Economistas aseguran que el presupuesto lleva a una situación como la de 2001

Son más de diez carillas en las que los profesionales explican los motivos por los cuales consideran que el proyecto de ley debe ser rechazado. Al mismo tiempo, consideran que se trata de una ley “del FMI” que crea un escenario similar a 2001.

Entre los 241 adherentes se destacan los ex ministros de Economía Axel Kiciloff, Amado Boudou y Felisa Miceli así como el ex secretario de Comercio Augusto Costa, el ex Director del Banco Central Arnaldo Bocco y el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores Alejandro Vanoli.

Además suscriben el ex vice ministro Roberto Feletti y el ex titular de la UIF José Sbatella así como la ex ministra de economía de la provincia de Buenos Aires Silvina Batakis. También firman economistas como Agustín D’Attellis, Ricardo Aronskind, Alejandro Barrios, Santiago Fraschina y Sergio Chouza de UNDAV, Pablo Manzanelli, Mariano Kestelboim, Mercedes La Gioiosa, Fernando Porta, Julia Strada, Alejandro Robba, Alejandro Rofman, Fernanda Vallejos, Guillermo Wierzba y Artemio López.   

El documento, en sus conclusiones, asegura que “el presupuesto enviado por el Ejecutivo expresa una combinación de proyecciones irrealizables y un plan de ajuste hecho a imagen y semejanza de los principios del Fondo Monetario”.

Para puntualizar que “el equilibrio fiscal es la meta por excelencia, mientras que los objetivos de generación de empleo, redistribución de la riqueza o crecimiento económico están ausentes.”.

Finalmente, la misiva recuerda que “estas políticas se han repetido numerosamente en nuestra historia económica y no solo empeoran la calidad de vida del conjunto de la población, sino que generan menor actividad económica, menor recaudación y una dinámica de círculo vicioso que ya se comprobó que, a partir de la profundización de la recesión, termina empeorando los aspectos fiscales que justamente intenta mejorar.”.

En el texto del documento los autores realizan un recorrido por diferentes ítems como el gasto social, el creciente déficit financiero e incluso el relego a las políticas de género que conllevaría su aprobación.

En un trazo aseguran que el proyecto da muestras de un “fuerte sesgo ideológico liberal” y “la intención del Ejecutivo en avanzar en un ajuste económico de magnitudes.”.

Los profesionales destacan que, “en un contexto de alta volatilidad financiera y desconfianza sobre la evolución de nuestra economía, es ilusorio suponer comportamientos “normales” para la enorme proporción de variables macroeconómicas” y aseguran que adolece de un “optimismo descomedido” que, en realidad, se propone “asegurar a los capitales especulativos privados los dólares para financiar la fuga y el plan para descargar el ajuste sobre las provincias y los sectores trabajadores.”.

A su vez sostienen que la política que se deriva del acuerdo con el FMI que atraviesa todo el proyecto implica “tasas de interés (que) hacen inviable cualquier proyecto de PYME, ponen en peligro las cadenas de pago e incluso el pago del endeudamiento de los particulares” y pronostican que “devastará la actividad económica, elevando la tasa de desocupación y haciendo plausible una distribución del ingreso más desigual con salarios reales más bajos.” Además de pronosticar que “semejante tasa de interés expande el déficit cuasi fiscal del BCRA hecho que añade nafta al desequilibrio financiero, independientemente de la situación fiscal del tesoro.”.

En el texto, además, ponen de relieve la contradicción existente entre un “un modelo que pretende focalizar sus esfuerzos en el componente de la inversión” pero que “estima para el próximo año una caída de la misma de 9,7%.”. Y que, en consecuencia “se tendrá una economía más primarizada.”.

Capitulo aparte merecen las políticas de género: “Tomando el total de programas que contienen políticas destinadas a género del 2019, se llega a 4.623 millones de pesos. Cifra que, en comparación con el presupuesto vigente de 2018, muestra una caída en términos reales del 19%”.

Por último, en materia de deuda destacan que el propio proyecto establece que “en 2019 los intereses de la deuda aumentarían en $195 mil millones, totalizando unos $ 596 mil millones, es decir, un crecimiento de 49% con respecto a 2018.”.

Así las cosas, aseguran que “estos intereses pasarán de representan el 15,3% de los Ingresos totales del Sector Público No Financiero en 2018 al 16% en 2019, evidenciando la convergencia del gobierno nacional con los intereses del sector financiero”.

Sin embargo, alertan que “con un tipo de cambio algo más alto: $43 promedio 2019, por poner un ejemplo, los servicios de deuda se elevarían en más de 30.000 millones de pesos, pasando a representar el 15,6% del gasto total y quitando financiamiento para otras partidas.”. Ese cuadro, según los firmantes del documento, “estaría dando una situación similar a la de 2001” cuando “los intereses de la deuda pasaron de representar 8,3% de los Gastos Totales, a 14,7%”.

Finalmente, denuncian que “la inclusión del artículo modificatorio (de la Ley de Administración Financiera) lleva a suponer que el gobierno tiene en mente una reestructuración de la deuda pública y que las condiciones de ésta no favorecerían a la Argentina” y que, además, buscarán “evitar la discusión en el Congreso” para decidirla “de manera arbitraría por el Poder Ejecutivo. Es un artículo hecho a la medida del FMI que quiere garantías sobre el pago a los tenedores de deuda soberana.”.