Como no dan los tiempos para llegar a la fecha estimada del 20, se trabaja pensando en la última semana del mes. Prioridades legislativas del oficialismo y condiciones de la oposición.
Tras un acuerdo parlamentario, el pasado 28 de diciembre se llegó a la decisión de que el funcionamiento de la Cámara Baja sea con mayor cantidad de diputados presentes en el recinto y unas pocas excepciones de manera remota para aquellos legisladores que integren grupos de riesgo o por alguna razón justificada no puedan viajar desde sus provincias a la Capital Federal. Según pudo saber Tiempo, en este grupo estarían, por ejemplo, los diputados de Formosa que tienen medidas restrictivas para salir y volver a ingresar a su provincia.
El acuerdo, que es hasta el 12 de febrero, ya tuvo el visto bueno de todos los espacios políticos, pero todavía no tiene la firma del Frente de Izquierda, Consenso Federal y el interbloque completo de Juntos por el Cambio. Este último espacio, que lidera Mario Negri, insiste en que no se traten temas conflictivos durante el verano, particularmente los proyectos como la reforma judicial y las modificaciones en el Ministerio Público para elegir al Procurador General de la Nación, iniciativas que ya cuentan con la aprobación en el Senado y que fueron resistidas por la oposición durante el 2020; por eso exigen que los proyectos queden establecidos a la hora de «poner el gancho», para evitar sorpresas.
Como contó este medio, el Frente de Todos descartó la posibilidad de avanzar en los temas judiciales durante este periodo y tiene como prioridad debatir proyectos enviados por la cartera de Economía que preside Martín Guzmán, como la sostenibilidad de la deuda pública externa y los beneficios impositivos para la construcción.
No sólo los tironeos políticos por el temario se ponen en juego en las negociaciones, también la situación epidemiológica del país respecto al nuevo rebrote de Covid 19. En ese sentido, el viernes el diputado mendocino José Luis Ramón presentó una nota al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Como titular del Interbloque Unidad Federal Para el Desarrollo y del Bloque Unidad y Equidad Federal, Ramón solicitó que “se establezca a la mayor brevedad posible la vacunación de los diputados y del referido personal, a los fines de garantizar sin traba alguna -lo antes posible- las actividades que el funcionamiento de este poder del Estado requieren para brindar un servicio básico a la ciudadanía”.
A su vez, se espera que en los próximos días el Ejecutivo amplíe el temario de proyectos que propuso para extraordinarias e incorpore un proyecto de ley que propone actualizar los valores de facturación del monotributo que envió la Casa Rosada al Parlamento la semana pasada. También que se incorpore una iniciativa que establece una prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que Massa prometió a los legisladores tratar por estas fechas. Ocurre que el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado y es de interés para provincias como Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, Neuquén, Formosa, Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras.
En declaraciones periodísticas, el diputado radical José Cano señaló: “Hay una decisión política del gobierno de prorrogar el régimen, por lo que entiendo que debería ser enviado por el Ejecutivo como uno de los temas fundamentales para darle certidumbre al sector que tiene que ver con la producción cañera, la producción de biodiesel en la provincia de Santa Fe y Córdoba, que aporta a la economía. Hay alguna confrontación con las petroleras que hacen algún lobby, pero me parece que es una decisión política del gobierno”.
Desde Consenso Federal, también su titular Alejandro “Topo” Rodríguez destacó la importancia de la iniciativa, cuya incorporación en el temario puede ser clave para que este espacio ponga la firma en el acuerdo de renovación del protocolo de trabajo.
El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible prevé exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura, y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063. «
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