conquistas alcanzadas hace muchos años. De modo similar, deberíamos concebir al acceso a los servicios básicos como la luz, el gas, el agua y el transporte, como derechos que el Estado está obligado a garantizar, fijando tarifas que no excluyan siquiera a un argentino o argentina.
Hoy, el camino para derrotar las políticas neoliberales es la movilización. El ruidazo de unas semanas atrás contra el tarifazo que se hizo sentir en distintos lugares del país dejó en claro que el pueblo no permitirá fácilmente que se concreten los intentos del macrismo por concentrar la riqueza en los sectores más acomodados, enfriar el consumo de los sectores populares, y mercantilizar cada vez más aspectos de la vida en sociedad. Hay que seguir batallando para evitar que construyan un sentido común que justifique que los ricos tengan derecho a ser felices y el resto, condenado a las penurias.
La Marcha Federal que se está preparando y que nos reunirá a todos también va en este sentido. Para frenar el ajuste e impedir la idea de un país cada vez más excluyente, tenemos que manifestarnos con todas nuestras fuerzas porque hoy, la madre de todas las batallas contra el ajuste se da en las calles.
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La resolución fue aprobada con 158 votos a favor, nueve en contra y 13 abstenciones.