Se busca instalar en la opinión pública la idea de que la responsabilidad por el crecimiento de los índices de inseguridad urbana corresponde a adolescentes y jóvenes. Pero las cifras demuestran que es falso. La respuesta más eficaz para el problema del delito juvenil es socioeducativa.
En este escenario de urgencia, la mayoría de los 17 proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación proponen bajar la edad de punibilidad a los 15, 14 e incluso 13 años y aplicar penas privativas de la libertad que oscilan en un rango que va desde los 60 días hasta los 5 años, con topes máximos por efecto del dictado de una condena que solo prohíben la aplicación de la prisión perpetua o estipulan 15 años con agravantes en caso de participación en crimen organizado (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes/IIGG-UBA, 2024). Entre estos proyectos, se encuentra el que fue presentado por el Poder Ejecutivo, que ya comenzó su tratamiento en la Comisión de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda, el pasado 31 de julio.
El proyecto postula que “la situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante, debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes”. En tal sentido, esgrimió Sebastián Amero, Secretario de Justicia de la Nación, en la apertura de las comisiones: “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los grandes problemas que atraviesa la Argentina”.
Estas afirmaciones buscan instalar en la opinión pública la idea según la cual la responsabilidad por el crecimiento de los índices de inseguridad urbana corresponde a adolescentes y jóvenes y que cuando estos últimos son hallados en situación de delito “no les pasa nada”. En tal sentido, nos gustaría señalar dos cuestiones. Es falso que haya un aumento del delito cometido por jóvenes.
Datos del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires recientemente publicados[1], respecto de los números que arroja la Provincia de Buenos Aires, una de la más representativa por el peso poblacional y porque es la provincia con mayores delitos denunciados y cometidos en general, muestran un descenso de casi 11 puntos en términos brutos y más del 20 en términos proporcionales de causas en que se investigan los delitos imputados a jóvenes entre 2009 y 2023 por tasa poblacional. Si comparamos la cantidad de causas iniciadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en 2009, vemos que hay casi 27 mil delitos y quince años después, la cifra es de 22 mil delitos por año.
Con respecto a los homicidios producidos por jóvenes no punibles, en el año 2009 se iniciaron 152 causas (12,8 % del total) y en el último año los publicados son 66 (es decir, que se redujo a 8,9 %). “Decir que no hay un aumento incesante de este tipo de delitos, no significa negar que existen -reflexiona Angela Oyhandy, socióloga y directora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- Dar la solución a este problema desde el sistema penal, con el planteo de una baja en la edad de punibilidad es una actitud demagógica. Existen situaciones de delito, algunas muy graves, que deben ser abordadas y esto supone inversión, planificación y articulación institucional. Por supuesto, esto es mucho más difícil y menos redituable que las propuestas punitivas”.
“El encierro no ayuda para nada. Un pibe de 17 no está preparado, como tenía yo cuando me mandaron a la alcaidía, donde había mayores y menores mezclados. Los pibes que estaban ahí me decían que yo era muy chico. Te la tenés que bancar. Tenés que pelear por tu comida, por tu cama, por todo, no podés estar tranquilo nunca”, opina Brian, quien estuvo alojado en una alcaidía del Municipio de Morón. La ineficacia de los programas tratamentales es constitutiva de las instituciones de encierro. Las mismas, además, suelen tener problemas edilicios graves, déficit en los programas y talleres educativos y de recreación que sean adecuados para lograr la reinserción de esos NNyA a la sociedad.
“Para mí el castigo está para que la gente aprenda a no tocar las cosas que no son suyas, a hacer buena letra, a respetar, pero el encierro es lo peor. Te lo digo porque tengo familiares, amigos, el encierro te vuelve más loco. A veces en vez de curarte salís más maldito. Mucho encierro, mucha verdugueada de la policía, no salís curado, salís peor”, reflexiona Cristian, quien estuvo bajo medidas alternativas a la privación de la libertad en Morón. Según datos del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, el 83% de los adultos detenidos que pasaron por circuitos penales de menores reinciden en los delitos, a diferencia del 8% de aquellos que no los atravesaron.
La gran mayoría de los NNyA que están en situación de delito están vinculados a problemas de no acceso a derechos y, en muchos casos, a acompañamientos parentales que no son suficientes. En este sentido hay mucho para hacer desde el acompañamiento de los jóvenes en su inclusión, su educación, su salud, contemplando la incidencia que tienen los consumos problemáticos y los problemas de salud mental en general. En este sentido, hay que reforzar esas instituciones, crear nuevas y poner en agenda pública los problemas reales, concluye Angela Oyhady.
La respuesta más eficaz para el problema del delito juvenil es socioeducativa. En Materia de políticas públicas de prevención del delito, existen varias experiencias que pueden destacarse, en la provincia de Buenos Aires, entre ellas las ejecutadas por el municipio de Gral. San Martín, a través de la Dirección de Política Territorial del Área de Juventudes, orientadas a pensar las necesidades de los jóvenes de barrios vulnerables de manera situada. De acuerdo a Gabriel Rolón, Director de Centros Juveniles del Municipio de San Martín, la población que llega a los centros vive en un contexto donde la realidad delictiva es parte del escenario. Los jóvenes que asisten a los centros o tienen algún contacto con ellos, no llegan a manos de los adultos que, como sucede en barrios de otras localidades, suelen incitar a que pibes y pibas comentan delitos: “Los centros son un espacio de referencia y de pertenencia para estos jóvenes y sus familias. Este tipo de experiencias se basan en políticas proteccionistas, no punitivistas, abiertas a la escucha, a la contención y a los cuidados individualizados. Para los jóvenes estos centros implican, además de una asistencia, una existencia”.
[1] El informe se titula «¿Qué muestran las estadísticas judiciales sobre el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires? Aportes para un diagnóstico basado en evidencia frente a la discusión legislativa de un nuevo régimen penal juvenil», y fue elaborado por Constanza Bassallo, Angela Oyhandy y Anaclara Sagasti, del Observatorio de Políticas de Seguridad (OPS) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
[2] Frente a un supuesto delito cometido por un joven, un juez dictamina discrecionalmente sobre su situación, proceso cuestionado la Corte Suprema de Justicia y el Comité de los Derechos del Niño en 2007 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, que llamaron a Argentina a derogar el decreto ley 22.278 sin bajar la edad de punibilidad.
[3]https://www.comisionporlamemoria.org/datosabiertos/ninez/sistema-de-responsabilidad-penal-juvenil/movimientos/
*Karina De Carlo y Mariana Fernández son integrantes del Grupo de Estudios sobre Violencias en América Latina del Instituto Gino Germani
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