Documento de H.I.J.O.S sobre el primer año de Milei: «Menos derechos, menos democracia»

Cinco millones más de personas en la pobreza, la falta de garantía de acceso a la vivienda, la
alimentación, la salud y el trabajo, los despidos masivos de trabajadoras y trabajadores del
Estado, el desmantelamiento de las políticas públicas de Derechos Humanos, de
protección contra las violencias de género y la discriminación, la quita del acceso gratuito a
los medicamentos para las jubiladas y jubilados cuando sus ingresos se vieron
disminuidos, el desfinanciamiento de las universidades públicas, la mentira
institucionalizada, la agresión como forma de comunicación, la naturalización de la
crueldad, dan cuenta de la amenaza de quienes vinieron a destruir el Estado.

A un año de la asunción del gobierno neoliberal de Javier Milei y Victoria Villarruel, y a casi
30 años de nuestro nacimiento como agrupación y organismo de Derechos Humanos, nos
encontramos con que se restringen cada vez más los derechos ciudadanos y que esto
sucede con un mayor punitivismo ante las movilizaciones populares. Recientemente, en
Orán, Salta, Fernando Gómez fue la primera víctima de la represión de la gendarmería de
Bullrich.

Por simple decisión administrativa, la resolución 943/23, se puso en vigencia un “Protocolo
para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que habilita al
gobierno a considerar que cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de
vehículos constituye un delito en flagrancia y permite que las Fuerzas de Seguridad
repriman, desalojen y detengan sin orden judicial a quienes se manifiestan. Autoriza a la
Policía a recabar información sobre las personas y organizaciones que se movilizan con el
fin de perseguirlas penalmente. El Protocolo respalda a la Policía en su accionar violento,
arbitrario y de hostigamiento constante.

Con un Poder Ejecutivo que gobierna prácticamente por decreto y sin que los demás
poderes le pongan casi ningún tipo de límite, el gobierno atacó las políticas de Memoria,
Verdad y Justicia, incluso discursivamente desde antes de su asunción, dejando en
evidencia que era necesario su desprestigio para avanzar sobre todos los demás derechos
del pueblo y para legitimar la represión.

Miles de trabajadoras y trabajadores que sostenían las políticas de Derechos Humanos, ya
sea en sitios y espacios, archivos, programas de investigación, como también a través de
las querellas de los juicios por delitos de lesa humanidad, fueron despedidos
perversamente, incluso días antes de fin de año, a sabiendas del daño que ocasiona en
cualquier familia el hecho de quedarse sin trabajo, y más en el contexto de las fiestasA eso
hay que sumarle el desfinanciamiento de absolutamente todas las áreas que dependían de
Nación y hasta la pretensión de poner a la venta lugares que fueron centros clandestinos
de detención, tortura y exterminio, donde se desapareció a miles de personas.

El rol ya no sólo negacionista, sino reivindicador de la dictadura genocida del Estado es
algo no sólo éticamente reprochable, sino constitucionalmente inviable. La inaceptable
visita a los genocidas a las cárceles por parte de algunos legisladores del espacio
gobernante pone en evidencia la intención de construir nuevos sentidos y consagrar la
impunidad.

Los conceptos de “guerra”, “dos bandos”, y la remanida “teoría de los dos demonios” se
pueden ver claramente en el intento de reabrir causas a militantes de organizaciones,
como en los últimos días lo hicieron con la causa del atentado al Comedor de Coordinación
Federal en CABA, al querer equiparar terrorismo de Estado con eventuales delitos
cometidos por civiles, por lo tanto, ya prescriptos.

La estigmatización de organismos y militantes de derechos humanos, la banalización del
proceso de justicia llamándolo “venganza”, la negación del plan sistemático y del número
de desaparecidas y desaparecidos, y, sobre todo, el ensalzamiento de la política
económica de Martínez de Hoz o de Carlos Menem, dan cuenta de un gobierno que no
sólo pondera las políticas hambreadoras, sino que está dispuesto a implementarlas a costa
de represión, tal como lo está haciendo.

Todo lo que era orgullo y patrimonio de nuestro pueblo está siendo atacado, desfinanciado
y estigmatizado: las universidades públicas, la ciencia y la tecnología, la salud y la
educación pública, las políticas de ampliación de derechos que nos distinguieron como la
ley de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, el Instituto Nacional contra la
Discriminación, los juicios de Lesa Humanidad o la Ley de Protección Integral contra la
Violencia de género, entre otras.

La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior dispuesta por el
presidente Milei mediante dos decretos es un retroceso sobre los derechos y las garantías
democráticas que hemos sabido construir como Nación desde la recuperación de la
democracia en 1983, luego de siete largos años en los que el país estuvo bajo el control de
las Fuerzas Armadas y en un estado de sitio permanente.

Con enorme preocupación, vemos el avance represivo como la contracara de la pérdida de
garantías: para quitarnos todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales que hemos sabido conseguir y gozar, este gobierno necesita palos, gases,
balas, cárcel y la entrega de nuestra soberanía.

Tenemos en nuestra piel y en nuestra memoria las marcas de lo que la represión militar y
policial hace en los cuerpos y en los pueblos. Nuestra historia nos dice que más represión
es más pérdida de derechos, de vida, de voces.

Repudiamos toda intervención sobre los derechos de los pueblos a ser libres, nos duele el
genocidio en Gaza y las persecuciones e intervenciones en nuestra Patria Grande.
Nada que festejar este diciembre con niñas y niños que se van a dormir sin comer, con
jubiladxs que tienen ingresos miserables y que deben decidir si cuidan su salud o comen,
con un pueblo que mira azorado como destruyen la movilidad social ascendente, sin techo
ni comida garantizados para cada vez más familias.

Las cárceles son para los genocidas, no para las niñeces y las adolescencias. Repudiamos
los intentos de bajar la edad de imputabilidad, de facilitar el uso de armas a adolescentes,
de promover las apuestas como salida económica en un contexto de sálvese quien pueda.
Nos preocupan los consumos problemáticos y la problemática de salud mental, que la falta
de horizontes colectivos causa, principalmente en la juventud.

La lucha por los Derechos Humanos es en tiempo presente. Todavía hoy desconocemos
dónde están las 300 hermanas y hermanos que nos faltan. Aún no sabemos el destino final
y donde están los cuerpos de nuestras y nuestros 30.000. Los delitos de lesa humanidad
se siguen cometiendo mientras el pacto de silencio de los genocidas y sus cómplices no se
rompa. También tenemos que señalar que la participación civil en el terrorismo de Estado
sigue impune casi por completo.

El año termina con una gran noticia, con la felicidad de haber encontrado un hermano, el
nieto 138, a quien le damos la bienvenida a la verdad y a esta inmensa familia de lucha
que lo estábamos buscando.

En abril de 1995, cuando nos conformamos como organización, el silencio y la impunidad
parecían invencibles. Entonces, nos hicimos una promesa: dijimos que lo imposible sólo
tarda un poco más.

Hoy, que otra vez nos toca atravesar tiempos difíciles y de retroceso, las regionales que
integramos la Red Nacional de H.I.J.O.S., reunidas en nuestro Encuentro Nacional, nos
reconocemos en la historia de lucha, en el proyecto transformador de las y los 30000, en la
fortaleza irreductible de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el pueblo que
hizo de la lucha por los Derechos Humanos su mejor bandera y en la certeza de que con
organización y lucha, lo imposible sólo tarda un poco más.