Duros cuestionamientos al gobierno en la CIDH por los ataques a las políticas de Memoria

Ante el ataque permanente del Poder Ejecutivo a las políticas de Memoria, los organismos de derechos humanos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la situación y que el gobierno explique sus intentos por desarmar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. 

Durante la audiencia, los organismos describieron los alcances del ataque y del vaciamiento llevado adelante por el gobierno nacional y solicitaron a la Comisión que inste al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales sobre Memoria, Verdad, Justicia, reparación y no repetición y que realice una visita al país para evaluar los retrocesos y establecer recomendaciones. 

En representación del gobierno estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el exjuez Alberto Baños. El irritable funcionario fue el encargado de llevar la voz libertaria a Washington y de rechazar estas acusaciones aunque no faltó a las provocaciones y a desplegar los “dos demonios” que impulsa su gestión, que fueron incluso respondidos por los comisionados presentes. 

Una parte de la comitiva de los organismos estuvo en Washington, integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo ; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan. 

El resto de quienes expusieron lo hicieron desde la Casa de la Identidad en la ex ESMA, acompañados por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles. Allí estuvieron Estela de Carlotto, titular de Abuelas, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, y Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

“Le pedimos a la Comisión que nos escuche, como lo hizo ya otras veces a lo largo de nuestra historia. Nosotras, como Madres, hemos luchado por más de cuarenta años para que Nunca Más se repita en nuestro país lo que vivimos durante la dictadura”, sostuvo Taty Almeida cerca del final, y reiteró el pedido de una visita: “Hoy sentimos que nuestra labor está siendo agredida por un gobierno que no cree en los valores de los derechos humanos. Por eso les pedimos que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar en persona todo lo que hemos dicho. Los esperamos aquí con mucha calidez y gracias, nuevamente, por esta audiencia”.  

Las denuncias de los organismos 

A pesar de algunos problemas de sonido, la primera en tomar la palabra fue Estela, quien recordó las primeras presentaciones ante la CIDH de los organismos en plena dictadura para denunciar las todavía desconocidas violaciones masivas a los derechos humanos. “Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, señaló.

Carlotto sostuvo que el gobierno busca desacreditar las luchas sociales de los últimos 40 años y estigmatizar al movimiento de derechos humanos “con el único fin de desfinanciar las política públicas construidas”. “En esta búsqueda colectiva hemos encontrado 137 nietos, y para ello ha sido esencial el rol del Estado. No claudicaremos, sabemos que necesitamos a todos y a todas para garantizar el Nunca más”, añadió.

“Estamos frente a un intento de destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición”, explicó Litvachky (CELS), quien indicó que el gobierno pretende eliminar la “cultura de los derechos humanos” y demoler los valores y conquistas del “Nunca Más”, una referencia local desde la vuelta de la democracia que es reconocida en el mundo. 

Los discursos que siguieron abordaron las principales denuncias realizadas contra el gobierno. 

Pisoni puso el foco en el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, que “ha puesto en riesgo la continuidad de diversos programas de Memoria, Verdad y Justicia”. Se refirió a los despidos que comenzaron en marzo en diferentes áreas de la cartera que conduce Baños y la amenaza de discontinuar los contratos de casi la mitad de los trabajadores. “Esto afectaría críticamente la capacidad de la Secretaría para cumplir sus funciones, incluyendo tareas específicas de apoyo a las causas por crímenes de lesa humanidad”, detalló y recordó, además, las visitas en la cárcel de referentes del oficialismo a genocidas condenados. 

“Estamos aquí para defender las herramientas construidas por la lucha de las Abuelas y la búsqueda que constituye una política pública”, sostuvo Poblete, quien recuperó su verdadera identidad en el 2000 e integra de la Comisión Directiva de Abuelas. Vilella, abogada de la institución, alertó por dos hechos preocupantes que afectaron la búsqueda de los nietos: el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y el cierre de la Unidad Especial para las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). 

“Las Abuelas están siendo atacadas. Estela y la Institución han sido víctimas de campañas de desprestigio y discursos de odio este año, sumado al desfinanciamiento total por parte del Estado Nacional. Así, se dificulta el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad, perpetuando desapariciones forzadas y garantizando la impunidad de los responsables. No hay acciones que contrarresten estos efectos. Es difícil imaginar cómo continuará la búsqueda de nietos si destruyen sus cimientos”, concluyó. 

Torras (Memoria Abierta), por su parte, apuntó al intento de deshacerse de los sitios de memoria, un área en la que Argentina fue pionera y que tiene al Museo Sitio de la ESMA como parte del patrimonio universal de la UNESCO: “Mientras avanza el desmantelamiento de los sitios y en franca contravención con la ley, el gobierno habilitó la venta de terrenos donde funcionaron ex centros clandestinos de detención”, sostuvo y resaltó el cierre del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa, que aportó información crucial de los archivos de las FFAA para los juicios por crímenes de la última dictadura. 

Uno de los últimos en hablar fue el escritor y docente universitario Martín Kohan. “Pretender que una memoria se cierre, o pretender –es similar- que se complete, no supone sino la intención de sofocarla, de detenerla, de acallarla: que se acabe. Pretender dejarla atrás, es negarla como memoria”, manifestó y concluyó: “Si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado, como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y una amenaza concreta a la justicia. Y hay verdades que están pendientes, como hay justicias que están pendientes. Pero incluso las que alcanzamos, a lo largo de los años, precisan ser protegidas del embate que hoy las acecha”.

Excusas y provocaciones 

Junto a Baños, quien respondió los cuestionamientos fue Juan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, ya que el primer pedido de audiencia ante la CIDH se enfocó en la eliminación de los equipos de relevamiento de los archivos de las Fuerzas Armadas. 

Battaleme justificó esa decisión por la duplicación de tareas con otras áreas y por la crisis financiera. 

De manera provocadora, en los pocos minutos que habló mencionó frases como “ proceso de reorganización” y “memoria completa”, “La lucha por la justicia es para nosotros compromiso con todos los argentinos y no puede ni debe transformarse en un terreno de venganza”, dijo.

Baños hizo su parte. “El predio donde funcionó la Esma tiene más de 30 edificios, van más de 400 personas por día, más de 20 escuelas por semana. ¿Podemos hablar de negacionismo, de que no se sostiene la memoria?”, se preguntó. 

Sacando el manual de los “dos demonios”, el secretario de Derechos Humanos descartó que haya vaciamiento o desfinanciamiento de las políticas de memoria. “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo pero la memoria es para todas las víctimas más allá de quien haya perpetrado, sin excusas sin banderas. Las señoras que hoy participaron de la audiencia, uno puede tener empatía por lo que vivieron pero no las puede convertir en directoras de la políticas públicas a más de 40 años. Seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido su vida y hayan sido víctimas, pero el gobierno también está respetando la memoria de aquellos que han sido víctimas del accionar terrorista”, dijo claramente. 

La respuesta a las provocaciones de Baños vinieron un poco más tarde, cuando fue el turno del escritor Martín Kohan. “Un proceso de memoria no tiene un sólo relato, tiene muchos. Es un espacio de intercambio y de discusión y está abierto a la memoria a la elaboración de cada presente. Esta versión falsificada del proceso de memoria (que realizó el gobierno) es el correlato del vaciamiento financiero, agregando provocaciones o destratos. Dr baños, la persona que habló es Estela de Carlotto, no hace falta decir ‘esta señora’. Usted se ahorra una grosería y a los argentinos nos ahorra una vergüenza”. 

Las críticas de la CIDH y la ONU 

“Preocupación” fue la palabra más usada por quienes integran la Comisión sobre los retrocesos que impulsa el gobierno de Milei en derechos humanos y señalaron que la crisis económica o la falta de presupuesto no puede ser una justificación para quitar presupuesto, vaciar o recortar áreas que trabajan en esta temática. 

De la audiencia participaron Edgar Ralón, relator para Argentina de la CIDH, el comisionado Arif Bulkan y Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH. El comisionado Carlos Bernal Pulido presidió la reunión.

“Me preocupa la narrativa que escuche aquí, como ‘caprichos políticos’ de ‘organismo militantes’,  ‘terroristas’, porque el Sistema Interamericano ha sido muy claro en como y donde se configura la dictadura argentina. La comisión ha reconocido la institucionalidad tan fuerte en memoria, verdad y justicia y por eso surgen estas dudas”, cuestionó Reneaum Panszi y llamó la atención la desarticulación de la Unidad Especial de la Conadi. 

“Esta lucha no tiene nada de venganza, busca justicia y reparar los daños. Si no se llega a la verdad, va a haber verdades paralelas: por un lado les van a decir terroristas y por el otro victimas y nunca va a haber reconciliación”, añadió Bulkan, de Guyana. 

La participación que más molestó al gobierno, sin embargo, fue la del representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, quien destacó que su oficina “comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa, de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. 

“Quisiera alertar que todos esos cambios podrían debilitar el proceso de justicia transicional que es tan importante para nuestra región y el mundo y podría representar un peligro para la no repetición”, añadió y y se refirió además a “retórica” de los representantes del Estado: “Preocupa la retórica de algunas autoridades que parecen banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento, lo que tiene un efecto revictimizante en las víctimas y afecta el derecho a la memoria de la sociedad”. 

Apenas finalizó su ponencia, Baños interrumpió la audiencia para declarar su “estupor por la participación de este señor, que aparece de sorpresa dando por sentada una verdad que le han transmitido y la da por hecha”. “Con qué derecho en esta audiencia viene a cuestionar las políticas públicas de Argentina, la asignación de los fondos. Dejo planteada la disconformidad del estado nacional”, dijo con un enojo y nerviosismo que mantuvo el resto de la audiencia. 

La Comisión explicó que tenía la potestad de incluir a terceros como el relator de la ONU y que su participación estaba agendada como parte de la audiencia. “Tomamos como un atropello la intromisión del relator de Naciones Unidas porque opinó como un peticionario y no como un funcionario de Naciones Unidas”!, insistió más tarde.