«Diálogo»: un respiro para el gobierno

En el «Diálogo para la Producción y el Trabajo» que reunió esta semana a representantes de cámaras empresariales, líderes sindicales y el gobierno se acordaron tres puntos: institucionalizar «el diálogo», abrir una negociación por el bono extraordinario de Fin de Año y utilizar como articulador los ocho ejes del Plan Productivo Nacional.

Para un análisis riguroso conviene transcribir el segundo punto del Acta acuerdo que difundieron luego del encuentro: «Los trabajadores y los empleadores abrirán una negociación por sector para el pago de un Bono extraordinario de Fin de Año. Este tendrá la forma de suma no remunerativa, y servirá como compensación de la evolución salarial respecto a la inflación durante el año 2016. Se acuerda como referencia/base un monto de $ 2000 por trabajador».

En principio, se establece una negociación sector por sector, y según aclararon los ministros, «el acta no obligará a todos los empresarios ni a los empleadores –incluido el Estado nacional y las provincias- a pagar el bono ni a respetar el monto acordado, sino que simplemente promueve una negociación. Algunos podrán pagarlo y otros podrán no hacerlo.» (La Nación 20.10.16). 

Cabe destacar que por el empresariado estuvieron los titulares del G6, representantes de grandes empresas que habitualmente pagan bonos de fin de año. Aun así, si nos remitimos al acta incumplida de este sector para no despedir por tres meses a partir de mayo de 2016, podremos sostener lo endeble que es el acuerdo alcanzado. El bono para los empleados públicos está aun más en el limbo. No puede dejar de mencionarse que no hubo representante alguno de las pymes.

Un punto esencial es que el bono, de concederse, servirá como compensación de la evolución salarial respecto a la inflación de 2016; es decir, se intenta cerrar el capítulo de los reclamos remunerativos de este año, consolidando la fuerte pérdida de poder adquisitivo que han tenido los salarios.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que si se intentara reparar con un solo bono esta pérdida, el monto tendría que ascender a los $ 15 mil en el caso de los metalúrgicos, y a cerca de los $ 13 mil para gastronómicos y empleados de comercio (Página/12, 21.10.16). Pero además, el bono no se suma al salario, así que aún con esos valores tampoco se recuperaría el poder adquisitivo perdido. Si tomamos la evolución de los salarios promedio de los trabajadores registrados, la pérdida en términos reales ronda el 10% desde el inicio del nuevo gobierno. 

En la adenda al Acta acuerdo la CGT señala, entre otras cuestiones, que «con premura resulta necesario recomponer los ingresos de los trabajadores, que han sido afectados seriamente por efecto de la inflación registrada durante el 2016». No obstante, el acuerdo firmado parece ir en el sentido contrario. 

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló que en la negociación salarial de 2017 «se debe tener en cuenta la inflación de enero, febrero y marzo» próximos, para «que no pase como este año, que llevaron el arrastre de una inflación anterior». De esta forma, se intenta utilizar los incrementos salariales como una importante herramienta para frenar la inflación, algo que difícilmente impacte en las expectativas de los empresarios, pero que conllevará una fuerte retracción de la actividad económica y una desmejora social relevante. 

Otro de los temas importantes es la ratificación de los ocho puntos del Plan Productivo Nacional, entre los que se encuentran los objetivos de «bajar el costo del empleo y la producción». También los proyectos que buscan regular los juicios por accidentes laborales, para bajar el 7% de la alícuota promedio de las ART a un número más cercano al 2%, o el proyecto de empleo joven, una avanzada flexibilizadora.

Distinta, aunque no por ello menos mezquina, ha sido la propuesta del gobierno para otorgar por única vez en el mes de diciembre un bono de $ 1000 destinado a los jubilados que perciben la mínima, a ex combatientes y a cada grupo familiar beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo. De esta forma, e independientemente de la cantidad de hijos que posea cada hogar, recibirán el mismo monto del bono, lo cual subvierte el concepto de la AUH, su progresividad y la universalización de la cobertura con la cual el gobierno macrista dice acordar. Una modificación que llama a la preocupación sobre el futuro de la AUH. En este caso, el bono tampoco compensa las pérdidas de poder adquisitivo de las prestaciones previsionales ni de las distintas asignaciones. Además, el gobierno dispuso que en el medio aguinaldo de diciembre sólo se eximirá el pago de los primeros $ 15 mil del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores cuyas remuneraciones brutas no superen los $ 55 mil. Todo en línea con el ajuste fiscal que involucra, entre otras cosas, también el aumento de las tarifas.

En resumen, la firma del acta acuerdo ha sido muy positiva para los planes del gobierno nacional porque ratifica el sentido esencial de sus políticas, así como para los grandes empresarios, que han logrado evitar cualquier compromiso efectivo que los pudiera condicionar.

La mentada reactivación no aparece.

La economía sigue sin dar signos de reacción. Se conocieron datos de la actividad industrial elaborados por la consultora de Orlando Ferreres (OJF) que dan cuenta de una caída en septiembre del 4,7% interanual. Según OJF, el tercer trimestre cierra con un descenso del 5,6%, «el peor del año», a la vez que si bien «en el último trimestre del año se espera que los números mejoren levemente, una genuina recuperación se postergará hasta 2017».

Los datos no dan respiro. En septiembre la producción de acero tuvo una caída del 27,9% interanual. Por su parte, los shoppings y supermercados sufrieron en agosto su peor caída en ventas del año y el Indec informó que hubo una significativa desaceleración de la facturación respecto del año anterior (21,2% y 12,6% en supermercados y centros de compra, respectivamente). Si se considera la facturación real, descontando el factor «precios», los supermercados registraron en agosto una caída del 13,3%, mayor a la de meses anteriores. Esto indica que, además, continúa agravándose la caída del poder adquisitivo de la población.

El menor consumo también afecta al sector textil, que según la Fundación Pro-Tejer tuvo en lo que va del año una baja en su producción del 25 por ciento. A esto hay que sumarle el efecto de la apertura importadora, lo que en conjunto habría llevado a un suspensión de 5000 puestos de trabajo. En este marco, la vicepresidenta Michetti anunció un proyecto para «recuperar la artesanía textil argentina de alta calidad», y destacó el papel de esta industria en la generación de empleo, lo cual indica qué piensa el gobierno respecto de la política industrial y el empleo.

Es la misma filosofía que expresa el presidente Macri en cada acto público. En la semana invitó a los empresarios reunidos en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción a plantear una agenda superadora, «llamémosla competitividad, productividad, o romperse el traste». Cuando desde la ortodoxia se habla de productividad, siempre se alude a la productividad laboral, que es a lo que también se refiere Macri. En ese contexto, pareciera que el traste que más sufriría sería el de los trabajadores. 

Más allá de las arengas, la producción sigue en retroceso. Y más allá de un eventual intento del gobierno por lograr alguna mejora del consumo en el próximo año electoral, con esta lógica del Estado «facilitador», queda claro que la actividad y el empleo seguirán complicados por un largo tiempo.  «