Son alrededor de 2.300 policías porteños que componen las autodenominadas “brigadas de prevención", que deambulan por las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires y no siempre cuentan con la autorización judicial correspondiente. Casi un 60% están en la zona Sur de la Ciudad.
Las cifras oficiales de agentes de la policía de la Ciudad indican que hay más de 26.500 efectivos, de los cuales alrededor de 6.500 realizan tareas administrativas en cada uno de los estamentos policiales que están distribuidos en las 15 comunas y, de la cifra total, 20 mil están en las calles porteñas. Desde la cartera que conduce Marcelo D’Alessandro no quisieron confirmar la cantidad de policías que se encuentran en las brigadas preventivas, aunque una fuente de la jefatura de gobierno confió a este medio que son «alrededor de 2.300 efectivos» y que «casi el 60% concentran sus funciones en la zona sur de la Ciudad». En la Comuna 4, hay varias «brigadas de prevención», con 3 o 4 agentes en cada móvil, distribuidas entre los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios.
El Artículo 159 de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad es claro: «El personal con estado policial usa obligatoriamente el uniforme reglamentario y su debida identificación en todos los actos de servicio, salvo en los casos de excepción que, por autorización expresa, realice la superioridad o exista orden emanada de autoridad judicial». Es decir, las autodenominadas «brigadas de prevención» que tirotearon el auto donde viajaba Lucas no están institucionalizadas como tal, salvo que la orden la de la Justicia o un superior.
«La primera pregunta que tengo para hacerle al Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, es qué son las ‘brigadas de prevención’, porque la verdad es que no hay una institucionalidad clara de lo que esto significa, porque la Ley de Seguridad porteña es muy contundente y específica en ese sentido pero, D’Alessandro, esto lo ha transformado en su discurso público al plantear que uno de los supuestos es orden policial y el otro es prevención, y aquí hay que profundizar un poco porque hay que ver qué es lo que entiende el ministro como prevención», opina en diálogo con Tiempo la Legisladora porteña Claudia Neira, que presentó un pedido de interpelación contra el ministro de Seguridad por este tema. La diputada de la Ciudad, que además es la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, cuestiona sobre el tipo de funciones que desempeñan estas brigadas dentro de una comisaría.
«Desconocemos cuáles son las tareas que se les asignan porque claramente esto funciona en el marco de una orgánica donde tienen tareas asignadas, y es por eso que me pregunto por qué nadie habla de los comisarios. Nadie habla del comisario Comunal responsable de la comuna, ni tampoco del titular de la comisaría 4D, ubicada en California 1850, en la que prestaban servicios los tres agentes de la Brigada 6 de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna N°4, que entiendo que es el responsable directo de esta brigada; y digo ‘entiendo’ porque tampoco tenemos información oficial».
La Ley N° 5.688, del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad, se sancionó el 17 de noviembre de 2016, durante la primera gestión de Horacio Rodríguez Larreta al mando del ejecutivo porteño. La gran mayoría coincide que la norma es buena, aunque perfectible, y que requiere de una revisión profunda. «Sin dudas es una ley que tiene un marco de una policía democrática, pero que quizá a esta altura del partido es urgente revisar algunos conceptos, porque evidentemente hoy se ha acelerado un marco peligroso que está llevando a que tengamos cientos de policías de civil en las calles poniendo en riesgo la vida de las personas», agrega Neira, y termina: «Yo no diría que son agentes parapoliciales porque pertenecen a las fuerzas de seguridad, lo que muchas veces parece que hacen son tareas parapoliciales que es diferente, porque se mueven en los bordes de la institucionalidad y salen y entran de esa institucionalidad».
Asociación ilícita entre policías y funcionarios del GCBA
Además del pedido de interpelación al Ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro y de un pedido de informes sobre las «brigadas de prevención», presentados por la diputada Neira; el legislador porteño, Leandro Santoro, junto a la Comisión de DDHH de la Legislatura porteña, presentó una denuncia penal, para que la justicia investigue la existencia de una supuesta asociación ilícita entre policías y funcionarios del GCBA. El diputado explicó que la misma surge a partir de la investigación de un artículo periodístico publicado en Clarín, en relación a las circunstancias en las que, el miércoles pasado, se produjo el asesinato del adolescente Lucas González.
La presentación judicial se realizó con el patrocinio del abogado Miguel Ángel Pierri éste martes pasadas las 10:30 de la mañana. Se trata básicamente de «una denuncia penal para que se investigue la existencia de una Asociación Ilícita integrada por policías y funcionarios, que opera en el Sur de la Ciudad, con el objetivo de cometer delitos tales como el de extorsión, cohecho, exacciones ilegales, y encubrimiento, entre otros a determinar por la Justicia Federal junto a las responsabilidades», anunció Santoro en su cuenta de Twitter.
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