Diputados aprobó la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para sostener las industrias culturales

Por: Verónica Benaim

El proyecto impulsado por el Frente de Todos obtuvo 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones. Hubo fuertes cruces durante el debate y una nutrida presencia de artistas en el recinto.

El proyecto de ley para prorrogar por 50 años las asignaciones específicas para las industrias culturales de los recursos que se recaudan por impuestos al juego y a las propias actividades fue aprobada por la Cámara de Diputados este miércoles. El resultado fue de 132 votos a favor; 5 en contra y 92 abstenciones, entre las que estuvieron la mayoría de las bancas de la oposición. La iniciativa ahora girará al Senado.

El debate en el recinto de la Cámara de Diputados había tenido fuertes cruces desde el principio. Luego de aprobarse la iniciativa que propuso el alivio fiscal para monotributistas y autónomos,  pasadas las 18, y con los palcos llenos de artistas, el diputado cordobés del Frente de Todos Pablo Carro abrió el debate.

Como miembro informante, y además autor de la iniciativa, explicó que se busca “reparar un daño que aún no se cometió y todavía estamos a tiempo de corregir”.  

“Estamos discutiendo cómo hacemos para financiar nuestra cultura, cómo promovemos, fomentamos el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, los medios comunitarios, la defensoría del público, el ENACOM, el conjunto de instituciones que forman el entramado de nuestra cultura”, indicó. 

Carro aclaró el motivo por el cual el proyecto propone prorrogar estas asignaciones por 50 años. “He escuchado a muchos decir que 50 años es mucho. Es cierto, pero depende para qué y en qué contexto estemos ubicando estos 50 años”. El diputado manifestó que “la pregunta que debiéramos hacernos no es cuántos años hay que financiar a la cultura si no si pensamos que en algún momento tiene que dejar de haber financiamiento para la cultura. Es decir, este financiamiento, ¿es permanente o transitorio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tiene que ser permanente”. 

“Me arrepiento de haber hecho un proyecto que dice 50 años. Me hubiera gustado poner más, un 99 para que sea más parecido a un infinito porque eso es lo que queremos para nuestra cultura, que dure para toda la vida”, precisó Carro y luego disparó: “Con la guita de la cultura no le vamos a pagar al FMI”. “Me importa un comino cómo piensan nuestros artistas”, señaló, y   como ejemplo mencionó a Luis  Brandoni y a Juan José Campanella, que tienen una línea política diferente a la del peronismo y siempre recibieron financiamiento estatal. 

El diputado del PRO Hernán Lombardi criticó que el proyecto sólo fue dictaminado por la comisión de Presupuesto y Hacienda y no por la de Cultura que él preside. “Atrás de la cultura se esconde la Defensoría de Comunicación de Servicios Audiovisuales y ahí no se están financiando elementos de la cultura. Es una usina de pensamiento único, que ha servido para perseguir periodistas”.  “Estamos a favor de la prórroga hasta 2030, lo que consideramos un plazo razonable”, se posicionó.  

La iniciativa se debatió ahora porque a fin de año vencen las asignaciones tributarias específicas, a partir de la reforma impositiva sancionada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Por esta razón, la iniciativa propone  prorrogar hasta 2072 los recursos para sectores culturales.  

La propuesta revistió carácter de urgente por cuanto viene a anular una modificatoria de la ley 27.432, que estipulaba que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (Inamu), las bibliotecas populares del programa Conabip y Radio Televisión Argentina (RTA) dejarán de recibir de manera directa fondos tributarios a fin de este año. 

Los fondos que garantizan el funcionamiento autónomo y la autarquía de estos organismos, así como las políticas de fomento, corren el riesgo de desaparecer a partir del 1 de enero de 2023, si continuaba la ley macrista. Esas asignaciones específicas pasarían a Rentas Generales y su distribución quedaría al arbitrio del Ministerio de Economía, desapareciendo una política de Estado que asegura el fomento de la cultura. 

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