Se firmó el acuerdo de traspaso, pero quedan una gran cantidad de puntos pendientes, incluida la creación del nuevo ente regulador que reemplace al ENRE. Para las empresas, el cambio debía hacerse luego de resueltos esos asuntos.
Este jueves se firmó el Acuerdo de transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta.
El acuerdo contiene ocho puntos resolutivos. El primero otorga el poder de policía “sobre el servicio público que prestan las concesionarias” a las dos jurisdicciones que dirigen Vidal y Rodríguez Larreta.
Al respecto, desde una de las concesionarias le dijeron a Tiempo que preferirían que el traspaso se realice “cuando estén resueltos los temas pendientes, como tarifa social y consumo en barrios carecientes, entre otros, que están financiando las empresas”.
El segundo punto resolutivo apunta a la creación del Ente bipartito de control y regulación, en reemplazo del ENRE, un organismo que estaba previsto desde el año pasado pero respecto del cual los dos distritos han dado muy pocos pasos concretos. De allí que sea disonante que se agregara que se van a “realizar todas las acciones necesarias para que (…) ese ente se ponga en funcionamiento con la mayor celeridad”.
Ante la falta de un ente bipartito CABA-Provincia, el Estado nacional seguirá presente en la regulación del servicio eléctrico “durante 2019” al menos, según el punto tercero, para “asegurar la continuidad de las tareas de control y regulación”.
En el cuarto punto, la provincia y CABA se comprometen a “afrontar con recursos propios las erogaciones asociadas con la tarifa social” desde el 1 de enero de 2019. Esto trae dos complejidades. Del lado de las concesionarias, habrá un reclamo por las deudas que mantiene el Estado nacional por ese servicio, según aseguran. La otra es que la cantidad de usuarios con tarifa social en la nueva jurisdicción puede ser una carga por demás onerosa para las dos administraciones, las que deberán ponerse de acuerdo con los niveles de cobertura. No parece un trabajo fácil.
El quinto punto indica que el Estado nacional “se compromete a realizar las gestiones y los procedimientos administrativos necesarios para terminar de dar solución a los reclamos pendientes con las concesionarias”. En este punto ingresan los “reclamos vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el Estado nacional y las concesionarias en 2006” y con el período de transición que va del 6 de enero de 2002 y la revisión tarifaria integral que entró en vigencia el 1 de febrero de 2017; es decir, todo el período que arranca con la Emergencia Económica bajo el gobierno de Eduardo Duhalde y llega hasta el primer tarifazo eléctrico.
También ingresan los “reclamos relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios” desde octubre de 2017 a diciembre de 2018. También, los relacionados “con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la tarifa social”.
En el punto sexto, el Estado nacional se compromete a no trasladar a la CABA ni a la provincia los reclamos por créditos o deudas relacionados con el servicio de distribución eléctrica.
En el mismo sentido, el punto séptimo otorga indemnidad a los dos distritos respecto de “responsabilidades” previas al 28 de febrero de 2019.
Por último, el punto octavo prevé la realización de una auditoría al 28 de febrero de 2019 sobre la situación económica-financiera, operativa y técnica de las concesionarias.
La cantidad de puntos pendientes permite prever un período de intensas discusiones entre el Estado nacional, Edenor y Edesur y las administraciones porteña y bonaerense.
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