Diputados cita a los primeros testigos en el juicio político contra la Corte

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en su cuarta jornada de reuniones un cronograma para la citación de testigos en el proceso que tramita contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tras un debate que se extendió por más de tres horas.

La decisión se adoptó con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición en la reunión de la comisión presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, en la que también se dio inicio a la apertura del sumario para acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces y la ampliación de pedidos de pruebas.

La comisión estableció un cronograma que prevé que en la próxima reunión del jueves 23 se cite como testigo a Cristian Abrita, extitular de la secretaria judicial número 5; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; y Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, secretaría judicial número 2 Previsional.

También se citará a Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía del magistrado Rosatti; Mario Cimadevilla, exmiembro del Consejo de la Magistratura; y a los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.

La diputada Gaillard sostuvo que «los testigos están obligados a comparecer ante la comisión diciendo la verdad y si no comparecen en una segunda convocatoria, pueden ser buscados por las fuerzas de seguridad».

Además, la presidenta de la Comisión aclaró que «los jueces y los funcionarios judiciales están obligados a comparecer oralmente» ante la comisión, aunque no así los gobernadores y los vicegobernadores, que lo pueden hacer por escrito.

La citación de los jueces federales Ramos y Ramos Padilla fue incorporada en esta jornada por pedido del diputado del FdT Rodolfo Tailhade para que «expliquen sus posiciones respecto a las causas derivadas de los chats porque ambos tienen fallos contradictorios», según consignó el legislador.

Una de las polémicas durante el encuentro fue planteada por el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien rechazó que se cite como testigo a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y al ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, porque «las leyes amparan a aquellas personas que tienen en curso una investigación en la Justicia penal».

«No pueden declarar como testigos porque le puede afectar penalmente a ellos mismos», manifestó Tonelli.

Tailhade, en ese contexto, señaló que tanto Robles como D’Alessandro «podrían venir a la comisión y negarse a declarar, pero que ellos vengan y lo digan» y sostuvo: «Nosotros no somos defensores de nadie y buscamos llegar a la verdad de lo que pasó».

Otro de los testigos será Héctor Marchi, secretario general de Administración de la Corte Suprema, que fue citado por pedido de la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, aunque se decidió aplazar su asistencia.

Por otra parte, se comenzó a librar los oficios para comenzar la recolección de las distintas pruebas solicitadas, que fue otro de los puntos que criticó la oposición durante la intervención de todos los legisladores, quienes denunciaron «ilegalidad» y «violación a las garantías constitucionales» de las personas.

Durante el debate en la Comisión de Juicio Político también se discutió sobre la necesidad de la intervención de un juez para requerir una lista de las comunicaciones telefónicas, lo que no fue saldado y se impuso la postura del oficialismo, aunque la oposición planteó llevar el tema a la Justicia.

El presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, señaló que se está «trabajando en la etapa de investigación y todo aquello que ayude a dilucidar lo que estamos investigando lo vamos a hacer» y afirmó que «estamos en una etapa probatoria. No somos fiscales, pero tampoco somos abogados defensores de nadie».

En tanto, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, solicitó «seguir cuidando la legalidad del proceso» y afirmó que «no somos los abogados de nadie, pero tenemos que cuidar que se respeten los derechos constitucionales en un proceso de juicio político que está en la etapa probatoria, donde se producen las pruebas, pero se tienen que hacer con legalidad».

En su intervención, el diputado del interbloque Federal, Alejandro Rodríguez, solicitó que se incluya la citación como testigo del presidente Alberto Fernández, porque «es quien inició este proceso de juicio político con su mensaje el 1 de enero».

Esta propuesta fue rechazada a mano alzada, mientras que el oficialismo y la Coalición Cívica aprobaron la ampliación de pedidos de pruebas solicitada por la legisladora Graciela Ocaña.

Para Ocaña, el pedido de pruebas «es como un revoleo a la pesca de encontrar algo. Es importante la legalidad de la prueba porque esta comisión debe respetar por sobre todo las cosas la Constitución y las garantías».

La diputada radical Karina Banfi, por su parte, sentenció: «A nosotros no nos importa prestarnos a este circo» y expresó que va a «defender con furia para que no se viole la Constitución y la garantía de los derechos de todos, sin importar quiénes son los acusados».

«Vamos a ir a la Justicia y denunciarlos -a los diputados del oficialismo- por la violación de la ley de Ética Pública», manifestó en ese contexto.

Ante la polémica generada por el pedido de un video de la fiesta de cumpleaños del fiscal general Ignacio Mahiques que realizó en un hotel céntrico, Tailhade pidió «dejar sin efecto ese oficio y citar como testigo a Mahiques», lo que fue aprobado, pero todavía no tiene fecha para asistir a la comisión, al igual que Robles y D’Alessandro.

Al finalizar la reunión, Gaillard reiteró que «todas las medidas de pruebas que sirvan y respeten el debido proceso y las garantías, se van a tomar. Nadie va a violar el debido proceso. Este es un juicio político público y de cara de la sociedad», concluyó.

El jueves pasado el Frente de Todos (FdT) consiguió aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema.

En esa jornada, el oficialismo sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones, mientras Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.

El proceso que se inició hoy continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.