En el primer bimestre del año, el gobierno desembolsó en haberes de jubilados y pensionados un 33% menos que un año atrás. El poder adquisitivo de la mínima cayó casi un 50% solo en enero y febrero.
El cálculo fue realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Según ese organismo oficial, “la baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad (que toma como referencia períodos anteriores asociados a recaudación de la Anses y salarios), como así también por la frecuencia de actualización (trimestral), parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos”. Actualmente la jubilación mínima es de $ 134.445, aunque el piso efectivo se eleva en 70 mil pesos por el bono extraordinario.
Entre enero y febrero, la suma que destinó el gobierno a jubilaciones y pensiones bajó un 33% en términos reales, incluyendo los regímenes especiales para personal retirado de fuerzas de seguridad. En particular, “el gasto ejecutado por la Anses sumó $ 2.872.830 millones (-34,9% interanual real), de los cuales $ 2.473.822 millones corresponden a la liquidación regular (-39,6% interanual real) y $ 399.008 millones (26,8% interanual real) a complementos de ingresos para los haberes más bajos (bonos)”, destacó el análisis de la OPC.
Del documento se desprende que los haberes previsionales son víctima de un corsé doble: la caída de los salarios reales, que cayeron un 23% promedio desde el inicio del gobierno de Milei, y la aceleración de la inflación, que se verá reflejada en aumentos de recaudación de la Anses recién en los próximos meses, si es que los aportes y contribuciones sobre los salarios suben en la misma proporción. En ese sentido, el hecho de estar atado a un factor que viene cayendo de manera sostenida y planificada, como los salarios reales, influye tanto o más que el rezago de un trimestre en la actualización de los componentes de la fórmula de movilidad.
Motosierra y licuadora
La reducción en el monto real que percibe el sector pasivo también cobra protagonismo al compararlo con los esfuerzos de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, en reducir el gasto público. De acuerdo a los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los jubilados soportaron el 43% de la reducción total del gasto, como consecuencia de la licuación de sus ingresos.
Al analizar los gastos devengados del primer bimestre, el Iaraf estimó que “la reducción total del gasto primario habría sido de 3.869.000 millones de pesos en moneda de febrero de 2024. Una vez más, los jubilados y pensionados habrían sido el grupo más afectado por esta reducción, contribuyendo con el 43% del total, equivalente a $ 1.682.000 millones”. En otros rubros también hubo una caída significativa, como las transferencias a las provincias, que bajaron 64,7% y las compras de bienes y servicios, que se redujeron en 46,2%, pero su peso en el total de gastos de la Administración Pública es mucho menor.
“Esto refleja que la licuación de jubilaciones y salarios del primer bimestre explica la mitad de la reducción total de gasto primario ejecutada en el período”, dice el trabajo del Iaraf. “El objetivo saludable de alcanzar el equilibrio fiscal debe incorporar otras potenciales fuentes de financiamiento como el gasto tributario, es decir las exenciones y beneficios tributarios que tienen determinadas actividades”, agrega el artículo.
El no disimulado énfasis en licuar los montos destinados al sistema previsional tiene una explicación: aun con los recortes sigue siendo el principal gasto del gobierno, casi triplicando los salarios de la Administración Pública y cuadruplicando las partidas destinadas a programas sociales y a subsidios económicos.
La pelea en el Congreso
En su fallido proyecto de ley ómnibus (que no pasó el filtro de Diputados), Milei se arrogó el derecho de derogar la movilidad previsional y aplicar aumentos de modo discrecional, lo que dejaba librada a su mera voluntad la decisión de si la situación de los jubilados evolucionaría para mejor o para peor. Ese fue precisamente uno de los motivos que trabó la aprobación del proyecto en Diputados.
En el medio, desde La Libertad Avanza se instaló la posibilidad de quitar el beneficio a quienes accedieron a través de una moratoria y reconvertirlo en un plan social que, se supone, quedaría desenganchado de cualquier tipo de movilidad. La idea, elaborada al amparo de una supuesta reivindicación de quienes debieron aportar durante 30 años para poder jubilarse, también generaría ahorros por desafectar a 4 millones de personas de la cobertura médica y social que brinda PAMI. “Son jubilados ficticios que generan emisión monetaria”, llegó a decir en una entrevista la diputada libertaria Juliana Santillán. Desde la Casa Rosada desmintieron que algo así se vaya a poner en práctica. “Es falso, nadie va a hacer ningún cambio respecto a eso”, dijo el vocero Manuel Adorni.
Lo cierto es que en su negociación con las provincias, el gobierno debió bajar un par de cambios. El viernes, después de la maratónica reunión de casi cuatro horas con los mandatarios provinciales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el Ejecutivo “presentará un proyecto de ley con una fórmula de actualización de jubilaciones. Se buscará adecuar la norma para lograr el mayor consenso posible”.
Con esa jugada, los libertarios buscan frenar los proyectos sobre el tema. El bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, había presentado un proyecto de ley con una metodología que incluía ajustes mensuales por inflación y pedido a la presidencia de la Cámara baja una sesión especial para debatirlo este miércoles. También había otro similar de la macrista María Eugenia Vidal.
La premisa de máxima de Milei está contemplada en su promocionado Pacto de Mayo, que incluyó un punto sobre una reforma previsional que “permita , a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”, lo que aliviaría la carga para el Estado. Habrá que ver si esa idea pasa el tamiz de los gobernadores y del Congreso.
Los números provisionales sugieren que en febrero se profundizó el recorte del gasto público, pero a diferencia de lo ocurrido en el primer mes del año, el pago de intereses de deuda por $ 1,115 billones habría dejado un déficit financiero de $ 186.635 millones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los gastos primarios fueron de $ 4,097 billones, con una caída interanual en términos reales de 36,5%. Los ingresos subieron levemente (2,6%) hasta los $ 5,141 billones.
De esa manera, el superávit primario mensual fue de $ 929.154 millones y el acumulado del primer bimestre llega a $ 3,482 billones. En cuanto a la reducción del gasto, “todos los conceptos mostraron disminuciones reales en la comparación interanual. Las más significativas se observaron en los gastos de capital (-82,4% interanual), en las transferencias corrientes a provincias (-73,0% interanual) y en los subsidios energéticos (-59,5% interanual)”, señaló la OPC.
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