Edenor y Edesur: las ONG de consumidores exigen sanciones

Esta semana, Argentina fue el país más caluroso del planeta y a cientos de miles de usuarios de los servicios eléctricos de todo el país les tocó transitar la penuria sin luz, incluyendo -claro está- a los de Edenor y Edesur, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los números sobre usuarios de ambas empresas sin servicio variaron constantemente. Al cierre de esta edición eran XX, mientras que el día había arrancado con casi 78 mil sin luz. El piso fue al mediodía, con 20 mil.

Pero si Edesur fue la gran acusada por los cortes de fin de año, que dejaron a decenas de miles sin poder celebrar las Fiestas, esta semana fue Edenor la que estuvo en la mira. El martes protagonizó un incidente que dejó sin luz a 700 mil usuarios. La explicación de la empresa -un incendio en una casilla de un asentamiento quemó un cable de media tensión- fue refutada al día siguiente: no había tal casilla -es un barrio con casas de material- y, en realidad, por efecto del calor y el peso, el cable se estiró y cayó hasta una altura en la que chocó con una antena que salía de una casa. De hecho, el parte que redactaron los Bomberos de San Martín tras los incendios y firmado por el comandante Carlos Camiolo, habla de «sobrecargas» como causas de dos pequeños incendios sin trascendencia en dos casas vecinas.

Y para cerrar la semana, el viernes por la mañana dejó de funcionar la subestación Edison, en Martínez, partido de San Isidro, lo que dejó a medio millón de personas sin luz, aunque la mayoría recuperó el servicio antes de una hora.

Ante esta realidad, que se sospecha es provocada por la falta de mantenimiento e inversiones, las entidades de defensa del consumidor redoblaron el pedido al ENRE para que sancione a las compañías distribuidoras.

Consumidores al frente

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, planteó a Tiempo que el evento del viernes dejó a la compañía sin excusas. Bussetti lamentó la «profunda inseguridad del sistema» y los intentos de sectores determinados que tienden a despegar a las compañías de la responsabilidad por los cortes, a los que asocian a la ola de calor y al aumento del consumo aparejado.

Esos posicionamientos sintonizaron con los de las empresas, que en medio de los cortes utilizaron sus redes sociales para dar consejos sobre consumo energético eficiente, poniendo el acento en los hábitos de las familias y escamoteando la calidad del servicio.

Bussetti remarcó que la Comisión de Usuarios del ENRE, que integran 21 entidades de defensa del consumidor, sigue esperando una respuesta al pedido que le realizó el 2 de diciembre a la interventora del organismo, Soledad Manin, para que aplique «las máximas sanciones» previstas por los cortes de luz de diciembre de 2021. La Comisión considera que los cortes de enero agravan la situación y le dan sustento a ese pedido.

«Edesur tuvo nada menos que un millón de usuarios sin servicio y Edenor, 700 mil. Para los que tuvieron cortes de hasta 8 horas, pedimos resarcimientos de 2.000 kwh que son equivalentes a $ 10 mil. Y para los que tuvieron cortes más largos, un resarcimiento mayor», expresó Bussetti.

Las entidades también piden una investigación y un informe al ente regulador que determine las verdaderas razones del corte del martes.

El ENRE no respondió sobre el pedido de la Comisión de Usuarios y no hizo comentarios cuando Tiempo preguntó si la propuesta de sanciones está en consideración.

Sobre el rol del ente, Bussetti opinó que «hasta esta semana, el rol nos pareció mucho mejor que el que se desempeñó durante la gestión anterior. Valoramos la gestión de la interventora el año pasado, que después de diferentes hechos aplicó multas y aseguró resarcimientos para más de cien mil usuarios. Pero los cortes actuales ameritan sanciones y todavía no las vimos. Las resoluciones 1 y 2 de este año (que anunciaron multas a las dos distribuidoras) nada tienen que ver con los cortes de diciembre», señaló.

Además del pedido, las entidades solicitaron un encuentro presencial con Manin, el secretario de Energía, Darío Martínez, y con la veedora designada en la empresa Edesur.

La concesión en debate

En el concierto de opiniones que se abrió por el malestar que generaron los cortes de luz, las organizaciones de defensa se manifestaron partidarias de finalizar las concesiones de Edenor y Edesur y avanzar con la constitución de una nueva empresa energética estatal.

El titular de Deuco aseveró, en  diálogo con este medio, que «si el Estado quisiera retomar la gestión estaríamos de acuerdo».

Su par de Consumidores Libre, Héctor Polino, propuso una empresa pública con un directorio con representantes del Estado, de los trabajadores y de los usuarios.

También se manifestó en esa línea el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien declaró que los reclamos contra la administración de los servicios públicos fueron 198.054 en 2021, lo que indica que crecieron 25% en un año.

Sin embargo, más allá de las declaraciones en ese sentido, la impresión es que el gobierno no abordará ese objetivo por razones varias. Entre ellas, por el antecedente del retiro de la concesión del servicio de aguas a la empresa Suez, por la que la Argentina debió pagar US$ 380 millones tras un juicio en el tribunal internacional del CIADI.

Edenor fue recientemente adquirida por los accionistas del Grupo América Daniel Vila y José Luis Manzano, asociados a Mauricio Filiberti, en una operación de U$S 100 millones que aprobó el ENRE.

Edesur es propiedad de ENEL, un grupo estatal italiano que, además, conduce las generadoras Dock Sud, Costanera y El Chocón y 500 kilómetros de transporte de alta tensión mediante las empresas Yacilec, CTM y TESA. Intervenir a Edesur ahora implicaría malquistarse la relación con el gobierno italiano en momentos en que se precisa su respaldo en las negociaciones con el Fondo Monetario.

ENEL acusa planes de invertir globalmente unos 210.000 millones de euros entre 2021 y 2030 en el sector energético. En noviembre último, el titular, Francesco Starace, ratificó sus planes de permanecer en el negocio en Argentina.

Con la agenda financiera del país y la necesidad de apoyos internacionales cuesta pensar que se dificulte la relación con un jugador tan relevante.

En el contacto diario, las empresas siguen defendiendo sus inversiones en el país. Edesur señaló a Tiempo que en los últimos cinco años desembolsó en el país U$S 860 millones y que con esas inversiones logró mejorar 50% la calidad de su servicio. La empresa pidió disculpas a los afectados por los cortes y remarcó que «hay que seguir con este ritmo de inversiones».

En su último balance, relativo al tercer trimestre de 2021, Edenor comunicó que entre enero y septiembre invirtió $ 10.347 millones (U$S 99,3 millones), un 3% menos que en igual período de 2020. De ese total, unos $ 3599 millones (U$S 34,7 millones) se desembolsaron entre julio y septiembre.

En los resultados indica que $ 1235 millones se invirtieron en nuevas conexiones; $ 3799 millones en mejoras en la estructura de la red; $ 2816 millones en mantenimiento; $ 109 millones en requisitos legales; $ 797 millones en comunicaciones y telecontrol; y $ 1038 millones en otros proyectos de inversión.

Medidas

Mientras tanto, el gobierno nacional adjudicó los cortes al aumento de la demanda que se produjo por la reactivación económica y por las altas temperaturas, variables que definió como «buenas razones» y «malas razones», respectivamente.

En conferencia de prensa, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, argumentó que el sistema «está recibiendo picos de demanda que tienen que ver con la reactivación industrial», un fenómeno que se complementó, desde esa mirada, con las temperaturas que superaron varias veces la barrera de los 40 grados.

Las medidas resultaron ser, por un lado, negociaciones con las cámaras industriales para que reduzcan el consumo el jueves y viernes entre las 13 y las 16. Y, en simultáneo, un asueto para administración pública, también destinado a bajar los niveles de demanda en las oficinas del Estado.

Por el lado de las empresas, entidades como la textil Fundación Pro Tejer, e Industriales Pymes Argentinos (IPA) acompañaron públicamente la iniciativa del gobierno. Pro Tejer consideró que se trata de un «contexto atípico» de calor y de un contexto sanitario con muchas personas aisladas, una combinación que amerita «hacer todo lo posible para aportar» al objetivo de bajar el consumo. IPA dio aviso a sus empresas asociadas y aclaró que estaban exceptuada las empresas con producción continua.

Con este caluroso y oscuro debate de fondo, la administración nacional deberá desandar el camino hacia la audiencia pública (que aún no convocó, a diferencia del gas: ver página 5) en la que prevé tratar el aumento de las tarifas de luz que adelantó a fin de año el secretario de Energía, Darío Martínez. El funcionario habló entonces de una «corrección tarifaria» y anticipó que el gobierno consideraba aumentar el 20 por ciento.

En las entidades de defensa del consumidor  señalaron que para el gobierno plantear un aumento de la luz después de lo que pasó esta semana, «sería lo mismo que pegarse un tiro en el pie».

Resta también una definición sobre la segmentación, con la que Balcarce 50 aspira a redireccionar los subsidios tarifarios a los sectores sociales más vulnerables. Este proceso está abierto desde principios de 2020 pero sigue sin novedades.

La generación y el récord de demanda

Además de constituir un récord, los 28.136 megavatios demandados por los argentinos a las 14.05 del viernes abrieron un interrogante sobre la capacidad de la Argentina de generar energía.

La electricidad que alimenta los hogares, los comercios y la actividad productiva sale de las generadoras, de las que hay más de 300 entre empresas privadas y estatales que utilizan alguno de los métodos para lograr crear electricidad.

La totalidad de esas empresas tiene la capacidad de entregar en un momento dado 42.883 megavatios, según el informe anual de Cammesa de 2021. Cammesa es la empresa estatal que compra la energía generada y la vende a las distribuidoras de todo el país, un formato que le permite administrar el flujo de electrones.

El 55% de la capacidad de generación depende del gas. El 25% de los ríos. El 4% del combustible nuclear y la novedad es el 11% que responde a las fuentes renovables. Y luego hay un 5% que emplea diesel y otras formas.

El Estado es propietario de Yacyretá y Salto Grande (compartida con Uruguay), las dos hidráulicas más grandes del país. Buena parte del resto era estatal hasta su privatización en los años 90.