Disparidades preexistentes: lo que había y la pandemia sólo vino a profundizar

El aislamiento obligatorio establecido para controlar la pandemia de Covid-19 expuso las desigualdades estructurales de un país donde más de 15 millones de personas son pobres. Para ellas, el problema no es el cambio de hábito, la conexión a Internet para hacer videollamadas o la falta de creatividad para cocinar, sino la imposibilidad de garantizarse un ingreso sin salir a la calle, el hacinamiento en sus viviendas y las responsabilidades de cuidado que no ceden ante ninguna pandemia. En una sociedad patriarcal, además, el género es una vez más un factor agravante de las desigualdades.

De acuerdo al último dato publicado por el Indec, el 35,5% de la población está en situación de pobreza. Sus ingresos no llegan ni a la mitad de los $ 36.500 que componen la canasta básica que se calcula para estos hogares. Y el Ingreso Familiar de Emergencia que se dispuso por el mes de abril, de $ 10 mil, en muchos casos no sólo no alcanza a cubrir el faltante para superar la línea de pobreza, sino que, si fuera el único ingreso del mes, dejaría a esas familias por debajo de la de indigencia. No es osado afirmar, en este contexto, que gran parte de la población está sufriendo para sobrevivir.

Al margen de los indicadores monetarios, las condiciones de vida en las que llegamos a 2020 ya eran deficitarias. Respecto de las viviendas, casi uno de cada cinco hogares se emplaza en edificaciones cuyos materiales de construcción poseen una calidad insuficiente. Más de un millón de hogares cuenta con un saneamiento inadecuado, y la mitad no tiene baño con descarga de agua. En términos de servicios públicos, el 10% de los hogares no accede a la red de agua corriente, un 30% no dispone de gas de red, y un 29% carece de conexión a las redes cloacales. Más de cuatro millones de hogares en grandes ciudades no acceden a ninguno de estos tres servicios.

En materia de privacidad, de salud y de la necesidad de espacios aptos para el estudio, el teletrabajo y la socialización, el hacinamiento crítico se presenta como problemática para casi 1,3 millones de personas. Por supuesto, esa realidad varía según el nivel de ingresos: mientras que en los hogares del decil más bajo hay 4,6 personas por hogar, en el decil de ingresos más altos el promedio es de 1,8.

Informalidad y género

Los efectos de la pandemia tampoco son indiferentes a la desigualdad de género. Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, más del 5% de los hogares está a cargo de una sola persona, y en casi todos es una mujer. Entre los hogares del primer decil (el 10% más pobre), la dependencia de una sola persona se eleva al 16%. En esta situación, difícilmente la persona a cargo pueda compatibilizar la búsqueda de ingresos con las tareas de apoyo y cuidados.

Por su parte, el sector de servicios de salud se encuentra altamente feminizado, y el 65% de sus trabajadoras tiene personas a cargo, aunque probablemente no puedan tomarse licencias por la emergencia sanitaria. La carga de los cuidados reposa sobre todo en las mujeres, que en condiciones normales hacen el 75% de este trabajo, pero en tiempos de crisis se ven aun más afectadas.

En este contexto, la restricción de circulación empeoró las situaciones de violencia que padecen muchas de ellas. Recordemos que la violencia de género se hace presente, sobre todo, de la puerta hacia adentro de las casas. Mientras que las organizaciones feministas denuncian que hay más de un femicidio por día desde que empezó la cuarentena, se habilitaron más líneas telefónicas de contención y ayuda.

Diversas organizaciones señalan también que las personas travestis y trans se encuentran particularmente en una situación de inminente riesgo habitacional, de recursos y de salud. La mayoría del colectivo trabaja en el sector informal, sin cobertura médica y obteniendo ingresos por el día.

En el mercado de trabajo, se destaca que un tercio de las personas asalariadas no tiene días pagos por enfermedad, falta que asciende a cuatro de cada cinco en el primer decil de ingresos. Los trabajos que pueden ser realizados desde las casas suelen ser los más calificados y mejor pagos, aunque la solución deposita la responsabilidad por los equipos y el acceso a Internet en el trabajador. Por el contrario, algunas de las ramas paralizadas, como el servicio doméstico, ciertas áreas de la construcción o la gastronomía, se caracterizan por sueldos más bajos.

La inestabilidad atraviesa a los 160 mil trabajadores de plataformas virtuales que pedalean o manejan sin que les hagan aportes. Y la incertidumbre afecta a los trabajadores profesionales que prestan servicios a obras sociales y a prepagas bajo la figura del monotributo: acompañantes terapéuticos, terapeutas ocupacionales, psicólogas/os denuncian que hay pacientes a los que se les niega el acceso a tratamientos de forma virtual, y otros para los que no hay certeza alguna de pago por el seguimiento remoto de los casos. Como ellos, se encuentran también cooperativas, pymes y cientos de miles de trabajadores informales que demuestran que uno de los obstáculos más difíciles de sortear es la planificación en un país con un alto porcentaje de la economía sin registrar.

Cuidarse colectivamente

A la hora de evaluar el cumplimiento de la cuarentena, pocas veces se tuvieron en cuenta las condiciones materiales que se enumeran en esta nota, y que para muchas personas implican no sólo la imposibilidad de cumplir con el decreto, sino incluso un riesgo tal vez más grande que el virus.

Esa misma selectividad nos ha hecho valorar públicamente el rol de las personas que siguen trabajando en los servicios definidos como esenciales, pero pasar por alto a quienes sostienen la cuarentena en su hogar. Con ellos, más que nunca, valen los gestos de empatía. Podemos empezar por repartir más equitativamente las tareas del hogar, realizar donaciones a diferentes organizaciones, hacer las compras por los vecinos que tienen dificultades (tanto porque sean población de riesgo como porque sus necesidades de cuidado dificultan la salida de la persona a cargo), prestar atención a las situaciones de violencia que nos rodean, tanto en los ámbitos domésticos como la perpetrada por fuerzas policiales. Es obligación mantener los sueldos de empleadas domésticas, pero también es necesario sostener, en la medida de lo posible, los pagos a quienes prestan otros servicios, como los paseadores de perros, jardineros, etcétera.

Dando un paso más, cabe preguntarse si las medidas redistributivas que ahora reconocemos como imprescindibles no seguirían siendo absolutamente necesarias luego de la pandemia porque, al fin y al cabo, ahora que podemos ver todas estas diferencias, ¿queremos seguir viviendo en una sociedad tan injusta y desigual?