Domiciliaria para todos los condenados en un juicio clave

En los próximos días, Ariel «El Indio» Valdiviezo dejará el penal de Ezeiza y volverá a su casa del barrio porteño de La Boca con una pulsera electrónica. Se trata del último de los 37 represores tucumanos condenados en 2013 en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” que seguía detenido en una cárcel común.

Si bien la medida tomada por el Tribunal Oral Federal de Tucumán encuentra ahora el respaldo político del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien hizo pública su decisión de no apelar las domiciliarias, algunos jueces de la Cámara de Casación la sostienen desde hace varios años.

La liberación paulatina de represores tucumanos comenzó a finales de 2014, cuando la Sala III de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, ordenó que 30 condenados volvieran a la misma situación en la que se encontraban antes del juicio oral, por lo que muchos quedaron en libertad y otros tantos en sus casas.

La Cámara frenó así la prisión preventiva que había dictado el TOF tucumano y liberó a todos los condenados hasta que la sentencia quede firme en la propia Casación o en la Corte. Un dato no menor es que, a dos años y medio del recurso presentado por querellas y fiscalía, la alzada aún no trató el tema y no es inusual que muchos condenados mueran sin sentencia firme por los largos tiempos de resolución.

En el recordado megajuicio, en diciembre de 2013 fueron condenados 37 de los 41 acusados, entre ellos varios a prisión perpetua. Valdiviezo recibió 14 años de prisión por secuestros, tormentos, violación de domicilio y homicidio agravado por alevosía.

La resolución que lo mandó a su casa fue tomada por los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla el miércoles pasado. Al pedido de la defensa se opuso el fiscal federal Pablo Camuña quien consideró que la situación de Valdiviezo “no ha variado en su cuadro de salud”, y si bien “padece dolencias propias de su edad (…) no corresponde asimilarla al concepto de ancianidad”. Además, el fiscal destacó que Casación, cuando revisó la situación de los condenados en 2014, no incluyó a Valdiviezo, a pesar de que ya tenía 70 años.

Los jueces no tuvieron en cuenta las objeciones de Camuña –quien irá a Casación en queja–, y ordenaron su traslado desde el penal de Ezeiza a su departamento en La Boca.

Además del mencionado ex oficial jefe del Regimiento de Infantería 19 de Tucumán, entre los beneficiados se encuentra Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de Inteligencia de la Policía provincial y condenado a perpetua en esta causa y en tres más. Este año, también fueron enviados a sus casas los ex militares Carlos Trucco, con una pena de 14 años, y Jorge Lazarte, condenado a 10 años de prisión.

Clima espeso

La liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad se da en un marco enrarecido en la provincia. La semana pasada, la abogada de Derechos Humanos Laura Figueroa sufrió un extraño robo y dos integrantes de la Asociación de Ex Presos Políticos fueron víctimas de un llamativo seguimiento. “Hay que ser prudentes porque si hay una planificación de instalar el miedo y atemorizar a determinados sectores de la sociedad, de generar esa sensación de inseguridad política y de falta de garantías, quienes defendemos los Derechos Humanos tenemos que ser cuidadosos”, señaló Figueroa.

El jueves, organizaciones sociales y de Derechos Humanos se movilizaron en repudio a esos hechos. “Fue importante porque arrancó después de la audiencia del Operativo Independencia. Desde esta pequeña provincia le decimos al gobierno central que no queremos volver al ’75, cuando fue el inicio de las prácticas sistemáticas del terrorismo de Estado”, agregó la abogada. «