Integra la bicameral del Congreso que investiga la participación de agentes de la AFI en la "Gestapo macrista". Cree que es indispensable un gran acuerdo político para la reforma judicial.
–¿Cuál es el trabajo de la comisión y qué cree que termina de comprobar el video que se dio a conocer ante la opinión pública?
–Es una prueba contundente de una mesa judicial nacional y provincial que da la sensación de que ya es una mueblería directamente. Es increíble lo que se ve en ese video, cómo quieren preparar a los empresarios para tratar de privar de la libertad a dirigentes sindicales. Nuestra primera obligación es saber qué hacían tres funcionarios políticos, los más importantes de la AFI –debajo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani– coordinando esa reunión donde había dos ministros de la gobernadora de la Provincia y un secretario de Estado, el viceministro de la Provincia con espías y empresarios. Pero, lo que se ve en el video es que los que llevan la voz cantante son los más altos funcionarios políticos de la AFI: Darío Biorci, cuñado y jefe de Gabinete de Majdalani, subdirectora de la AFI durante el gobierno de Macri, y Sebastián De Stefano, que recaló en el directorio de Subterráneos de Buenos Aires.
–¿Qué le parece la decisión que tomaron aquellos empresarios que no se presentaron ante la bicameral por recomendación de sus abogados?
–No todos los empresarios han planteado eso. Hay algunos que han presentado escritos donde relataron pormenorizadamente cómo era la relación contractual con el Banco Provincia y hay otros que plantearon cambio de fecha. Cada uno cargará con su conciencia. Nosotros tenemos que seguir investigando a fondo esta situación. Lo más grave no es el video, sino que después ejecutaron lo que planificaban en este video, lo hicieron. Y la detención no fue por una denuncia judicial sino por un anónimo. A “Pata” Medina le armaron una denuncia, eso se llama armar causa, a partir de un anónimo. Todo eso salía por orden de De Stefano cuando fueron a declarar los agentes del Súper Mario Bros y contaban por qué habían tenido que ir a espiar a la hermana menor de Macri, al jefe de Gobierno de la Ciudad Larreta, a Santilli, a la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando inventan que puede haber un atentado terrorista en el G20 y que pueden atentar contra Cristina, y por eso es el pretexto con el que arman el espionaje ilegal en el Instituto Patria. Todo eso salía por orden de jurídicos, por orden de De Stefano. Realmente fue la planificación de una persecución que en muchos gremialistas se concretó. La naturalización del espionaje ilegal que les hicieron a ellos mismos, los nombran como funcionarios.
–¿Qué le parece el accionar de la Justicia y cómo cree que está llevando el resto de las causas de espionaje?
–Gracias a la investigación, hemos visto audios y videos del espionaje ilegal, ya sea por el tema Marcelo D’Alessio, por Mario Bros o por este video que denunció la interventora de AFI Cristina Caamaño. Creo que la Justicia Federal de Lomas de Zamora y la de Dolores trabajó muy bien. También la de Azul, el doctor Martín Bava, a cargo de la Justicia de Dolores con el tema de los familiares espiados del ARA San Juan, extraordinario su trabajo. La que trabajó horriblemente es la Justicia de Comodoro Py, que lo único que hizo fue demorar las causas o dar el sobreseimiento a quienes se había probado su accionar. No puedo tener desesperanza, la justicia tarde o temprano va a llegar, no tengo dudas.
–¿Considera que es necesario avanzar en una ley para descentralizar tribunales federales? ¿O cree que el mismo oficialismo complicó con internas avanzar en el tema?
–Lo que es indispensable es una reforma judicial. En eso necesitamos que un sector de la oposición se siente a acordar porque el proyecto ya está en el Congreso y es necesario un gran acuerdo político para avanzar. Seguramente, todos hemos cometido errores de no haber logrado los acuerdos los últimos años para avanzar con la reforma judicial. También me hago la autocrítica. Creo que es muy lamentable el servicio de justicia hoy, no solo estos casos públicos que hemos hablado, sino ver que el expresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz –que también fue espiado dos veces por los espías de Mauricio Macri– esté hoy en el mismo barrio privado en Neuquén que el expresidente. Soy de una generación que estudió abogacía a la que le decían que los jueces no solo deberían serlo sino parecerlo, y lo que siento es que ni por modos de vida ni por los fallos que hacen son ni parecen.
–¿Cómo ve la reacción de la oposición frente a estos temas?
–En algunos casos bien, en otros mal. Creo que hay sectores de la oposición que no quieren ser cómplices de esta situación y se están manifestando. Quiero tener expectativas de que el sistema democrático no tolera el espionaje ilegal, la falta de ética de los jueces y de los fiscales, de los funcionarios judiciales. Hay que refundar la concepción del sistema judicial y eso es una tarea que no la puede hacer solamente el gobierno, tiene que ser también con la oposición.
–¿Cree que es necesario que el gobierno envíe la ley del servicio de inteligencia que estaba preparando Caamaño o cree que hay que desarmar los servicios de inteligencia del país?
–Creo que hay que trabajar en la ley que la interventora Cristina Caamaño trabajó junto con especialistas. Se tiene que debatir con todos los sectores y de la discusión parlamentaria tiene que salir una ley que fundamentalmente continúe con lo que si empezó el gobierno de Alberto Fernández –que espero sea para siempre–, que es que no hay más fondos reservados para el espionaje. Eso significa que no hay sobres, ni judiciales ni periodísticos, lo que es para valorar desde que empezó este gobierno. El presidente en su discurso de asunción dijo que iba a terminar con los sótanos de la democracia y a terminar con los fondos reservados. Hoy el presupuesto que tiene la AFI es el 9% de lo que tenía en el gobierno de Macri, solo se pagan los sueldos de los trabajadores y de la agencia. El 91% de los fondos era para espionaje.
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No entiendo porque habla en futuro, cuando el presente indica exactamente lo contrario. Lamentablemente en este aspecto la actual administración de Alberto Fernández no ha estado a la altura de la situación. De hecho en un gobierno que se dice Nacional y Popular siguen existiendo presos políticos.