Después de seis meses de marchas y retrocesos, Diputados aprobará hoy la Ley Bases y el paquete fiscal

Afuera, el Congreso volverá a estar rodeado por una masiva movilización, como sucedió el 13 de junio, durante la última sesión del Senado. Adentro, la Cámara de Diputados comenzará a debatir a partir de las 12, en segunda revisión, la última etapa del tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. El debate se extenderá por más de 12 horas donde los legisladores sólo podrán aceptar los cambios introducidos por la Cámara Alta o insistir con la versión original, en una sesión que se extenderá hasta la medianoche con más de 200 oradores.

En la previa de la sesión, el oficialismo se mostró seguro de contar con los votos para aprobar el dictamen que recomienda aceptar los cambios introducidos en la Ley Bases por el Senado e insistir con la versión original de Diputados en dos puntos del paquete fiscal. El primero es la reimposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, a partir de un salario de 1.800.000 pesos para solteros y de 2.200.000 para casados y la eliminación del diferencial del 22% para los trabajadores de provincias patagónicas. El segundo punto para insistir es  el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales que aumentará de 27 a 100 millones.

Los dos ejes fueron el objetivo de máxima del Gobierno respecto a la posibilidad de insistir sobre la versión original y logró reunir los acuerdos suficientes luego de aceptar los cambios de la Cámara Alta en la Ley Bases. Sin embargo, resta un largo debate hasta que se cristalicen esos poroteos previos, porque el bloque de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez, reiterará los argumentos que resonaron con fuerza en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales. El panperonismo sostiene que Diputados no puede insistir sobre dos artículos que fueron rechazados por el Senado y hará valer esa interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional, que regula el tratamiento de un texto cuando es devuelto a la cámara de origen. El PRO, la UCR y La Libertad Avanzan sostienen lo contrario, que por más que esos puntos hayan sido rechazados, son parte de un todo. Además aseguran que hay 12 casos anteriores desde la reforma constitucional de 1994 que sustentan esa interpretación constitucional para insistir sobre Ganancias y Bienes Personales.

El peronismo sostiene que esos artículos son una ley en sí misma, dentro del texto general y que es inválida la posilbilidad de insistir desde Diputados. En el PRO, la diputada Silvia Lospenatto rebatió esos argumentos y recordó además que en temas tributarios la Constitución establece que Diputados es la cámara de origen. Recordará ese punto para defender, desde su punto de vista, la constitucionalidad de las dos insistencias que incluye el dictamen mixto sobre el paquete fiscal.

Sin embargo la constitucionalidad de ese aspecto no sólo será debatida en el recinto. El diputado Sergio Palazzo, que además es secretario general de la Asociación Bancaria, anticipó que su sindicato se presentará ante la Justicia para impugnar el mecanismo utilizado para volver a la carga sobre la cuarta categoría del impuesto que pasará a llamarse «a los ingresos personales». Es decir que, más allá del debate constitucional caliente que se avecina para este jueves, también habrá una batalla que impulsará La Bancaria en el fuero contencioso, administrativo y tributario federal que posiblemente termine en la Corte Suprema de Justicia.

Las negociaciones sobre Ganancias tuvieron dos piezas desequilibrantes. Las advertencias del bloque Hacemos Coalición Federal, conducido por Miguel Pichetto, que se opuso desde el lunes a insistir sobre la privatización de las tres empresas públicas que sacó el Senado. Los argumentos fueron políticos, por los riesgos de desconocer al Senado, y también jurídicos, ya que esa controversia también podría poner en riesgo esas operaciones de privatización, especialmente sobre dos empresas como Aerolineas y el Correo que ya tuvieron ventas en los 90 y terminaron en estruendosos fracasos que continúan en la Justicia.

De ese modo el Gobierno aceptó las advertencias, aceptó la versión de la Ley Bases, resignó los últimos cambios que pretendía insistir y, a cambio, se puso a sumar votos para sacar Ganancias y Bienes Personales. Doble operación para ese punto, porque el oficialismo también tuvo que pulir una interpretación mayoritaria del artículo 81 de la Constitución. Ahí es donde jugará la segunda rosca que impactará en el debate de hoy: el martes también se reunieron los gobernadores de Juntos por el Cambio junto al cordobés Martín Llaryora y al salteño Gustavo Sáenz para garantizar que la votación para insistir sobre Ganancias no se caiga. Lo mueve la imperiosa necesidad de evitar que la discusión fiscal con el Gobierno se complique aún más sin este impuesto coparticipable. Si la insistencia no prospera, no podrá volver a ser tratado hasta el año que viene.

Los giros de las dos aprobaciones que mandó el Senado pasaron el martes por comisiones. Fue un momento de definiciones que impactará directamente en la sesión de este jueves. Significó un desenlace para los intentos iniciales del Gobierno, que exploró la posibilidad de rechazar la mayoría de las 40 modificaciones introducidas por el Senado. «Insistan todo lo que puedan», les dijo el jefe de Gabinete Guillermo Francos cuando se reunió por primera vez con las autoridades parlamentarias del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. De aquella reunión sólo pasaron dos semanas, donde los legisladores querían saber si Francos tenía acuerdos sellados en el Senado que necesitaba respetar. La atención estaba concentrada, entre otros puntos, sobre los cambios introducidos al paquete de privatizaciones.

Tal como contó Tiempo este domingo, el oficialismo volverá a la carga con las privatizaciones que no salgan dentro de la Ley Bases. Este martes la diputada radical Karina Banfi aseguró que su bloque buscará impulsar nuevamente el debate, mientras que la Casa Rosada apunta a insertar nuevamente una propuesta para abrir la composición accionaria del Banco Nación al capital privado, pero sin perder la mayoría estatal. Es uno de los objetivos que quedaron en el camino durante la negociación de la segunda versión de la Ley Bases.

Con la aceptación de los cambios en el Senado, la Ley Bases mantiene temas que son estratégicos para el Ejecutivo. Aunque se resistió a las modificaciones, finalmente quedó una versión acotada del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Sigue orientado a inversiones que tengan o superen los 200 millones de dólares y está limitado a tecnología, energía, gas, infraestructura, minería, siderurgia, forestoindustria y petróleo. Además mantiene un privilegio para los inversores que podría terminar en tribunales, ya que la norma les garantiza la provisión de recursos naturales a los inversores por encima de las necesidades locales de la población

También quedó en pie una reforma laboral que seguirá cosechando resistencias. Finalmente quedaron eliminadas las multas por trabajo no registrado, convalida el reemplazo de las indemnizaciones por un fondo de cese laboral como el que impulsa la UOCRA y estira el período de prueba de tres a seis meses, pero las Pymes pueden extenderlo hasta 8 meses.

Entre las votaciones que dejó el Senado, hubo una unánime. Fue la aprobación del blanqueo que permitirá declarar al fisco bienes no registrados hasta 100.000 dólares sin pagar impuestos. Para los montos que superen esa cifra contempla alícuotas que llegan al 15% de forma progresiva.

En el paquete fiscal también hay otro debate que resonará en el recinto. Tiene que ver con el artículo 111. El Senado rechazó por dos tercios esta iniciativa impulsada por la Coalición Cívica en la versión que aprobó Diputados. Le otorga dos meses de plazo al Gobierno para que envíe una propuesta que revise exenciones y gastos tributarios. La idea es echar mano a esos impuestos que el fisco deja de cobrar por regímenes especiales de promoción, pero la atención estaba puesta en el subrégimen de Tierra del Fuego, o los beneficios fiscales de la Ley de Economías del Conocimiento que fortalecen las finanzas del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín.

Para insistir sobre este punto son necesarios dos tercios de la Cámara Baja. No están las voluntades para hacerlo. En el oficialismo dicen que es una forma para que la Coalición Cívica acepte a votar los demás cambios «sin culpa», mientras que el panperonismo tuvo un fuerte debate interno sobre los pasos a seguir. En las últimas horas circularon advertencias de expulsión del PJ en caso de que haya votos favorables, pero esa incógnita no se develará hasta que lleguen los momentos de la votación nominal sobre RIGI, Ganancias y el famoso artículo 111, entre otros.