Detrás del drama de las inundaciones, la codicia del desmonte

Algunas cifras del drama de las inundaciones: desde el inicio de las lluvias murieron cuatro personas, más de 8500 debieron ser evacuadas, el 90% de un pueblo santefesino quedó bajo el agua, y las pérdidas económicas generales, según algunas estimaciones del sector, ya superan los 2200 millones de dólares.

Pero son otros los números que ayudan a explicar el desastre. En los últimos 30 años, la Argentina perdió 8 millones de hectáreas –una superficie similar a toda la provincia de Entre Ríos– de bosques nativos o, en palabras de los ambientalistas, «nuestra esponja natural». Según el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), una hectárea con bosque chaqueño, por ejemplo, absorbe en una hora 300 milímetros de agua; una con pasturas, 100 milímetros; y una con cultivos de soja, apenas 30 milímetros.

«Continúan las lluvias y los campos no soportan la cantidad de agua caída en los últimos 15 días. Hay mucha preocupación de los productores agropecuarios en Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires. También se han reportado inconvenientes en Córdoba. En algunas localidades del país las pérdidas son totales», se lamentó esta semana Coninagro, una de las principales entidades rurales, al tiempo que ponía las culpas en las inclemencias del cielo. Nada dijo, en cambio, de la responsabilidad que le cabe a los productores por el avance descontrolado de la soja y la ganadería intensiva.

«Las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país cada verano son una consecuencia directa de la destrucción de bosques nativos y del impacto del cambio climático. Los bosques son nuestra esponja natural, pero están siendo destruidos por la deforestación y, en algunos casos, la falta de obras públicas necesarias. Tenemos que entender que menos bosques es sinónimo de más inundaciones», remarca Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

De acuerdo al relevamiento de la organización ambiental, la deforestación se concentra en el norte del país. El 80% ocurre en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, por el avance de la frontera agropecuaria. Gran parte de esa producción (soja transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China, con una rentabilidad que para los dueños de los campos, indiferentes al daño ecológico, se justifica por sí sola. 

Chaco tiene el lamentable récord de ser la provincia donde más bosques se destruyeron en los últimos tres años. Más de la mitad de la deforestación ocurrió en zonas protegidas por la Ley de Bosques: 54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas.

«Hasta 2015, con el ingeniero forestal Sergio La Rocca, se hizo un censo de bosques nativos que juntó a los dueños de los campos y a las intendencias; todos se comprometieron a no desforestar. A partir de agosto de 2016, se dejaron de monitorear y auditar los bosques nativos, por lo que se calcula que el 25% ya fue depredado. La Dirección de Bosques de la actual Secretaría de Ambiente prácticamente está con las manos atadas, sin presupuesto, y con la directiva de hacer la plancha. Basta observar cuáles fueron las políticas públicas sobre el tema para comprobar que desde la gestión de Sergio Bergman no se ha ejecutado ninguna, y el área corre peligro de desaparecer», dice a Tiempo Antonio López, exempleado de cuando todavía era  un ministerio.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015 (hasta esa fecha se habían perdido 7,6 millones de hectáreas). La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques N° 26.331 fue, según Greenpeace, «un logro sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso con un millón y medio de firmas». Sin embargo, a más de diez años de su aprobación, su efectiva implementación se enfrenta a la voracidad de la industria agropecuaria y la desidia de los funcionarios.

«Denunciamos públicamente no sólo el tema de las inundaciones y la gravedad que esto conlleva, sino que también hacemos hincapié en los desmontes ilegales. Estamos pidiendo que los productores las cancelen y que las disposiciones provinciales que las permiten, se deroguen», afirma Noemí Cruz.

Zona de desastre

El martes pasado, la Comisión de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe decretó la emergencia agropecuaria y zona de desastre en el norte de la provincia, donde unas 300 mil hectáreas –en los departamentos de Vera, 9 de Julio y General Obligado– se encuentran bajo el agua. Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, tiene el 90% de su casco urbano inundado y gran parte de sus pobladores –en total son unos 6000– debieron ser evacuados.

En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés también declaró el estado de alerta. Su colega de Chaco, Domingo Peppo, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para pedirle que se aplique el programa de asistencia en emergencias y catástrofes.

En este contexto, los senadores Pedro Guastavino, Sigrid Kunath y Carlos Espínola, en conjunto con el presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto, presentaron en el Senado un proyecto de ley que declara zona de desastre económico, social y productivo por el término de 180 días, a las localidades afectadas por las inundaciones. El documento exige al Ejecutivo ampliar los fondos destinados a la cobertura de los planes sociales, como también una asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas. Además, establece el otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas y solicita a la AFIP crear regímenes especiales, prórrogas en los vencimientos de pago y eximiciones de impuestos, para aquellos contribuyentes que resulten afectados.

De este modo, las autoridades intentan enfrentar las consecuencias de no cuidar los bosques nativos, indispensables para la supervivencia de la especie humana. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas fuertes para las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, norte y centro de Santa Fe, y Santiago del Estero. «

Para el presidente, sólo queda acostumbrarse

“Tendremos que acostumbrarnos a que esto (las inundaciones) va a pasar en distintas zonas, en distintos lugares del país (…) Nuestra infraestructura no alcanza para contener estas situaciones, en la que las lluvias son siempre superiores a todo lo conocido, como el año pasado lo fue la sequía».

Así, el presidente Mauricio Macri se refirió a la desesperante situación que está atravesando gran parte del país, luego de una visita a Chaco, precisamente, una de las provincias más afectadas por las inundaciones en el norte del país.

En un comunicado, Coninagro, una de las entidades ruralistas que integraban la llamada Mesa de Enlace, reaccionó contra las declaraciones del  mandatario y le contestó: “No compartimos esa expresión, considerando que los problemas deben solucionarse y nunca acostumbrarnos a ellos.»

En Chaco, deforestación irregular y más agua

Hacía 66 años que en Chaco no llovía tanto: hasta el 15 de enero habían caído 473 milímetros de agua. Miles de personas fueron evacuadas. Paradójicamente, algunos de los damnificados son los responsables de la deforestación y la consecuente saturación de los suelos.

“Siempre que ha habido inundaciones, coincidieron con las zonas de mayor de deforestación, que son el Litoral, y ahora el norte: Chaco, Santiago del Estero, Salta. Hemos llamado la atención desde hace mucho sobre los suelos saturados y el desmonte, y que no es lo mismo la absorción del agua de un bosque que de la pastura o la soja. Lo que también venimos diciendo es que hay cosas que se podrían remediar simplemente respetando la ley. En el caso de Chaco, empezaron a desmontar de manera irregular en zonas amarillas, en las que no estaba permitido, pero la provincia generó un marco administrativo para anular la Ley de Bosques”, se queja Noemí Cruz.

Greenpeace denunció la complicidad entre el gobernador Domingo Peppo y los grandes empresarios agropecuarios para deforestar donde la normativa nacional lo prohíbe: el funcionario autorizó a terratenientes a arrasar 67 fincas que, según el censo de bosques nativos, eran zonas protegidas que significan una superficie de 51.768 hectáreas (casi tres veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires).

“La implementación de estas autorizaciones –concluye Cruz– pone en potencial riesgo a cerca de tres millones de hectáreas de El Impenetrable. El gobernador Peppo debe cancelar su ejecución de manera urgente.”