Edenor y Edesur reclaman subas de hasta un 45 por ciento o mayores subsidios del Estado

Las empresas de distribución eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires, Edenor y Edesur, pidieron aumentos en la tarifa de luz entre el 28 y el 45 por ciento para todos los usuarios.

El pedido se hizo en el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el fin de establecer una tarifa transitoria al 2023.

De la audiencia, participaron también distintos defensores del Pueblo que criticaron con dureza el rol de las distribuidoras, al tiempo que plantearon al gobierno la imposibilidad por parte de los usuarios de afrontar aumentos.

Los reclamos de Edenor y Edesur

Ricardo Torres, presidente de Edenor, se quejó del congelamiento tarifario que comenzó a regir en agosto de 2019 y aseguró que la empresa necesita fondos por 20 mil millones de pesos para continuar con el servicio.

“Si el Estado definiera que la totalidad del déficit previsto por Edenor se incluya en las facturas de los clientes, las tarifas deberían aumentar un 28% para los residenciales y un 31% para el promedio de todos los clientes de Edenor”, aseguró Torres.

“Solicitamos que a través de las tarifas o de subsidios directos, tal como expresaron autoridades últimamente, se nos provea de los fondos necesarios para continuar con el proceso de mejora del servicio», apuntó Torres.

En tanto, sobre los fuertes incrementos tarifarios durante el gobierno de Cambiemos, el CEO de Edenor argumentó: “Entiendo que se identifican los aumentos en las tarifas eléctricas con ganancias extraordinarias de nuestra empresa. Esto no sólo no es así, sino que los accionistas de Edenor no reciben un dividendo desde hace 20 años”.

Juan Carlos Blanco, presidente de Edesur, reclamó por la incidencia del factor impositivo en la tarifa. “Del total de la factura que paga el usuario, el Estado se queda vía impuestos directos e indirectos con el 46% de los ingresos”.

Blanco ahondó sobre los problemas financieros de la empresa con respecto a los costos y planteó dos alternativas para la tarifa transitoria. “Una es aplicar un aumento a la tarifa del usuario final y la otra mediante un subsidio del Estado Nacional”.

La primera significaría un aumento 35% para los clientes residenciales y del 45% para el resto de las categorías. La segunda propuesta consiste “en un subsidio aportado por el Estado Nacional de $ 34.000 millones. Tengo la obligación de aclarar que ninguna de las dos alternativas contempla los $ 22.000 millones que el Estado Nacional le adeuda a Edesur”.

Sobre los beneficios del tarifazo de la gestión anterior, el presidente de Edesur aseguró: “El incremento de las tarifas fue destinado a eliminar subsidios del Estado y no significaron mayores ingresos para Edesur”.

La respuesta del ENRE

Soledad Manin, interventora del ENRE, apuntó contra el tarifazo de Mauricio Macri y Juan José Aranguren. “La auditoría del ENRE de junio de 2020 sobre la RTI aplicada a Edenor y Edesur demuestra que las tarifas aplicadas por Cambiemos no fueron justas, ni razonables ni transparentes”. Por lo tanto, “se recomendó su nulidad”.

De acuerdo con dicha auditoría, “el Valor Agregado de Distribución aprobado por Cambiemos resultó inaplicable desde el primer momento”.

“El incremento de las facturas en el período 2015-2019 para un hogar promedio fue de 731% en términos reales y de 3.222% en términos nominales”, recordó Manin.

En ese marco, la interventora criticó el plan de inversión y la posterior ejecución de ambas empresas. Sin embargo, reconoció también que los estados contables de “las concesionarias muestran una situación económico-financiera delicada, a pesar de la recomposición de sus ingresos”.

Con todo, Manin planteó que “el incremento en las facturas tiene que acompañar a la recuperación de la economía y no tiene que afectar el poder adquisitivo de los salarios”.

Las duras críticas de los defensores del pueblo

La defensora del pueblo de la Nación, Mariana Grosso, afirmó que “los usuarios necesitan certezas normativas como coherencia en las políticas públicas porque en todas estas discusiones, los que resultan más afectados son los usuarios”.

Grosso advirtió que los reclamos más importantes por parte de los usuarios son: interrupciones del suministro, apartamientos a la calidad del producto técnico, falta de reconocimiento ante daños en los artefactos eléctricos, errores en la medición y falta de pagos en las multas impuestas por el ENRE.

Grosso reclamó también que el viernes último se realizó un anuncio de que las tarifas se iban a incrementar entre un 7% y 15% y que no iba a afectar de sobremanera el poder adquisitivo de los usuarios. “Entonces, nos preguntamos: ¿qué es lo que se está discutiendo en esta audiencia pública? Creemos que las audiencias son previa a la toma de decisiones. ¿Cómo se aplicarán estos incrementos? ¿Cuál es, en definitiva, el precio de la energía, y cuál es el impacto en el usuario? Es imprescindible conocer y tener en cuenta la capacidad económico-financiera de los usuarios y usuarias”.

“Solicitamos analizar si los aumentos tarifarios pueden llevar a la exclusión del servicio con afectación directa a derechos humanos elementales. Ya hemos dicho que la energía es un derecho esencial y el Estado debe garantizar la accesibilidad”, finalizó la defensora.

Su par de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, cargó particularmente contra Edesur, al afirmar que “es necesario” revisar la concesión. “No podemos seguir pensando que esta empresa va a seguir prestando tan mal servicio por los próximos 50 años”.

“Es el momento para revisar el formato de las audiencias públicas, que se quedaron en el tiempo, que cumplen un formalismo técnico en términos de la participación de la ciudadanía”, aseguró Lorenzino.

Por su parte, el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, crticó la falta de inversión de las distribuidoras. “Edesur y Edenor prometieron inversiones pero no vimos esas obras hechas en su totalidad, de acuerdo a los compromisos que habían asumido”.

Con respecto a la delicada situación económica planteada por las empresas, Amor razonó: “Si ustedes (las empresas) se quedan es porque la actividad que hacen y lo que están cobrando es rentable. Edesur y Edenor están acá desde los 90 y ninguna de las dos se fueron. Si no fueran rentables, se habrían ido”.

Finalmente, expresó: “Apoyamos el Presidente en la desdolarización de las tarifas, que tiene un componente que está sin control en los aumentos, que es el valor en dólares de la producción. Apoyamos la desdolarización de la producción en las tarifas”.