Así lo determinó una encuesta nacional de la Federación de Inquilinos, realizada a 8 mil locatarios de todo el país. Casi 6 de cada 10 manifestaron percibir menos ingresos respecto al mes de marzo.
Casi 8 mil personas que alquilan en todo el país respondieron la encuesta entre el lunes 6 y el jueves 9 de abril: el 45% de entre 26 y 35 años. De acuerdo a lo contestado, el 41,9% no pudo pagar el mes de abril por la pérdida de sus fuentes laborales o por haber mermado sus ingresos. La cifra varía según la región: en la Ciudad de Buenos Aires no pudo abonarlo el 30% de los encuestados, en Provincia fue el 39%, y en Córdoba el 42,5%.
«Los inquilinos atraviesan una crisis gravísima. Es fundamental que se congelen los precios de los alquileres y se suspendan los desalojos por dos años. Además, es urgente que apenas reabra el Congreso se vote una ley de alquileres que lleve tranquilidad a 9 millones de inquilinos e inquilinas en todo el país”, apuntó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Y destacó otro dato negativo: tres de cada diez encuestados afirmaron tener un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde la cuarentena.
En las últimas semanas el gobierno lanzó medidas como la suspensión de desalojos y el congelamiento de alquileres al valor de marzo, y que la diferencia producida por la falta de pago se abone a partir de octubre en tres cuotas, con intereses compensatorios. Sólo quedaba exceptuado aquel locador que acredite que depende del pago del alquiler para cubrir sus necesidades básicas. También congelaron las cuotas de los créditos hipotecarios y establecieron el pago electrónico de los contratos.
Como esa modalidad genera que el propietario pueda verse verse obligado a responder el origen del dinero, es decir, «blanquear» la propiedad, en la práctica termina por no verse efectivizado: la encuesta revela que el 51% de los inquilinos no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, que tenía como objetivo evitar la circulación y la propagación del virus. De nuevo hubo mayor cumplimiento en CABA (distrito en el que existen antecedentes de legislación sobre el mercado inmobiliario, aunque sin mayores cumplimientos), donde el 57% pagó vía CBU, respecto a Provincia, en la que apenas el 30% pudo hacerlo. Desde la Federación reclamaron sanciones a las inmobiliarias que no cumplan con el decreto, y atribuyen la irregularidad a que las inmobiliarias tienen la mayor parte de sus contratos «en negro».
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